Democracia Viva: Daniel Andrade y Carlos Contreras quedan en prisión preventiva

Este viernes, pasado el mediodía, continuó la audiencia de formalización de los exmilitantes de Revolución Democrática Daniel Andrade y Carlos Contreras, en el marco de la investigación por líos de plata en los convenios entre el Ministerio de Vivienda (Minvu) y la fundación Democracia Viva por proyectos en campamentos de Antofagasta.

En la primera jornada, el persecutor Cristian Aguilar indicó que “es totalmente posible que la fiscalía con posterioridad solicite audiencia para formalizar a otras personas”.

El Ministerio Público había solicitado la prisión preventiva para los dos imputados, el otrora secretario regional ministerial de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y Andrade, representante legal de la fundación que se adjudicó por asignación directa los convenios indagados.

La jueza Sissi Bertoglio-Talap Cortés dijo que hay “antecedentes fundados de participación en los ilícitos” de ambos imputados y decretó su prisión preventiva por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, decretó un plazo de investigación de seis meses.

La magistrada sostuvo que Contreras no reparó en las deficiencias de la fundación para acceder a fondos fiscales, al no contar con experiencia para el desarrollo de las funciones pactadas.

“Primero, debió abstenerse de entrar a conocer del asunto y luego, con clara infracción de sus deberes funcionarios, no lo hizo presente y tampoco supervisó el correcto cumplimiento de las condiciones necesarias para poder suscribir los convenios, materializándose el fraude fiscal con el depósito a la fundación”, señaló.

Entre las irregularidades que mencionó la jueza para fundamentar su decisión estuvo la contratación de personas a honorarios que prestaron servicios en el Minvu para la supervisión de los convenios, entregándoles acceso a sistemas públicos.

Al exponer este viernes ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, la defensa de Daniel Andrade rechazó la idea de que el exdirigente estudiantil quisiera favorecer a sus amigos, indicando que no tenía relación y no conoció a la mayoría de las personas que trabajaron en la fundación de la que era representante legal. Sobre los pagos a honorarios que correspondieron a la mayor parte de los dineros rendidos, argumentaron que todo proyecto funciona de esa forma.

El abogado Juan Pablo Roncone afirmó que la fundación ejecutó más de $131 millones, de los $426 millones pactados en los contratos en cerca de siete meses. Roncone sostuvo que se realizaron obras, encuestas y levantamiento de información.

“Y los $294 millones que no gastó están ahí a disposición del fisco”, señaló.

En su exposición, el defensor también refutó los cuestionamientos que hizo la fiscalía por la profesión de cientista política de Paulina Cabrera, presidenta de la fundación y exasesora de la diputada Maite Orsini. “Tiene un magíster en urbanismo que tiene toda relación con el objetivo y la naturaleza de los convenios”, aseguró el abogado.

“Nadie repara en si él se quedó con dinero, si él obtuvo un beneficio económico, si los gastos se realizaron o no, el linchamiento público ocurre desde el comienzo”, expresó Roncone, en alusión a Andrade y la exposición del caso.

Desde la defensa de Contreras, en tanto, se cuestionó la tesis del Ministerio Público respecto a la configuración de supuestos delitos de fraude al fisco, deslizándose que la fiscalía pudo haber acusado por “una negociación incompatible”.

La abogada Paula Olivares aseguró que Contreras y Andrade no eran amigos y no habían dialogado desde mucho antes que se realizaran los convenios.

Entre los querellantes se intentó tener la oportunidad de replicar afirmaciones que hicieron las defensas, pero la idea se desechó. La jueza realizó un receso antes de entregar su decisión sobre la solicitud de prisión preventiva para los imputados, la que finalmente entregó cerca de las 17.30 horas.