“Este proyecto contiene un artículo que modera un poco el crecimiento de la gratuidad porque también es un gasto importante que tiene el Fisco, y porque es relevante hacer una revisión de con qué velocidad queremos seguir avanzando en esto, a propósito de lo que significa e impacta fiscalmente”.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió así en Mesa Central a uno de los contenidos del proyecto de ley ingresado este martes por el gobierno que moderniza el sistema de financiamiento de la educación superior y que además de crear nuevas contribuciones contingentes al ingreso, también intenta cambiar las reglas vigentes de la política de gratuidad en cuanto a la búsqueda de universalizar el beneficio impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet, que comenzó a regir en Chile el 2016, y que apunta a financiar la educación superior de los estudiantes que más lo necesiten.
Cuando se puso en marcha el beneficio, la ayuda estaba focalizada en aquellos jóvenes del 50% más vulnerable de la población. Al año siguiente se amplió a los centros de formación técnica e institutos profesionales y abarcó hasta el 60% -o sexto decil- más desposeído, cobertura que se mantiene hasta hoy. En la actualidad, cerca de dos de cada cinco alumnos de pregrado estudian gracias a este apoyo que ha sido enaltecido varias veces por el actual oficialismo.
“En su momento recibimos muchos portazos y nos dijeron de todo, nos decían que no había que movilizarse, que esto era responsabilidad exclusiva de los políticos profesionales (...) Hoy, Eva (una mujer presente en ese momento) no estaría estudiando con gratuidad si no hubiera sido por las movilizaciones estudiantiles”, dijo, por ejemplo, el Presidente Boric hace algunos meses en referencia a haber logrado la gratuidad en la educación superior. Tiempo después el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, expuso en una línea similar que para este nuevo proyecto de ley estaban “trabajando bajo principios de justicia, de responsabilidad fiscal y de mantener y no retroceder en los avances que ha habido en gratuidad”.
En la ley que se norma dicho beneficio -21.091- se establecen requisitos de índices económicos que el país debe cumplir para ir activando cada siguiente decil y, por tanto, ir acercándose a la gratuidad universal. Resumidamente esto depende del aumento de los ingresos fiscales estructurales. Y así, en el artículo trigésimo cuarto de la ley se establece que “a partir del año siguiente a aquel en que se verifique (...) que los ingresos fiscales estructurales representaron al menos un 23,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los siete primeros deciles de menores ingresos de la población del país”. Ese guarismo luego sube a 24,5% para ampliar la cobertura hasta el al octavo decil, a 26,5% para cubrir hasta el noveno, y a 29,5% para que el beneficio se otorgue a todos los estudiantes.
Como señaló Cataldo, en el punto 4 del artículo 35 del proyecto de ley recientemente ingresado por el Ejecutivo esos guarismos sufren modificaciones. En la iniciativa se lee “modifíquese (la ley N° 21.091) el artículo trigésimo cuarto transitorio en la forma siguiente: a. Sustitúyase, en todo el artículo, la expresión “PIB Tendencial” por la expresión “PIB Tendencial No Minero”. b. Sustitúyase, en la letra b), el guarismo “23,5%” por “29,5%”. c. Sustitúyase, en la letra c), el guarismo “24,5%” por “30,5%”. d. Sustitúyase, en la letra d), el guarismo “26,5%” por “32,5%”. e. Sustitúyase, en la letra e), el guarismo “29,5%” por “35,5%”.
El tema es que desde que se promulgó la ley nunca se ha llegado a cumplir una de las condiciones anteriores, por tanto jamás se ha podido “activar” y, con ello, ampliar los deciles de cobertura. Y al elevar los guarismos esto se haría aún más difícil, por lo que llegar a la gratuidad universal se postergaría, situación que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), aborda en el informe financiero del proyecto.
