181 días pasaron desde que se dio a conocer el caso Democracia Viva hasta que Daniel Andrade y Carlos Contreras, principales protagonistas de la trama, fueran formalizados.
En la Segunda Sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta se desarrolló la primera jornada de la audiencia en que el Ministerio Público imputó a los exmilitantes de Revolución Democrática por tres delitos de fraude al fisco en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Cristian Aguilar. La jornada comenzó pasado el mediodía y concluyó a las 18.23 horas, luego que la audiencia se suspendiera y quedara programada su segunda sesión para el este viernes a partir de las 12.00.
La jueza Sissi Bertoglio-Talap procedió a ampliar la detención de ambos acusados, los que quedaron bajo la custodia de Gendarmería a la espera de la definición de las medidas cautelares.
Todo partió el 16 de junio, cuando el medio regional Timeline dio a conocer los convenios por $426 millones que Carlos Contreras, en su calidad de secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta autorizó por trato directo en favor de la fundación Democracia Viva, entidad que fundó Andrade. Contreras había sido el jefe de gabinete de la diputada y expresidenta de RD Catalina Pérez y Andrade era hasta entonces pareja de la legisladora. La fundación debía ejecutar mejoras en campamentos antofagastinos, bajo un giro que no tenía cuando se visó el traspaso de los dineros.
El 20 de junio la Fiscalía Regional de Antofagasta informó que de oficio inició una investigación respecto a los convenios y este miércoles 13 de diciembre se concretaron las detenciones.
El tribunal desestimó los reparos que plantearon las defensas a la legalidad de la detención.
El equipo que defiende a Carlos Contreras solicitó aplazar la audiencia para interiorizarse de las 11 mil páginas de la carpeta investigativa a la que tuvieron acceso desde el mediodía del miércoles, tras el levantamiento del secreto dispuesto el 5 de septiembre. La defensa de Andrade, en tanto, pidió que el Ministerio Público formalizara la investigación, pero que se suspenda el debate sobre las medidas cautelares. Algo que finalmente ocurrirá este viernes.
“Teniendo en consideración que la orden de detención se despachó para formalizar cargos, entiende el tribunal que esa es una diligencia que es impostergable”, señaló durante la jornada la jueza, adelantando que se accederá a establecer un receso tras la formalización para continuar después con el debate sobre medidas cautelares.
“Al suscribir los convenios de transferencia de fondos a Democracia Viva, el imputado Carlos Contreras incumplió gravemente sus deberes funcionarios como seremi Minvu de Antofagasta y concertado con el imputado Daniel Andrade, ambos defraudaron al fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos”, expresó el fiscal al formalizar a los exmilitantes RD.
El fiscal Cristian Aguilar solicitó la prisión preventiva. El persecutor afirmó que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y fundamentó su solicitud en que se les imputa un delito grave en el que la pena podría llegar hasta los 20 años de presidio.
“Acá no es posible dejar de considerar la forma de comisión de los hechos, el número de delitos y la persona de la víctima, que no es tan solo el Estado, es la comunidad entera, el sector más vulnerable que se ha visto perjudicado, personas que viven en los campamentos”, argumentó.
Asimismo, el fiscal no descartó nuevas formalizaciones.
“Como se desprende los hechos, es totalmente posible que la fiscalía con posterioridad solicite audiencia para formalizar a otras personas que se han mencionado en la misma calidad”, señaló.
