Deuda total del CAE asciende a US$ 11.900 millones y tasa de morosidad experimentó su mayor salto en 2022 y 2023

Poco a poco el gobierno avanza en la elaboración de su propuesta para dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y cambiar el sistema de financiamiento de la educación superior, proyecto que por ahora se va decantando a una suerte de autopréstamo, que una vez en el mundo laboral los estudiantes deberán devolver. Pero la idea de modernizar el financiamiento viene aparejada con la condonación -parcial- de la deuda asociada a este mecanismo, una de las promesas insignes del actual Ejecutivo.

Y aunque surgieron críticas incluso desde el oficialismo una vez que distintos ministros de Estado -Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Mario Marcel- salieron a ratificar en los últimos días ese compromiso, lo cierto es que La Moneda está acelerando el tranco para anunciar detalles más concretos durante la cuenta pública del 1 de junio del Presidente Boric, bajo una consigna: la medida será para todos, pero no para todos por igual. Puertas adentro se ha dicho que los componentes sociales y los pagos al día tendrán prioridad.

Y quizás por ello tomen relevancia los datos que la Comisión Ingresa -administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores- elaboró para su más reciente cuenta pública, donde entregó detalles de las 1.219.000 personas que han solicitado el CAE desde su debut en 2006 y hasta 2023, cuyo total adeudado al 31 de diciembre pasado, incluidas las cuotas de quienes están al día y de los morosos, era de UF 283 millones, es decir, cerca de US$ 11.900 millones.

La cuantía de la cifra ha llevado a que, de tanto en tanto, al gobierno actual le atribuyan que con cada referencia a la condonación del CAE los morosos -individuos con cuotas atrasadas- aumentan. “Los compromisos presidenciales de condonación, tanto en la campaña como en las cuentas públicas, tienen efectos en el comportamiento de pago de las personas que incorporan esa expectativa en su toma de decisiones”, señala esta vez Raúl Figueroa, exministro de Educación y hoy director del IPP UNAB, quien agrega que el hecho de que “la promesa original fuese una condonación universal, conlleva una manera de legitimar el incumplimiento por parte de las autoridades que han dado señales claras, pero equivocadas, de que no habría valor en hacer el esfuerzo de mantenerse al día”.

Pero, ¿qué tan cierta es esta premisa? Con cada año que transcurre, la cantidad de personas que ha pedido el CAE aumenta, y como el pago se pacta en varios años, también sube la deuda total. El tema es que no todos pagan al día, transformándose en morosos, por lo que resulta relevante la variación de porcentajes de quienes año a año se encuentran al día o están al debe.

Y aunque la tasa de morosidad (para efectos del informe de Comisión Ingresa se consideran morosos aquellos deudores que tienen tres o más cuotas impagas) ha ido subiendo sistemáticamente desde 2016 en adelante, 2022 y 2023, los años que lleva la administración Boric en La Moneda, son los años que muestran el salto más alto en la proporción de personas atrasadas en sus cuotas: si en 2016 el porcentaje de morosos era del 37,5%, en 2017 fue del 38,9%, en 2018 del 39,6%, en 2019 del 42,7%, en 2020 del 46%, en 2021 del 48,4%, en 2022 del 54,4% y en 2023 del 60,1%.

Dicho de otra forma, si desde 2016 a 2021 la variación anual -siempre al alza- fluctuaba entre el 0,7% y el 3,3%, aproximadamente, en los dos años del actual gobierno ha aumentado un 6% y un 5,7%, respectivamente.

Sergio Celis, académico de la U. de Chile y cuya investigación se ha centrado en la educación superior, señala sobre el aumento de los morosos del CAE que hay una razón “clara”, puesto que “esto vino siendo un anuncio de campaña del gobierno actual, pero el tema se ha ido postergando, y ahí claramente se generan incentivos para que las personas no paguen el crédito, expectantes de qué va a suceder con una posible condonación o cambios al sistema. Esperaría que el número siguiera creciendo mientras esta ambigüedad se mantenga en el aire”.

Eso sí, también advierte que otro factor que no se puede descartar es que la situación económica “ha estado difícil para el país, especialmente en los años pospandemia, con alta inflación, la cesantía no ha bajado significativamente, los salarios no han crecido a la par con la inflación y eso ha hecho que sin duda aumenten los morosos”. En línea con eso, por ejemplo, en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de marzo, el Banco Central ya mostró que hay un aumento en el aplazamiento del pago de créditos por parte de las personas, debido a dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.

