La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón y San Miguel. Esas son las cinco comunas que desde marzo de 2025 tendrán como sostenedor educativo al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Rosa, uno de los 70 SLEP creados por ley que desde 2018 están desmunicipalizando la educación pública de Chile.
Según la ley, a cargo de cada SLEP habrá un director ejecutivo y en el caso de Santa Rosa el elegido tras un concurso de Alta Dirección Pública (ADP) es Luis Echeverría, profesor de Educación Media de la Universidad Andrés Bello, excoordinador territorial del SLEP Barrancas y exdirector de Educación de Maipú. Y aunque resta más de un año para que los 87 jardines, escuelas y liceos efectivamente estén a su cargo, lo cierto es que el SLEP Santa Rosa ya comenzó a operar al menos en su pata administrativa, viviendo hoy el proceso de instalación que terminará con casi 22 mil estudiantes bajo su alero.
Ya en su nuevo cargo, Echeverría mira de reojo la crisis del SLEP Atacama, donde se han cometido errores que fruto de esa experiencia, asegura no se deberían repetir.
¿Cuál es su evaluación de la desmunicipalización?
Uno tiene que diferenciar los distintos años de implementación. Sé que el SLEP que represento va a ser en condiciones muy distintas a los procesos anteriores. Esta es una reforma del Estado, que llevaba casi 60 años sin hacerse cargo de un colegio y ha implicado mucho trabajo con otras instituciones para que ciertas reglas de funcionamiento se modernicen y vayan en línea con la urgencia de un colegio. Los primeros servicios tuvieron muy poco tiempo para prepararse.
¿El Estado estaba preparado para esto?
Hay situaciones difíciles de advertir hasta que no se viven. Se avanzó, pero te das cuenta de cosas que la única forma de hacerlo es administrando. Era imposible advertir cierta deficiencia, porque también había problemáticas, independiente de su color político, en los municipios y que ahora también los SLEP están teniendo.
¿Qué destaca de esta nueva institucionalidad?
La primera es que lo que se está visualizando como un problema en Atacama, que es la infraestructura, hay que destacar a otros SLEP que han avanzado fuertemente en ese ámbito. Si bien es dramático lo de Atacama, hay otros SLEP que han enfrentado muy bien esa situación. Otra gran fortaleza ha sido todo el trabajo técnico-pedagógico y un tercer punto son los concursos de ADP para los directores de establecimientos. En los municipios era una experiencia bastante dispar.
En su mirada de director ejecutivo, ¿qué pasó en Atacama?
Yo no manejo información, pero obviamente sé que hay responsabilidades administrativas. Hay ciertas cosas en Atacama que son históricas, que a lo mejor antes no se habían evidenciado. Y aunque suene contradictorio, que esta dificultad esté saliendo la luz es porque ahora hay un sistema que está interviniendo. Uno ve el tipo de respuestas en Atacama y son respuestas que anteriormente no existían.
¿Falta recurso humano capacitado en Chile?
En general hay que profesionalizar aún más a los actores que van a ser parte de los SLEP porque no es un perfil fácil: tienen que tener experiencia en educación pública, pero también manejarse muy bien en las subvenciones educacionales, estatuto docente y del asistente. Dicho eso, los servicios en régimen están generando profesionales.
En las comunas que tendrá a su cargo hay casos de arrastre complejos. ¿Cómo evitará que el SLEP Santa Rosa pague esos costos?
Ya me he reunido con los cinco alcaldes y con la experiencia de los traspasos pasados hemos tenido conversaciones claras para efectos de evitar situaciones que han generado problemática en otros SLEP. En este territorio hay cinco alcaldes que este es su primer periodo y están resolviendo problemáticas y situaciones de gestiones anteriores. Lo importante en este proceso de articulación es que ya nos están levantando muchas alertas de las cosas que podemos subsanar de aquí a diciembre del 2024, último mes en que ellos van a ser responsables del servicio educativo.
¿Hay situaciones muy graves?
Los cinco alcaldes básicamente han tenido algunas dificultades con sus procesos anteriores de rendición. Eso no va a afectar el funcionamiento del SLEP. Y la comuna que tiene una situación más compleja en ámbito de infraestructura es Lo Espejo. Ya hemos tenido reuniones con la alcaldesa para articular los procesos de infraestructura que está llevando a cabo y cómo vamos a mantener esos proyectos y generar otros. En San Ramón el alcalde también ha dado cierta alerta respecto de situaciones que está resolviendo, pero hay compromiso de los cinco de tener resueltas esas situaciones a diciembre de 2024.
Como director ejecutivo, ¿dos años es tiempo suficiente para un buen traspaso?
En comparación de otros directores ejecutivos claramente hemos tenido mucho más tiempo para prepararnos. El tiempo ya definido es suficiente, porque como SLEP ya tenemos mucha información y ahora básicamente tenemos que ir resolviendo cosas. Uno siempre quisiera más tiempo, pero los dos años definidos en la ley es bastante prudente.
¿Qué es lo más difícil de este periodo?
Resolver las situaciones más específicas, porque hay que entender que cada una de las cinco comunas y cada establecimiento es una situación particular. Estamos hablando de cinco realidades distintas en cantidad de profesores, de matrícula, de asistencia, de sistema de remuneraciones y de estado de infraestructura. Por ejemplo: comparo San Miguel, que ha avanzado mucho en ámbito de infraestructura, con Lo Espejo, que recién está haciendo grandes inversiones.
¿Cómo ha lidiado con la incertidumbre?
Empezamos a hacer un recorrido fuerte por los establecimientos, teniendo conversaciones y aclarando aspectos cruciales de la ley, porque también se han originado ciertos mitos y creencias. Hemos aclarado dudas y la gente se va contenta. Obviamente hay ciertos temores por lo que han visto en otros lugares, pero hemos querido dar la certeza que esas mismas dificultades las tenemos como necesidad para evitarlas en nuestra planificación.
¿Se debe plantear la pausa del proceso?
No hay que frenarlo. Esta es una reforma que fue anhelada transversalmente. Este sistema, más allá de situaciones particulares, es una oportunidad histórica para tener un sistema educativo público debidamente financiado, que tenga aire y corazón por las comunidades. Independientemente de legítimas opiniones, es un proceso que ya ha demostrado que con el debido apoyo puede seguir avanzando.
¿Y cree que el Mineduc o la DEP deben tener más atribuciones para intervenir en casos extremos?
Se tiene que entender que la autonomía va de la mano con la supervigilancia. Todas las comunidades siempre desearon que en algún momento el ministerio pudiera intervenir más, que tuviera un rol más preponderante cuando hubiera dificultades en la gestión educativa.