“Las proyecciones vigentes estiman que en 2027 se verificaría la condición actual de observar un 23,5% de ingresos fiscales estructurales sobre PIB en dos años previos a la verificación, y de 24,5% en 2029. Esto extendería la gratuidad a nuevos deciles, en los años 2028 y 2030, respectivamente, lo cual se postergaría con los nuevos guarismos propuestos. Lo anterior implica que se dejará de realizar un gasto adicional anual respecto de lo ya considerado en becas o CAE, de cerca de $ 40.000 millones y $ 100.000 millones, respectivamente”, se lee en dicho informe.
La lógica detrás de haber hecho esto, dicen desde el Ejecutivo, es que se mira que esos índices se cumplirían demasiado en paralelo a una posible instalación del nuevo sistema de financiamiento, el FES. Por eso, los cambios a la gratuidad son para hacer más difícil la activación y con eso darle espacio fiscal al nuevo sistema para instalarse. Y es que si las casas de estudio que actualmente están adscritas a la gratuidad llegasen al 100% de cobertura se tendrían que aumentar al mismo tiempo las transferencias de recursos desde el Estado en miles de millones de pesos.
“Tal como se anticipó en el debate de la gratuidad, esa política ha generado dificultades en las instituciones de educación superior como consecuencia de los aranceles regulados, con un altísimo costo para el Fisco. Con eso como contexto, la medida de dilatar la incorporación de nuevos deciles obedece a una comprensión de que es necesario poner límites tanto a los costos como a las consecuencias de esto”, dice Raúl Figueroa, exministro de Educación en Piñera II y hoy director del IPP UNAB, quien añade que el hecho de que el Ejecutivo busque cambiar las reglas en su proyecto de ley “muestra que la idea de gratuidad universal que se planteó originalmente por quienes hoy son parte del gobierno tenía serios problemas de implementación e implicaba un impacto a las arcas fiscales que no estuvo bien calculado”.
Para Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, la gratuidad no se vería afectada por este proyecto, toda vez que para las instituciones adscritas “el nuevo esquema de financiamiento está orientado a aquellos deciles que no acceden a gratuidad y para las instituciones fuera de gratuidad”.
Sobre esta materia otras fuentes dentro del Ejecutivo descartan que cambiar los guarismos sea para hacer imposible cumplir con los índices que activen la cobertura a un nuevo decil y que la gratuidad seguirá avanzando mientras el país tenga la capacidad fiscal de hacerlo. Que siguen abrazando esta política publica y que la idea es tener ambas herramientas dialogando entre ellas, considerando además que adscribirse a la gratuidad es voluntario para las instituciones -también lo sería el FES en caso de aprobarse-, por tanto podría haber alguna casa de estudio que solo ofrezca una de las alternativas.
Asimismo, agregan que para proteger a los deciles que actualmente no tienen cobertura con la gratuidad existirá el FES, pensado para estudiantes que por ahora no califican para la gratuidad.
Al respecto, el propio ministro Cataldo señala a La Tercera que con el proyecto ingresado están “ordenando” los instrumentos de financiamiento estudiantil. Y que de esta manera, “junto con avanzar en otorgar una solución para las personas deudoras incentivando la adhesión al plan de reorganización de deudas educativas, queremos transitar a un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior más eficiente”.
En este tránsito, agrega el secretario de Estado, “hemos planteado un cambio en el ritmo de implementación de la gratuidad y en el actual sistema de becas, racionalizando los gastos fiscales en aras de garantizar que el país cuente con los recursos necesarios para resguardar el derecho a la educación en este nivel y en todo el sistema educativo, en consonancia con la perspectiva de trayectoria que hemos impulsado desde el ministerio”.
En ese sentido, el rector Saavedra dice desde la UdeC que el hecho de que cambie el esquema de financiamiento “generando mejores oportunidades para estudiantes que no se encuentran financiados por gratuidad no afecta o cuestiona la existencia misma de esta política”, aunque advirtiendo que “la necesidad de incorporar aporte de las familias en los deciles 7, 8 y 9 debería ser parte de la discusión legislativa si el proyecto es acogido a trámite”, considerando que actualmente el proyecto apunta a aquello solo para el decil 10.
