A casi una semana de la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, sigue creciendo la tensión por los alcances de un anuncio en torno a un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y la promesa de condonación -devenida al concepto de “solución”- del Crédito con Aval del Estado (CAE). Si por un lado La Moneda busca contener la fisura oficialista, en la vereda de la oposición persisten los cuestionamientos a la insistencia de la idea. Y en medio de eso, las entidades a cargo de administrar el CAE han presentado en los últimos días cifras relevantes, como aquellas que señalan que la mayoría de los deudores con pago activo del crédito gasta menos de 2UF mensualmente en ello.
En su cuenta pública la Comisión Ingresa -administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores- entregó algunos datos que ha consignado La Tercera, como que el total de la deuda al 31 de diciembre de 2023, incluidas las cuotas de quienes están al día y de los morosos, era de UF 283 millones, es decir, cerca de US$ 11.900 millones, con la tasa de morosidad experimentando su mayor salto en 2022 y 2023.
Ese informe anual también contenía datos sobre la distribución de los deudores según el monto de la cuota CAE que deben enfrentar hasta la fecha de vencimiento mensual y previo a la aplicación del beneficio del Pago Contingente a la Renta, que es la rebaja de la cuota al 10% de la renta del deudor, en el caso de aquellos que solicitaron ese subsidio.
Para tal análisis, Ingresa consideró solamente a aquellos estudiantes que mantienen su cuadro de pago activo, por lo que no estuvieron incluidos en la revisión los deudores que mantienen cuotas impagas, tienen sus créditos acelerados, se les ejecutó el cobro de la garantía debido a una morosidad prolongada o aquellos que no registraban saldo adeudado al 31 de diciembre del año pasado.
En ese sentido, el informe presenta por separado las cuotas promedio de estudiantes que egresaron de sus carreras, y las de aquellos que desertaron en medio de los estudios, pero que alcanzaron a acceder al CAE. Al juntarlos, son aproximadamente 413.500 las personas analizadas, es decir, que tienen su cuadro de pago activo. De ellos, 373,4 mil son egresados y 40,1 mil desertores.
En general, las cifras dicen que 199,2 mil personas entre egresados y desertores, es decir el 48,2% de todo el universo con pago activo, desembolsan menos de 1 UF mensual ($ 37.390 al 23 de mayo), con un promedio de 0,54 UF, es decir, $20.191. Hay, además, 122.100 personas aproximadamente que pagan entre 1,01 y 2 UF, con un promedio de 1,44 UF ($ 53.842) cada 30 días. De este modo, para el 77,7% de las personas con pago activo, su cuota promedio es de 0,88 UF, es decir, $32.903.
En mayor detalle, el 78% de los estudiantes que egresaron y que tienen cuadro de pago activo tiene una cuota mensual no mayor a 2 UF ($ 74.780), pero en promedio el valor mensual que pagan es de 0,88 UF ($ 32.930) y el saldo promedio que mantienen es cercano a 179 UF ($6.692.000). A ese grupo se suman otros 67 mil egresados que tienen una cuota de entre UF 2 y hasta UF 4, con un promedio mensual de 2,73 UF ($102.076). En esos cuatro primeros tramos de cuota se concentra el 95,9% de los egresados.
Por otra parte, la distribución de los deudores que desertaron con cuadro de pago activo dice que el 74% de ellos tiene cuotas menores a 2 UF ($ 74.780, con un monto promedio mensual de 0,88 UF ($ 32.930), con un saldo promedio de 87 UF ($ 3.252.000).
Garantías ejecutadas
El informe de Ingresa, además, hace referencia a las garantías ejecutadas, es decir, cuando hubo que hacerse cargo de los créditos de aquellos deudores -egresados y desertores- que incumplieron el pago de su deuda.
En total, las garantías ejecutadas tanto para el Fisco como para las instituciones de educación superior han acumulado, desde la puesta en marcha del CAE en 2006, UF 47,9 millones, es decir, cerca de US$ 1.968 millones, cifra que corresponde sólo al egreso de caja efectivo desembolsado para pagar las garantías y no incluye la menor recaudación por no pago de estudiantes egresados cuyos créditos fueron financiados por el Fisco.
El organismo presenta, además, la tasa de cobro de garantías como resultado del cociente entre el número de garantías ejecutadas y el número de deudores en mora. “Esa tasa es importante por una razón más bien operativa: ayuda a analizar con qué velocidad los bancos comienzan a ejecutar las garantías de la cartera morosa”, reseñan.
Y así, se expone que en el caso de los deudores egresados la tasa de cobro de garantías entre 2012 y 2014 bordeó, en promedio, el 17% respecto del total de deudores con cuotas impagas. Pero a partir de 2015 se produce un quiebre en la tendencia, aumentando dicha tasa al 34%; luego al 47%, en 2016; 51%, en 2017; 54%, en 2018 y 2019; 62%, en 2020; 70% en 2021; 72% en 2022; y el 73% en 2023.
“El aumento observado a partir de 2015 se explica, principalmente, por dos motivos: desde 2011 se dejó estipulado en las bases de licitación para la administración y el financiamiento del CAE un plazo máximo de 8 meses a contar del primer vencimiento impago para presentar la demanda y cobrar la garantía; y que en respuesta a ese plazo límite los bancos realizaron mejoras operativas que significaron aumentar considerablemente su capacidad de cobro de garantías”. En particular, para el Fisco, el pago de garantías por incumplimiento de deudores egresados aumentó un 31% en 2023.
Ingresa, además, teoriza que el aumento de 2020 podría estar relacionado “al deterioro en el pago de los créditos que siguió al estallido social y al negativo efecto económico de la pandemia” y que en el aumento de 2023 ha incidido “no solamente el aumento de la morosidad debido al deterioro de la disposición a pagar el crédito, sino también la mayor propensión de los bancos a cobrar las garantías, con la mayor celeridad posible, de modo de ir reduciendo, con ello, su participación en el financiamiento del CAE”.
Situación similar también se observa respecto de los deudores que no terminaron sus estudios, donde el costo que tanto el Fisco como las instituciones de educación superior han debido asumir por concepto de pago de las garantías aumentó en 2023 respecto del año anterior. El año pasado el monto total de garantías pagadas fue cercano a UF 9,2 millones, un 19,5% mayor a la de 2022.
