La comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional recibió este jueves y escuchó al fiscal nacional, Ángel Valencia, exponer sobre las normas del Ministerio Público.

Tras esa exposición conversó con la prensa respecto a la investigación que de oficio decidió abrir la Fiscalía de Antofagasta por el millonario convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, fundada por militantes de Revolución Democrática.

Se indagan eventuales delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por la asignación de 426 millones de pesos mediante un trato directo entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación ligada a la tienda oficialista. Los convenios se habrían generado con la finalidad de concretar proyectos para campamentos de la zona. El responsable de visar esas asignaciones fue el renunciado seremi del Minvu en la nortina ciudad Carlos Contreras, que había sido uno de los principales asesores de la diputada por la zona y expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. La fundación beneficiada, en tanto, era liderada por la pareja de la legisladora, Daniel Andrade.

“No quisiera especular respecto de los hechos que en definitiva se establezcan”, dijo, indicando que hay una serie de ilícitos posibles contenidos en el Código Penal que se indaga a funcionarios públicos.

La Brigada Investigadoras de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones está recopilando antecedentes a cargo del fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar.

“En este caso, es la investigación de los fiscales de Antofagasta la que en definitiva establecerá cuáles son los hechos, cuál es la calificación jurídica de ellos, si se cometió o no se cometió un delito y si procede o no procede presentar el caso ante los tribunales”, sostuvo el fiscal nacional Ángel Valencia.

La autoridad eludió pronunciarse sobre si se va a pesquisar un eventual financiamiento irregular de campañas políticas con los dineros de la fundación.

“No quisiera especular respecto del destino final que pudieron haber tenido los fondos, todavía estamos investigando si aquí se cometió o delito o no se cometió delito”, aseguró.

Consultado sobre contactos con la administración de Gabriel Boric relativos al caso, mencionó que el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aportaría antecedentes y explicó que “no hay otro diálogo que proceda” en investigaciones de este tipo que no sea el formal.

“No corresponde que nosotros hablemos con el gobierno, sea cual sea el gobierno de turno, cuando se procede a realizar una investigación de esta naturaleza, salvo cuando el Ejecutivo de propia iniciativa estime conveniente aportar antecedentes para la investigación o cuando nosotros formalmente los recabamos”, expuso.

Respecto a la exposición ante el órgano que está elaborando una propuesta de nueva Constitución, el jefe del Ministerio Público hizo hincapié en la importancia de mantener la autonomía con que desarrollan su labor los fiscales.

“Es necesario proteger la autonomía constitucional del Ministerio Público. Esa autonomía es la que permite investigar la corrupción sin que nos resulte relevante el debate contingente político. Eso es lo que nos permite investigar con fuerza a gobierno, oposición o quien no se identifique con ninguna de esas tendencias. Si no se protege la autonomía del Ministerio Público, nos exponemos al riesgo de que: o sea empleado para perseguir opositores o que sea mas débil para perseguir la corrupción”, advirtió.