Una demanda contra el Estado acusando omisiones o acciones insuficientes constitutivas de falta de servicio presentó la sociedad controladora de la sandwichería Antigua Fuente, exigiendo una serie de indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante y daño moral, que suman más de $ 1.200 millones.
“La omisión estatal se configura con la falta del ejercicio adecuado de las competencias públicas para reestablecer y preservar el orden público en la zona de Plaza Baquedano, circunstancia que perdura hasta nuestros días en donde lamentablemente viernes a viernes –o en ocasiones, en cualquier día- se congregan un puñado de antisociales que generan severos disturbios en el sector, centrándose particularmente en ataques incluso incendiarios en contra del local”, dice la demanda de los socios.
El restaurante Antigua Fuente, como fue rebautizada hace un tiempo la emblemática Fuente Alemana del sector de Plaza Baquedano, es uno de los locales que más dificultades enfrentó tras el 18 de octubre de 2019. “La pandemia a nosotros nos salvó de la violencia y la destrucción”, afirmó en entrevista con La Tercera su dueño Carlos Siri.
Tras el confinamiento, sin embargo, el local volvió a verse afectado por los incidentes que se hicieron habituales en el sector. A fines de enero de este año Siri fue agredido en medio de manifestaciones. Una semana después encapuchados intentaron vandalizar el local y el comerciante salió a defenderlo utilizando un arma de aire comprimido.
En las 41 páginas de la demanda presentada los dueños del local de Alameda 58 exponen que “las autoridades políticas y los cuerpos policiales tienen un deber de garantizar eficazmente orden público, corrigiendo las situaciones que lo entorpezcan y previniendo posibles ofensas a éste, pues de ello depende el ejercicio de otros derechos fundamentales que van desde la protección de la vida y la libertad ambulatoria, hasta el derecho de propiedad y el ejercicio legítimo de una actividad económica”.
“Para la consecución de este objetivo (impuesto por la Constitución y la ley) cuentan con diversas herramientas jurídicas, recursos económicos públicos y el monopolio del uso de la fuerza en un Estado de Derecho”, sostienen.
En el texto advierten que “resulta particularmente llamativo que todo ese aparataje estatal haya sido incapaz de reestablecer el orden público en una zona geográfica acotada de la capital del país (a menos de 2 kilómetros del palacio de gobierno), respecto de hechos de violencia totalmente previsibles (principalmente todos los viernes por los últimos dos años y medio) perpetrados por un grupo sumamente reducido de radicales”.
“Si el estándar de configuración de la falta de servicio no se estimare cumplido con este pobrísimo nivel de eficacia de nuestras autoridades ¿Qué podemos esperar frente al crimen organizado o a grupos con mayor coordinación o preparación que actúen en zonas de difícil acceso? El panorama no es auspicioso”, plantean.
Asimismo, señalan que existe “un acabado entramado de responsabilidad jurídica sobre la mantención del orden público, que presenta al tope de la pirámide a no otro que a S.E. el (la) Presidente(a) de la República, luego al (la) ministro(a) del Interior y Seguridad Pública, y más abajo al(la) subsecretario(a) del Interior, que coordina tanto a la policía uniformada como a los delegados presidenciales regionales para la consecución del fin”.
