Un positivo balance hizo el delegado de la Macrozona sur, Pablo Urquízar, sobre el estado de excepción que rige en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía; y la de Arauco en el Biobío desde el pasado 12 de octubre.

El martes, el Presidente Sebastián Piñera anunció que extenderá la medida hasta el 11 de noviembre de este año. Ese día el Mandatario valoró la medida, que permite que efectivos de las Fuerzas Armadas colaboren en el control del orden público. “Ha producido frutos fecundos. No ha permitido eliminar la violencia, el terrorismo y el narcotráfico, pero sí importantes avances (...) hay más patrullaje, más vigilancia. Por tanto, estamos avanzando, pero no hemos resuelto el problema y nos queda mucho camino por recorrer”, dijo Piñera.

Hoy, en radio Duna, Urquízar dijo que “el balance es positivo en el objetivo que se propuso. El objetivo que se propuso es contribuir a disminuir los hechos de violencia. Llevamos más de un 61% en reducción de los hechos de violencia, más de un 40% en ataque incendiarios y más de un 80% de las usurpaciones”.

Más tarde, en conversación con 24 Horas, Urquízar sostuvo que la percepción de la ciudanía en cuanto a la medida es positiva.

En ese sentido, señaló, surge la propuesta de la Gobernación de La Araucanía y alcaldes de la región, independiente del gobierno de turno “para poder respaldar” una eventual decisión del Presidente Sebastián Piñera sobre proponer al Congreso una nueva prórroga.

“Y que los parlamentarios tengan en cuenta que esto no es una medida del gobierno de turno. Esto es una medida para las personas que no son de izquierda ni derecha, sino que son personas honestas y trabajadoras que quieren lo mejor para su gente y trabajar y vivir en paz”, dijo.

Urquízar acotó que los detalles de la consulta los dará el propio gobernador, Luciano Rivas, en los próximos días, “porque están viendo aspectos logísticos, los aspectos administrativos y los aspectos presupuestarios que permitan dar la seriedad, por un lado, y también la masividad que se requiere”.

La autoridad aclaró que un procedimiento de este tipo “bajo ningún aspecto es vinculante” y no obliga al Congreso a tomar una decisión en línea con lo que expresen los habitantes de la región. “El Congreso Nacional tiene la soberanía para decidir autónomamente si quiere otorgar o no el estado de excepción, pero evidentemente que el Congreso Nacional se debe a la ciudadanía y tiene que escuchar efectivamente a las personas que están viviendo la violencia”, argumentó el delegado de la Macrozona Sur.