El martes pasado, la Cámara de Diputados despachó unánimemente el proyecto de “ley corta” sobre aranceles regulados impulsado por la Subsecretaría de Educación Superior y que había comenzado a ser tramitada por el Senado. Un minitriunfo para el gobierno, pero también para las instituciones -estatales y no estatales- adscritas a la gratuidad y a quienes, por consiguiente, se les regulan los aranceles.

En concreto, la propuesta aplaza hasta 2024 la entrada en vigencia -pactada para 2023 con observaciones de Contraloría por el gobierno anterior- de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por titulación o graduación consignados en la Ley 21.091 sobre educación superior, que reza sobre las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad.

“Valoro la aprobación de este proyecto, porque permitirá ampliar el diálogo en torno a la forma en que se definen los aranceles universitarios, lo que dará una mayor legitimidad al nuevo proceso”, señala Eduardo Hebel, rector de la estatal Universidad de La Frontera, quien añade que “era necesario, dado que el proceso anterior tuvo serios problemas de diseño, metodología y participación, lo que podía generar serias complicaciones a las universidades”.

Desde la no estatal U. de Concepción, el rector Carlos Saavedra, si bien señala que para todas las instituciones adscritas a la gratuidad es “urgente” la entrada en vigencia de los aranceles regulados para una adecuada planificación económica, también plantea que “para la definición de las bases técnicas se requiere incorporar un modelamiento integral que incluya todas las carreras y no solo un grupo acotado, como se hizo anteriormente”. Desde esta perspectiva, añade, “la postergación por un año -y por única vez- de la entrada en vigencia la vemos en forma positiva si es que permite resolver las deficiencias planteadas en torno al proceso anterior”.

La ley señala que el reajuste de los aranceles está asociado al IPC más un 2%, pero, según algunas instituciones, la no aplicación de este cálculo en el gobierno anterior llevó a una caída del 10% en el valor de las carreras, lo que se traducía en menores ingresos. Asimismo, los rectores han discutido que los años de acreditación no siempre muestran la diferencia de calidad en las instituciones, además de que el arancel regulado es “un juego de suma cero”, dado que hay un monto definido de recursos, y que si sube el presupuesto en una carrera baja en otra.

Por eso, las casas de estudio han insistido con la necesidad de volver a discutirlo y por eso también el respaldo a la “ley corta” del gobierno fue mayoritariamente transversal. Y es que, en general, las instituciones adscritas a la gratuidad reclaman que poco se les ha incluido en la discusión sobre fijación de aranceles y la necesidad de al menos evaluar un nuevo modelo de financiamiento.

Así, por ejemplo, algunas de ellas consideran necesario actualizar la base de cálculo de los aranceles, toda vez que los factores establecidos en la ley, recuerdan, corresponden a 2015.

“Entendemos que la revisión del modelo global de financiamiento que ha propuesto el Ministerio de Educación a través de la subsecretaría nos garantiza que esa revisión integral sobre el modelo de financiamiento y el cambio de perspectiva del voucher hacia un modelo diferente de financiamiento puede entregar mayores facilidades”, dijo, por ejemplo, Osvaldo Corrales, rector de la U. de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, el día que expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con motivo de la discusión de este aplazamiento.

Asimismo, el Mineduc justificaba la decisión de impulsar la postergación y se comprometía, según se lee en el Protocolo de Acuerdos firmado por la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, “a constituir una mesa de trabajo con las agrupaciones de instituciones de educación superior, representantes de académicos, funcionarios y estudiantes de instituciones adscritas a la gratuidad, de tal modo de evaluar el impacto que ha tenido y los ajustes necesarios de introducir para un mejor funcionamiento de esta política, en el marco de un rediseño global del sistema de financiamiento”.

Esta discusión, además, haría partícipes a “todas las instituciones de educación superior adscritas a la gratuidad y a las federaciones estudiantiles, subsanando lo observado por la Contraloría General de la República hasta la fecha”, así como que “las definiciones relativas al financiamiento de la educación superior velarán por resguardar la complejidad de las instituciones de educación superior, especialmente las instituciones adscritas al Consejo de Rectores y Rectoras de Universidades Chilenas (Cruch)”.

