Los últimos siete días han resultado como un verdadero torbellino para Ángela Vivanco. Y es que no habían pasado ni 48 horas de la publicación de Ciper -referente a los mensajes de WhatsApp que ella había intercambiado con el abogado Luis Hermosilla-, cuando el lunes 9 el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, comunicó que se había decidido abrir un cuaderno de remoción en su contra y que desde ese momento quedaba suspendida de sus labores en el máximo tribunal del país.
Desde ahí, la otrora influyente jueza de la Tercera Sala activó una serie de gestiones junto a sus abogados, Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, aunque hasta ahora, solo una ha tenido el efecto deseado:
logró que la Fiscalía de Los Lagos le estregara copia de los mensajes con el penalista, actualmente en prisión preventiva tras ser formalizado en el caso Audio por delitos de corrupción.
Frente a sus pares en la Corte, sin embargo, la ministra ha recibido una seguidilla de “portazos”: le rechazaron las peticiones para acceder al expediente de la Comisión de Ética, para aumentar el plazo para evacuar sus descargos ante los hechos que sustentan la apertura del cuaderno de remoción y, además, se mantuvo la petición de Blanco frente al fiscal nacional para que se les dé acceso a las conversaciones que la mantienen en el centro de la polémica.
Por lo mismo, como pudo conocer La Tercera, su defensa no solo presentó un escrito de reconsideración ante el pleno con miras a revertir el escenario, sino que durante las últimas horas también requirieron una audiencia presencial y con carácter de urgente al presidente Blanco. Esto, como transparentaron, porque consideran que la Suprema podría estar actuando de manera anticipada y “presionada” por la opinión pública.
“Hemos decidido con el colega Cristóbal Osorio solicitarle muy respetuosamente al señor presidente de la Excelentísima Corte Suprema que nos reciba en una audiencia. La razón es explicarle por qué es estrictamente indispensable y necesario que aún en un procedimiento de remoción se nos entregue los antecedentes con el debido cuidado para que podamos tener una adecuada defensa. De lo contrario, no vamos a poder responder adecuadamente a dichos cargos o inferencias de esos cargos. No sabemos el detalle, cuál es su base, su fundamento y su justificación”, sostuvo Manríquez al ser consultado por este medio.
Y agregó: “Es muy relevante, puesto que tenemos el fundado temor de que el pleno haya sido movido a adoptar una decisión quizá excesivamente celera, probablemente motivada y presionada por las condiciones de comentarios de prensa o crítica pública que carecía de la totalidad de los antecedentes suficientes para llegar a esa conclusión acerca de que era estrictamente indispensable iniciar una remoción, sin darle el debido derecho a defensa”.
Como precisó, ya accedieron a los intercambios que mantuvo la ministra con Hermosilla y, según ellos, habría información que se divulgó que sería imprecisa.
“Tenemos en nuestro poder la totalidad de los chats que se le atribuyen a la señora Vivanco con el señor Hermosilla. Se trata de 409 páginas de extracción que, en definitiva, contienen sólo nueve contactos de relevancia que han sido expuestos en la prensa en diversas situaciones y ocasiones en órdenes distintos a cómo se dieron cronológicamente. En contrastación con el análisis interno, es posible deducir, primero, que prácticamente el 90% de ellos son anteriores a su función como ministra, y que del 10% restante, que reitero, son solo nueve, tres han sido expuestos en reiteradas ocasiones en orden distinto a como aparecen en la cronología, sin contexto, sin sentido y, además, sin dejar que la ministra los explique y los confronte”, precisó.
De acuerdo con la exposición del penalista, esos mensajes, explicados “en su contexto, en su cronología, permiten deducir, primero, que no hay ninguna solicitud de ventajas ni de dinero, ni de favores, ni de prestaciones a cambio, ni siquiera de la posibilidad de estar dispuesta a realizar un acto ilegal”.
Hizo presente, en ese sentido y a modo de ejemplo, que cuando Hermosilla le pidió a la ministra integrar una sala, ella habría dejado expresamente en evidencia que eso no depende de ella, que depende del orden interno de la Corte y la conformación de las salas. “Allí no hay ni cohecho, ni infracción a los deberes de abstención, ni imparcialidad”, insistió.
En segundo lugar, remarcó, también se podría probar que no hay “ningún antecedente en esos chats que vincule a la ministra Vivanco con una actuación irregular respecto de la puesta en tabla del conocimiento y resolución de sucesivas solicitudes de nulidad (...) Y tampoco constan que se hayan hecho algunas otras gestiones para tratar de impedir que esos recursos fueran fallados como se falló en derecho”.
“Sensación amarga”
Para sostener lo anterior es que desde la defensa de Vivanco adelantaron que van a poner a disposición de la Corte Suprema todos los mensajes de la ministra, aunque recalcan que se debe dar espacio a un verdadero proceso donde ella pueda ser escuchada. Esto, dicen, porque hasta ahora no han recibido señales tendientes a que se respetará su derecho a defensa.
“Los hechos complejos, son serios, necesitan ser explicados, pero nos queda una sensación amarga, que es que parece que en verdad no se quisiera oír a la ministra. Si es oída y se le permite una completa capacidad de defensa, probablemente la ciudadanía se va a dar cuenta que los hechos son distintos a cómo se presentaron, que los hechos no tienen las consecuencias que se le han dado, que probablemente va a quedar en evidencia que no ha habido tal falta a los deberes de imparcialidad, distancia, ponderación, ni tampoco actos de corruptela, lo que en definitiva podría ser extremadamente grave, porque quiere decir que se intentó manipular al Poder Judicial, y hacer caer a una sola persona sin darle la posibilidad de defenderse”, manifestó en ese sentido Manríquez.
Si se le destituye sin posibilidad de réplica, remarcó el profesional, “entonces será un procedimiento en total ceguera, de total sordera”.
“Si la Corte Suprema decide sin que la ministra afectada tenga acceso a la cabalidad de la supuesta evidencia en su contra, ya teniendo aquella otra que la contrasta, que no dice lo que se ha dicho públicamente, y así la destituye, evidentemente será un hecho muy triste para todos en el sistema. Entonces, sin ánimo de enturbiar malas cosas, sino que, para colaborar, nosotros queremos expresar nuestro ruego muy humilde y respetuoso para que se abra un espacio de real confrontación, de verdadera verificación, y donde se respeten las bases arquitecturales del derecho a defensa que tiene cualquier persona en un Estado democrático”.
Como se lee en el escrito donde esperan que el pleno reconsidere la postura de no entregarle copia del expediente en contra de la ministra, proponen que se anule el cuaderno de remoción y, en su reemplazo, se inicie un procedimiento disciplinario que garantice todas las etapas necesarias para poder defenderse.
Y es que como subraya Manríquez el Poder Judicial y las instituciones no se deben dejar llevar por urgencias que pueden ser creadas “artificialmente”, más cuando se ha insistido que habría otros ministros del máximo tribunal involucrados en hechos presuntamente irregulares.
