En la formalización de Luis Hermosilla por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, en el llamado caso Audio, figura como querellante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El SII presentó una querella presentada contra Hermosilla, Leonarda Villalobos y su marido Luis Angulo y en la audiencia se sumó a la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente, de fijar la medida cautelar de prisión preventiva contra estas personas, con el objetivo de no afectar otros procesos de recopilación de antecedentes que están en desarrollo respecto de otros contribuyentes que aparecen en este caso, así como de otras aristas que van surgiendo de los testimonios consignados en las indagatorias.
El jefe del Departamento de Defensa Judicial Penal del SII, Gonzalo Mardones, precisó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago que, en el caso de Luis Hermosilla, se le imputan cinco delitos correspondientes a la presentación de declaraciones de impuesto a la Renta maliciosamente falsas, correspondientes a los años tributarios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. En conjunto, estos delitos provocaron un perjuicio fiscal por $800.803.815.
Este lunes, Juan Pablo Hermosilla rechazó ese planteamiento y lo calificó de “delirante”.
“Hasta el día de hoy yo no logro explicarle a mis alumnos de la universidad cómo, de acuerdo a nuestra Corte Suprema, una persona que comete un delito de corrupción, cómo en el caso de Codelco hace 20 años atrás, puede ser responsable al mismo tiempo, en concurso real, de un delito tributario, por no haber declarado las utilidades provenientes del delito. Eso es pulverizar uno de los principios más importantes de un derecho democrático, que es el principio de unidad de derecho. Que va a salir a colación acá, porque aquí está pasando algo similar”, afirmó el defensor y hermano del penalista imputado.
“Sostener que una persona que comete un delito económico o un narcotraficante está obligado a declarar las utilidades provenientes del delito, yo lo hallo sencillamente delirante desde el punto de vista jurídico y permite establecer un exceso de derecho que se desvirtúa a sí mismo y termina produciendo más daño que el delito que está investigando. No podemos olvidarnos de los principios”, agregó el letrado en su exposición ante la magistrada Mariana Leyton.
Factop
Por otro lado, el abogado rechazó la imputación de lavado de activos en relación al uso de dineros de la línea de crédito del factoring Factop.
De acuerdo al Ministerio Público, habría existido una relación de “apalancamiento” entre los hermanos Daniel y Ariel Sauer con Álvaro y Antonio Jalaff. En el marco de esa relación se habría constituido una “bicicleta que generó un ahogamiento financiero” que llevó a la caída de Factop.
El caso Factop reveló una estafa con facturas falsas en la firma controlada por los Sauer y Rodrigo Topelberg. Según la Fiscalía Oriente, los involucrados incurrieron en actividades que constituían un engaño para captar capitales, generando ingresos a espaldas de los inversionistas que “fueron en gran parte desviados del giro comercial declarado de las empresas y destinados a financiar la deuda de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff Sáenz”. Hermosilla habría actuado como “consejero” de los Jalaff.
“Aquí se trata de neutralizar a Luis Hermosilla, de tratarlo como un enemigo, y lo digo esto en el sentido técnico, a propósito de la tesis del derecho penal del enemigo”, expuso Juan Pablo Hermosilla, sacando a colación el concepto acuñado por Günther Jakobs para referirse a normas que en el Código Penal Alemán sancionaban conductas, sin que se hubiere afectado el bien jurídico, castigando no por el hecho delictivo cometido, sino por el hecho de considerarlo peligroso.
“Si Luis Hermosilla estuviera financiando un grupo terrorista, si se dedicara a lavar el dinero del cartel de Juárez, estaríamos discutiendo estas penas y estarían diciendo que tendría casi 18 años. Se rebajan las garantías, se establecen tipos penales abiertos y esto es derecho penal del enemigo. No son ciudadanos. Y le pregunto a este tribunal, pedirle crédito a un factoring que funcionaba abiertamente, perfectamente bajo control de las autoridades financieras chilenas, se transforma en lavado de dinero”, expuso.
“Se dice, ¿sabe que el señor Hermosilla? Lo vamos a tratar igual, y esto es literal, lo vamos a tratar igual que lo hubiéramos sorprendido lavando dineros y escondiendo bienes de cualquiera de los carteles de droga que hay en América Latina. Del Tren de Aragua, ya que estamos con problemas con esa organización criminal. Pero, ¿cómo? Pero si el propio Ministerio Público reconoce que esto es una línea de crédito”, argumentó.
