El duro análisis de la ONU sobre el rol de Carabineros en las protestas

Carabineros lacrimógena

Incumplimiento de protocolos, uso excesivo de la fuerza, denuncias de malos tratos, son algunos de los aspectos que destaca el informe del organismo internacional dado a conocer hoy, sobre el actuar de la policía uniformada durante la crisis social en el país.


En las 35 páginas que contiene el informe de la misión de la ONU que vino a Chile para constatar en terreno la situación de las manifestaciones en el país durante la crisis social y el estado de emergencia, y en el cual se constataron "graves a los derechos humanos", la institución hace un largo y duro análisis del actuar de Carabineros durante las protestas.

En ese sentido, el documento indica que Carabineros durante su actuar "no ha adherido a las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la gestión de las asambleas y el uso de la fuerza. Esto a pesar del hecho de que las regulaciones internas, en particular, las de Carabineros de Chile, reflejan estos estándares".

También se señala que múltiples fuentes indicaron que "durante un número significativo de protestas, Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión".

"La información recopilada por la ACNUDH también muestra que Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente", se agregó.

También se asegura que la policía uniformada incumplió "el principio del uso gradual y progresivo de los métodos de dispersión. Asimismo, se ha recibido información que indica que en estos casos se ha recurrido de forma mínima al diálogo, la contención y a métodos disuasivos. Se observó una falta de advertencia sobre el uso inminente de la fuerza en un gran número de casos".

"La ACNUDH también ha observado que ha habido un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas y/o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Esto ha resultado en un gran número de personas heridas, incluidas transeúntes y aquellas que no cometieron actos violentos sino que protestaron pacíficamente", se añadió.

Sobre las denuncias de malos tratos y torturas, el informe ONU indicó que se han recopilado 133 denuncias sobre esta materia "en la mayoría de estos casos, los presuntos autores son miembros de Carabineros. La mayoría de estos casos tuvieron lugar durante el arresto, el traslado a los centros de detención o durante la detención. Durante el estado de emergencia y bajo el toque de queda, las personas privadas de libertad también sufrieron presuntas torturas y malos tratos en vehículos militares y/o policiales".

Y se agrega: "La ACNUDH también recibió relatos aislados de ejecuciones simuladas por parte de Carabineros y las fuerzas militares. Estos actos serían perpetrados como una forma de castigo por presuntos saqueos o por participar en las protestas, así como con el objetivo de obligar a los detenidos a abstenerse de presentar denuncias".

Entre otra serie de reparos sobre el actuar policial que contiene el informe completo del organismo internacional.

Conclusiones

Dentro de las conclusiones de la ONU sobre el actuar policial está el incumplir el deber de distinguir entre protestas pacíficas y violentas, y uso desproporcionado de armas no letales.

"La gestión de asambleas por parte de Carabineros se ha llevado a cabo de manera fundamentalmente represiva. Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. Carabineros utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", indica la ONU.

Se agregó que "hay razones fundadas para sostener que ha habido un uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios pero también gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia. El uso indebido e indiscriminado de armas menos letales se observó tanto durante manifestaciones pacíficas como en el contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente por parte de Carabineros".

Y también se afirmó que "la información recopilada indica que hubo numerosas detenciones indiscriminadas que podrían ser consideradas arbitrarias a la luz de las normas internacionales (...) Un gran número de personas arrestadas y detenidas fueron maltratadas. Algunos de estos casos, incluidos los de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían "desaparecidas", equivalen a tortura".

Medidas para Carabineros

El informe ONU recomienda una serie de medidas a adoptar por Carabineros para evitar nuevos malos tratos. Entre las que destacan "asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como principios rectores".

También se sugiere "garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública (incluidas cintas con los nombres e identificaciones en los vehículos)".

"Fortalecer los sistemas de registros de detención a fin de garantizar que la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada. Esta información pública debe ser fácilmente accesible para las instituciones autónomas de derechos humanos en el país y debe incluir datos sobre el uso de controles de identidad por parte de Carabineros (desglosada por edad y sexo)", se agregó.

También se pide "asegurar que se reciban capacitación de vanguardia (incluyendo una perspectiva de género) sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de hostilidades". Y finalmente "incluir en sus regulaciones internas medidas específicas de protección para personas y grupos discriminados, en particular para personas con discapacidad".

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