El informe de Ingresa detalla que en 2023 y comparado con el año anterior la morosidad aumentó en 6,9% en el caso de las personas egresadas de alguna carrera, grupo para el cual el cobro de las garantías del Estado como aval alcanzó un nivel nunca observado, cercano a los $ 270 mil millones. Asimismo, la morosidad subió en un 2,8% en los deudores que pidieron el crédito, pero desertaron de su carrera.

Al cierre del año pasado menos de la mitad -46%- de los deudores que estudiaron una carrera con CAE y la terminaron se encontraba al día y, por otro lado, 82 de cada 100 deudores que abandonaron los estudios tenían cuotas impagas.

“Se ha podido observar un aumento del incumplimiento de pago de quienes solicitaron el CAE”, aseguraban desde Ingresa en el documento de resumen de su cuenta pública. “En el transcurso de estos años, el seguimiento y análisis de este programa de financiamiento han alertado que no todas las personas que acceden a la educación superior necesariamente mejoran su situación económica de origen y tampoco todas logran un nivel de ingresos que les permita devolver un crédito sin afectar su bienestar material”, detallaba el informe.

“Los datos indican que la morosidad ha aumentado sostenidamente desde 2015 a la fecha. Es una tendencia de causas múltiples, que se acentuó a partir del año 2020, producto de los efectos económicos de la pandemia por Covid-19, particularmente en el mercado del trabajo, lo cual está estrechamente relacionado con la capacidad de pago de la deuda contraída por los estudiantes”, añadía.

Consultados por una opinión sobre el mayor salto de la morosidad entre 2022 y 2023, desde la Subsecretaría de Educación Superior señalan que un factor central “en este problema estructural es que las personas deudoras del CAE presentan inserciones ocupacionales y niveles de ingresos muy por debajo de lo esperado cuando se formuló la política”.

“Es la combinación de estos factores, junto a características más generales como la evolución del escenario macroeconómico del país -principalmente los efectos de la pandemia en la economía y en el empleo formal- lo que permite explicar el aumento que ha tenido la morosidad desde el 2015 a la fecha”, agregan.

Por eso, en línea con la propuesta que se está trabajando, desde la subsecretaría aseguran que “lo que corresponde es abordar estos resultados no previstos del sistema en el contexto de una solución sistémica al problema de la deuda educativa, con seriedad y altura de miras”.

Solo en 2023 se otorgaron aproximadamente 61.100 nuevos créditos, lo que implica un 29% más que en 2022, acercándose a niveles prepandemia. Y si quienes ingresaron a universidades que pertenecen al Consejo de Rectores (Cruch) accedieron con el CAE a Ingeniería Comercial, Derecho e Ingeniería Civil Industrial mayoritariamente, aquellos que entraron a universidades privadas fuera del Cruch optaron principalmente a Psicología, Enfermería y Derecho.

Uno de los datos que llama la atención es el que apunta a una mayor participación del quintil 5 (mayores ingresos) en la distribución de nuevos beneficiarios CAE: el 49% proviene de las familias de más altos ingresos (en 2020 eran el 36%), mientras que los quintiles 1 y 2, los de menores ingresos, han disminuido su participación, llegando al 24%.

Por otra parte, el 27% de los beneficiarios -207 mil personas- está en etapa de estudio o de gracia, por lo que aún no está pagando. Del 73% restante y que ya está en etapa de pago, el 78% egresó de una carrera y el 22% no terminó sus estudios.

En relación al monto mensual de pago, las cifras señalan que el 78% de los egresados en etapa de cobro, es decir 292 mil personas, tiene una cuota que no supera las UF 2 (casi $ 75.000), grupo para el cual la cuota promedio es de aproximadamente UF 0,88 ($ 32.877). ¿El saldo promedio de la deuda? UF 179, es decir, $ 6.690.000 aproximadamente. A ese grupo se suman cerca de 67 mil egresados que tienen una cuota de entre 2 y 4 UF, con un promedio mensual de 2,73 UF ($ 102.000) y cuyo saldo promedio es de 455 UF ($ 17.000.000).

En tanto, las cuotas mensuales para aquellos que no terminaron los estudios son similares, pero el saldo de deuda promedio se reduce casi a la mitad y alcanza las 87 UF, o sea casi $ 3.251.000.

¿Más datos? 28.400 deudores rebajaron su cuota al 10% de su renta subsidiando el Estado la diferencia con la cuota original; y 29.000 beneficiarios pudieron postergar el pago por encontrarse cesantes.