Las presuntas coimas de Itelecom a funcionarios públicos de Chillán, Iquique y Negrete, casos formalizados por el Ministerio Público, son solo una parte de una red mucho más amplia.

Dos de los principales directivos de la empresa de luminarias, los ingenieros Pedro Guerra, a cargo del área de licitaciones, y Ricardo Rodríguez, director comercial, declararon a la fiscalía un entramado que incluye una serie de operadores políticos que ellos llaman “gestores”, alcaldes y funcionarios municipales y del Ministerio de Energía, quienes habrían recibido sobornos a cambio de asegurar proyectos en municipalidades de todo el país.

De hecho, según la estimación que hizo el director de Administración y Finanzas de la firma, Leonardo Bustos, a la fiscalía el 28 de octubre, Itelecom pagó $ 1.659 millones en sobornos.

Itelecom es una sociedad que se divide así: Marcelo Lefort, fundador y representante legal, tiene 80% de la empresa. Rodríguez tiene un 10%; Bustos, un 5%, y Marlon Jardel, director de Operaciones, otro 5%.

Rodríguez, Bustos y Guerra fueron formalizados por la fiscalía y hoy se encuentran con arresto domiciliario total, luego de que el Ministerio Público reconociera su colaboración en el caso. En cambio, Lefort no corrió la misma suerte. Hasta ahora solo ha declarado en relación a los casos judicializados. Desde mayo de 2020 está en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber.

El primero en entregar información nueva a la fiscalía fue Pedro Guerra, el 19, 20 y 26 de agosto. Lo hizo acompañado de su abogado César Ramos ante la fiscal Paulina Valdebenito y dos comisarios de la PDI.

Dijo que en la Municipalidad de San Joaquín “se pagó para conseguir adjudicaciones. El pago lo efectuó Marcelo Lefort. Él comentó que a quien se pagó para favorecer a Itelecom era al alcalde de apellido Echeverría. Ricardo Rodríguez también sabía que se pagó en San Joaquín. Que yo sepa, no hubo gestor”.

Consultado por La Tercera, el edil Sergio Echeverría (PS), sostuvo que “desconozco estas declaraciones que hace este señor, a quien no conozco, por lo demás. Son de una falsedad absoluta: jamás he recibido ningún tipo de sobornos de esta empresa. Ellos tienen contrato desde abril de 2018 con la municipalidad, pero me sorprende esta acusación. Niego cualquier irregularidad y esta persona tendrá que hacerse cargo de sus palabras; desde ya me abro a colaborar en lo que sea con la fiscalía”. Echeverría agregó que “la Contraloría, incluso, revisó este contrato y no detectó irregularidad”.

En Puerto Natales, declaró Guerra, Cristián Ureta -gestor de Itelecom- ofreció una coima al alcalde de esa ciudad, Fernando Paredes (UDI). “Ureta se consiguió las bases con el alcalde y nosotros se las comentamos para una primera licitación que después se bajó. Ya habíamos presentado la oferta y recibí un llamado del alcalde, posterior a eso adjudicamos. El contrato se firmó, pero no se ejecutó ningún pago al alcalde. Se canceló de mutuo acuerdo entre la municipalidad y la empresa. Como no hubo pago al alcalde para acreditar el ofrecimiento que Ureta le hizo y el alcalde aceptó, deben existir pantallazos que Ureta nos mandaba por Signal”, dijo.

Sobre la acusación, Paredes señaló a La Tercera: “Eso no es así, de hecho, esa licitación nunca partió el contrato. Ellos pidieron desistir y ahora estamos licitando de nuevo el proyecto”.

¿Niega sobornos o negocios ilegales con esta firma?

De todas maneras. Ese proyecto fue visado por el gobierno regional y fue hecho por Ministerio de Energía y la municipalidad sólo lo licitó.

No solo Guerra habló de estos pagos a ediles. El 29 de octubre, Ricardo Rodríguez declaró acompañado de su abogado Gonzalo de la Cerda.

En su testimonio también detalló sobre los supuestos pagos al alcalde Paredes. “Supe que Cristián Ureta también ofreció sus servicios en la Municipalidad de Puerto Natales a Marcelo Lefort con el fin de gestionar esta licitación y Marcelo me contó que había pagos comprometidos directamente por el alcalde Fernando Paredes Mansilla. Desconozco los montos”.

Y recordó que a mediados de 2019 Lefort recibió en la oficina de Itelecom en Santiago al alcalde Paredes junto con Cristián Ureta. “Yo solo estuve brevemente al inicio de esa reunión básicamente saludando al alcalde y luego me fui. Como salieron a la luz irregularidades en Chillán e Iquique, ese proyecto que se había ganado, luego se revocó y por lo mismo ignoro si es que se verificaron los pagos, pero era evidente que en este caso el alcalde estaba involucrado”, sostuvo Rodríguez.