Toda esta discusión tiene sus raíces en la política de la gratuidad, puesto que la postergación de la entrada en vigencia de los aranceles regulados incide en los recursos públicos a transferir a las instituciones de educación superior por efecto del beneficio.

Pero ¿qué es la gratuidad? A través de la Ley de Presupuestos, en 2016 comenzó a regir en Chile esa política, que apunta a financiar la educación superior de los estudiantes que más lo necesitan y que se forman en instituciones adscritas al beneficio. Sin embargo, cuando un estudiante se atrasa y sobrepasa la duración nominal de su carrera, pierde el beneficio, debiendo autofinanciar el tiempo extra que demore en terminar los estudios, aunque con ciertos matices, toda vez que la ley mandata a cobrar como máximo el 50% del arancel en esos casos. Esto es lo que critican principalmente desde las casas de estudio: la limitación de los años nominales que dura la gratuidad y que la carga económica de quienes se atrasan recae en ellos, lo que se traduce en desfinanciamiento.

Actualmente son 66 las instituciones -estatales y no estatales- que en Chile están adscritas a la gratuidad. En 2021, por ejemplo, fueron 435.690 los alumnos que tenían este beneficio, según la Subsecretaría de Educación Superior. En tanto, en 2022 son 472.148 las personas actualmente beneficiadas. Hasta agosto del año pasado, 68.766 estudiantes (de 789.133 que accedieron a la gratuidad) habían perdido el beneficio por atrasarse.

“Es urgente conversar sobre la necesidad de extender en un año, al menos, la duración de la gratuidad, considerando que solo el 16% de (todos) los estudiantes concluyen sus estudios de acuerdo a la duración real de las carreras, lo que se ha potenciado en pandemia y ha llevado a muchos a endeudarse. Por eso creemos que es clave que se pueda cambiar este aspecto”, dice el rector Hebel.

Esta postura ya ha sido compartida por otros rectores en el pasado, como Aliro Bórquez, de la UC de Temuco. “Una buena solución es poder avanzar al ‘N+1′, que es sumarles un año más a los plazos nominales de cada carrera. Se le baja presión a estudiantes y también ayudaría a las universidades a no seguir en esta suerte de desfinanciamiento”, dijo a La Tercera hace un tiempo.

“Es urgente abordar los efectos negativos de algunos de los artículos transitorios que contiene la ley”, advierte el rector Saavedra. ¿Cuáles son ellos? “La reajustabilidad anual no ha sido aplicada en forma integral los últimos años; una base de cálculo al 2015 y, por tanto, debe ser actualizado al 2022; se impide el cobro del 50% del arancel del primer año de exceso en la duración nominal de las carreras”. Además, señala la autoridad, “se debe realizar una revisión de los fondos para las universidades de tradición y vocación públicas. Entendemos que este último aspecto se encuentra incorporado en la planificación del gobierno, que ha declarado la intención de presentar un nuevo modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior”.

Eso sí, y a pesar de concordar en que se debe revisar todo, Hebel hace un llamado a que en el futuro se debe diferenciar -en el financiamiento- a las universidades estatales y privadas, por los “costos y trabas” que tienen las entidades estatales. “Por ser una entidad pública nos debemos someter constantemente en los procesos a la revisión de Contraloría, superintendencia; todas nuestras adquisiciones deben ser a través de Chile Compra, por citar algunas complejidades. Esto significa más burocracia y, en muchos aspectos, costos un 20% mayores que los de una universidad privada”.

En esa línea, Saavedra cree que “un nuevo modelo de financiamiento debe incorporar los elementos que permitan el fortalecimiento de un sistema de educación superior pública de excelencia (...), independiente de la naturaleza jurídica de las instituciones”. En este nuevo modelo, añade, “los fondos basales y los aranceles regulados deben permitir el fortalecimiento del sistema con especial énfasis de las universidades regionales comprometidas con el desarrollo territorial y la descentralización como pilar de desarrollo nacional”.