Discapacidad lidera denuncias por discriminación hechas en 2018

Situaciones de acoso en lugares públicos, ambientes laborales y estudiantiles. También por enfermedades, como el VIH, son algunas de las razones por las cuales las personas en Chile se sienten discriminadas.

En 2018, las denuncias que invocaron la ley antidiscriminación en Chile alcanzaron los 70 casos. En 2017, 72. Y el año que más hubo fue en 2015, con 79 casos.

Así lo reveló un estudio de la Fundación Iguales, organización que busca la inclusión de la diversidad sexual en la sociedad chilena. La entidad analizó los datos del Sistema Informático de Tramitación de los Tribunales Civiles (Sitci), del Poder Judicial.

"Es un número muy bajo, considerando la cantidad de casos que reciben las organizaciones de la sociedad civil en distintos ámbitos", advierte Juan Enrique Pi, presidente de Iguales.

La ley se comenzó a tramitar en 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, y fue aprobada en 2012, durante el primer mandato de Sebastián Piñera. Ese año recibió el nombre de Ley Zamudio, en alusión al joven asesinado en el centro de Santiago. Su objetivo es instaurar un mecanismo legal para buscar eventuales condenas frente a estos actos.

El informe sistematizó las denuncias civiles tramitadas a través de la ley antidiscriminación en 2018. Según cantidad, en primer lugar se establecieron aquellas por "arbitrariedad", que se refieren a aquellos casos individuales que no entraban en otras categorías, como actos discriminatorios por antecedentes penales o apariencia personal.

Luego, venían aquellos casos en que se denunció discriminación por discapacidad y enfermedad, con 21 eventos.

Juan Enrique Pi señala que esta información "demuestra que la ley antidiscriminación es necesaria, ya que toda persona es susceptible de ser discriminada".

María Ximena Rivas, directora del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), señaló que "reconocemos la importancia de velar por los derechos de las personas con discapacidad, especialmente cuando han sido víctimas de actos u omisiones arbitrarios de discriminación y vulneración de sus derechos".

La autoridad explicó que para ello cuentan con el Programa de Acceso a la Justicia, una oficina jurídica con la que tramitan las denuncias en estos casos. Paulina Bravo es abogada y lidera aquella instancia. En su doble rol, también acusa haber vivido este tipo de situaciones.

La tercera causa mayoritaria en las denuncias es por orientación sexual. El presidente de Iguales expone, por ejemplo, el caso de Carolina Torres, quien fue agredida junto a su pareja el 14 de febrero pasado en Pudahuel.

La joven quedó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la ExPosta Central de Santiago. "Lo que más refleja este estudio es que somos una sociedad discriminadora, y por eso esta ley es fundamental, no solamente para la comunidad LGBTI, sino para toda la población", subraya Pi.

Durante este segundo semestre el gobierno comenzará una nueva consulta ciudadana para perfeccionar la ley. El instrumento ocupará las mismas preguntas de la consulta anterior, en 2013, a modo de análisis comparativo de la situación. Luego, se constituirá una mesa técnica que presentará mejoras y una actualización a la legislación.

Paulina Bravo es abogada y es ciega. Para ella, es innegable que una persona con discapacidad en Chile está expuesta constantemente a actos de discriminación. Este verano, asegura, le tocó vivir un nuevo episodio en un restaurante en Las Condes. "Fui un domingo en la tarde. Me senté en la terraza del local. Estaba con mi perro guía y con otra persona, pero nadie nos venía a atender", relata.

Añade que mientras esperaban, un garzón le dijo muy cerca de su cara: "Te podís ir de aquí, porque aquí nadie te va a atender".

Bravo cuenta que desde ese momento comenzaron a intervenir más personas. "Fue tan violento todo. La gente empezó a tuitear lo que pasaba y me dieron sus teléfonos para prestar testimonio", rememora.

La excusa de quienes la hostilizaban, señala, fue que no aceptaban perros en el restaurante. Sin embargo, asegura que en una mesa cercana, sus ocupantes se encontraban con un perro pastor alemán. "Me sentí terriblemente humillada. Me echaron como si hubiese ido a pedir plata", se queja.

Bravo señala que este caso no es el primero ni el único. En 2014, revela que demandó a una aerolínea, porque le bajaron su maleta del avión en un viaje hacia Punta Arenas. Horas más tarde, tuvo que adquirir un pasaje en otra empresa. "Para mí la discriminación no tiene ninguna justificación, ni siquiera por ignorancia", afirma, por el desconocimiento que existe sobre la normativa de perros de compañía.

Francisco Verdugo es homosexual y confiesa que nunca se sintió más discriminado como en una ocasión en la que quiso donar sangre. Ocurrió en 2009, cuando se encontraba en el patio de su universidad y vio que en el establecimiento había una carpa con letreros y enfermeros que invitaban a donar. Entusiasmado, decidió junto a sus amigos sumarse a la campaña.

Una enfermera se le acercó y le preguntó su peso, estatura y edad, de acuerdo al protocolo habitual. Hasta ese momento no hubo problemas. "Iba todo bien hasta que me preguntaron por mi orientación sexual. Ahí sentí que la entrevista cambió", recuerda.

Después de eso, las preguntas comenzaron a ser incómodas. "Me preguntó con cuántas personas tuve relaciones, si eran de mi mismo sexo y si me había cuidado. También me preguntó si tenía pareja. Todo en presencia de mis compañeros", relata.

Después del interrogatorio le dijeron que debía esperar. La enfermera se ausentó durante varios minutos, y cuando volvió, le dijo que no era apto para donar debido a que no cumplía con el peso requerido.

Eso lo marcó de por vida. "Me sentí súper incomodo. No fue algo explícito, pero yo me sentí discriminado", asegura. Desde entonces, nunca más volvió a intentar donar sangre para evitar pasar por una situación similar otra vez.