El directivo dijo que también le pagaron al alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala (PS), quien hoy va por la reelección: “Una vez que se había adjudicado la empresa, nos llamó el alcalde y Lefort nos dijo que viajáramos con Pedro Guerra. Nos recibió el alcalde Alejandro Huala y nos señala que tiene un problema, porque Ureta no le había entregado $ 8 millones por el proyecto (...). Le pagamos al alcalde en otro viaje con Pedro, $ 8 millones en efectivo en una caja corrugada de vino, el dinero nos lo pasó Lefort. Le pagamos en un restaurante en el centro en el segundo piso, que tenía un privado. Llevamos el dinero en la caja de vino porque así lo sugirió Lefort”.

Consultada por La Tercera, desde la Municipalidad de Coyhaique señalaron que “los antecedentes que esté recopilando en esta etapa la fiscalía forman parte de un proceso indagatorio en donde la Municipalidad de Coyhaique, que no ha sido requerida en esta fase, no tiene conocimiento de los detalles recabados por el Ministerio Público”.

Además, los ingenieros detallaron pagos en que estaría involucrada una abogada de la Municipalidad de San Miguel y “de confianza del alcalde” por $ 100 millones; $ 10 millones a través de un intermediario llamado David Encina, ligado a la Municipalidad de Nueva Imperial, y supuestas coimas por parte de Guerra al director de Secpla de Tiltil, Gabriel Segovia.

Los gestores

Ambos directivos contaron que para hablar de coimas usaban la aplicación de mensajería Signal, en la que se comunicaban con una serie de gestores. “Yo estimo que en 2017 la empresa empezó a pagar sobornos. Marcelo (Lefort) me mencionó que se pagaba a gestores intermediarios que usaban este dinero para pagarles a funcionarios municipales o a otros intermediarios. Gestores son las personas que conocían a funcionarios municipales y que podían ayudar a Itelecom a adjudicar licitación”, dijo Guerra.

Uno de ellos es Cristián Ureta, quien hoy está formalizado por la fiscalía y, según Guerra, fue gestor en Iquique y Putaendo.

De acuerdo a Guerra, Ureta también emitía facturas a Itelecom para poder sacar desde la empresa los dineros para pagar los sobornos: “Fue el mismo Ureta quien me comentó en la época de la licitación de Iquique que Lefort le recomendó crear una empresa de instalación de luminarias para trabajar con nosotros (...). Se instaló en Puente Alto y Putaendo”.

E indicó que Ureta pidió que se le pagaran los trabajos que había hecho en Puente Alto, “porque necesitaba dinero para pagar Putaendo, yo entendía que era para pagar los sobornos (...). Para saber cuánto se pagó a Ureta por Puente Alto, abultadamente, habría que recibir la orden de pago”.

Rodríguez también contó más antecedentes sobre el caso de Puente Alto e involucró a más gestores: “En 2018, el amigo personal de Marcelo Lefort, Víctor Amado, apodado ‘el flaco’, junto a Álvaro Lavín, que es pariente de Joaquín Lavín y asesor de la Municipalidad de Providencia, en coordinación con Lefort se contactaron con el administrador municipal de Puente Alto llamado Christian Gore para gestionar la adjudicación de esa licitación, lo que efectivamente ocurrió”.

Detalló que fue Lavín quien contactó a Gore. “Me imagino que Lavín tiene que haber recibido algo de los $ 350 millones. Amado le dijo a Lefort que ‘si quieres trabajar en Puente Alto, el punto de contacto es Álvaro Lavín’. Los $ 350 millones se pagaban en cuotas, la primera desde la fecha de la firma del contrato”, señaló. Rodríguez. Añadió que él creía que esos pagos estaban vinculados con las facturas de GLH, una empresa de un amigo de Lefort, George Latrille.

Lavín respondió a La Tercera que “lo que afirma el imputado es absolutamente falso, sin otra justificación sino que lograr un tratamiento ventajoso al momento de ser formalizado y negociar cautelares personales de baja intensidad. No conozco al ejecutivo de Itelecom. Nunca he participado en conversaciones con alguna persona en la Municipalidad de Puente Alto relativo a las licitaciones de ese municipio. Es primera noticia que tengo sobre una declaración de ese tenor, por lo que estudiaré junto con mis abogados la forma de enfrentar esa infamia”.

Un conocido en el mundo político que también fue contactado por Lefort fue el exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett. Así lo detalló Rodríguez: “Lefort me invitó a una reunión con Pablo Zalaquett en el café Starbucks que está abajo del Hotel W y fui testigo de cómo Pablo Zalaquett señaló que podía ayudar con una asesoría a cambio de $ 100 millones; este señor señaló que era muy amigo de los hermanos Alessandri, del senador y del alcalde, pero luego esto no resultó. Zalaquett se retractó según me dijo Lefort”, y tampoco ganaron la licitación. Desde el entorno de Zalaquett reconocieron la reunión, pero negaron cualquier conversación respecto de dinero o negocios ilegales. Según la versión del exalcalde, él asistió a la cita, pero nunca se habló de dinero o algún trato “oscuro”.