Distinto a 2020 y 2021, cuando las instituciones de educación superior funcionaron principalmente de forma telemática o híbrida a causa del Covid-19, este 2022 la presencialidad ha sido la norma. Así, poco a poco la vida estudiantil comenzó a retomarse como se conocía hasta antes de la crisis sanitaria. Y de la mano con ello, coincidencia o no, también bajaron los reclamos y denuncias a ese tipo de casas de estudio.

Así lo demuestran las cifras de la Superintendencia de Educación Superior (SES) a las que accedió La Tercera y que consignan que, desde el 1 de enero al 3 de octubre de 2022 se ha registrado un descenso importante en el número de reclamos y denuncias presentadas en contra de las instituciones de educación superior. En ese periodo de este año ha habido 2.933 solicitudes a la plataforma de Atención Ciudadana de la SES, lo que significa una caída del 10% respecto al mismo período del año pasado (3.264) y un 7% respecto de 2020 (3.167).

Una razón que podría explicar dicho resultado es la mejora en las condiciones sanitarias, en el contexto de la pandemia por Covid-19, que redujo de manera considerable las condiciones que llevaron a las casas de estudios durante 2020 y gran parte de 2021 a implementar, por razones de fuerza mayor, modalidades de enseñanza a distancia, de manera de proteger a sus comunidades y, al mismo tiempo, de resguardar el derecho a la educación de sus estudiantes”, dicen desde la SES, donde agregan que a partir de este año, la totalidad de las casas de estudios del país han avanzado decididamente hacia una mayor presencialidad, “retomando así la modalidad de enseñanza acordada originalmente con sus estudiantes”.

Esto último llevó a que, por ejemplo, la SES iniciara un tercer proceso de fiscalización extraordinario (ya habían hecho dos en medio de la pandemia) para verificar el estado de normalización del servicio educacional.

Según explican desde la propia entidad fiscalizadora y acorde la legislación, el reclamo “es la petición formal realizada a la Superintendencia para que ésta intervenga como mediador en la controversia o problemática existente entre el reclamante y alguna de las instituciones de educación superior fiscalizadas”.

La denuncia, agregan, “es el acto formal a través del cual se informa a esta Superintendencia de un incumplimiento legal o normativo por parte de una institución de educación superior, a fin de que ésta investigue los hechos y, en caso de corresponder, instruya los procedimientos administrativos sancionatorios que la ley establece”.

En detalle, de las 2.933 solicitudes que se han presentado este año 2.655 corresponden a reclamos (90,5%) y 278 a denuncias (9,5%). El tipo de reclamante es, en su mayoría, estudiante de pregrado (1.399), seguido por ‘otros’ (550) y luego egresados (387).

En la Superintendencia destacan que seis de cada 10 presentaciones declaradas admisibles terminaron con resultado favorable para el reclamante (62,8%), indicador que marca un alza de cinco puntos porcentuales respecto de igual periodo del año pasado. Los casos, además, se han cerrado como segunda causa mayoritaria por rechazo fundado (28,7%).

Según el tipo de institución de educación superior requerida en los reclamos y denuncias, las universidades son las que concentran el mayor número, con un 55,3% del total. Luego siguen los institutos profesionales (34,9%) y más atrás los centros de formación técnica (9,7%).

Materias de reclamos y denuncias (del 1 de enero al 3 de octubre de 2022)
MateriaNúmero de casosPorcentaje
Resolución académica46416%
Plazos excesivos tramitaciones32711%
Calidad del servicio educativo2238%
Cobros por retiro/suspensión académica2207,5%
Desorden administrativo2207,5%
Beneficios estudiantiles1705,7%
Condicionamiento por deuda1454,9%
Evaluación académica1194%
Pérdida de beneficios estudiantiles atribuibles a IES1163,9%
Acusación de irregularidades1013,4%

¿Las razones de los reclamos? Hay diferencias si se compara con el mismo periodo de 2021. Este año la categoría que concentra el mayor número de presentaciones es la administrativa (33,8%), mientras que el año pasado era lo académico (35%), razón que en 2022 bajó al segundo lugar, con un 32,7%, seguida por razones de carácter financiero (26,6%).

Por otra parte, según la ubicación territorial de las instituciones requeridas, el 63% se concentra en la Región Metropolitana, seguida por el Biobío (6,3%) y el Maule (3,5%).