Luego de un período de discusión de reglamentos, hace casi un mes se inició formalmente el debate de la Convención Constitucional, que dentro de sus temas de mayor interés está el analizar cómo estará consagrada la salud y con qué sistema organizativo.

En ese contexto, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (Unab) realizó una encuesta que arroja resultados decidores y que apuntan a que una gran mayoría de los chilenos cree que, en más o menos grado, el sistema de salud debe sufrir modificaciones.

Si se considera que el 67% de los encuestados cree que el futuro sistema de salud chileno debe tener cambios profundos respecto del actual y que 29% opina que debe tener solo algunas modificaciones, la sumatoria dice que un 96% apunta a reformarlo en alguna medida. En tanto, apenas un 2% cree que se debe mantener igual y el otro 2% no sabe.

“La gente opina que el sistema tiene carencias y que, por tanto, se requiere una cantidad de cambios importantes”, dice sobre los resultados de la encuesta Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Unab.

Marcela Garrido, académica del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la U. de los Andes, afirma que la mixtura de sistema que existe en Chile “hace que tengamos distintas realidades, dependiendo del presupuesto disponible y del sistema al que uno esté afiliado”. Y aunque ve falencias tanto en lo privado como en lo público, asegura que el país tiene buenos indicadores en salud y una esperanza de vida por sobre Latinoamérica. Pese a eso, añade, “todavía tenemos muchas cosas por hacer para cubrir necesidades que a veces no se notan tanto”.

En tanto, Óscar Arteaga, jefe del programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, analiza así el sistema de salud chileno: “Tiene, en términos comparativos, bastantes aspectos positivos: la organización, el prestador y una adecuada coordinación entre el nivel primario y hospitalario”. Eso sí, añade, “evidentemente también hay un problema importante de falta de capacidad de respuesta y que se expresa en lista de espera para atenciones médicas y atenciones quirúrgicas lectivas”. Eso, además, de que a su juicio en Chile existe un sistema que determina el acceso a la salud “en función de los niveles de ingresos”.

Por eso, dice el médico, esperaría que la Constitución “pudiese dejar establecido el derecho a la salud como uno fundamental, lo que en términos amplios implica no solo la posibilidad de acceder a ella, sino que podamos todos desarrollarnos en un ambiente en que los diferentes factores sociales que inciden en la salud de las personas también estén garantizados”.

“Espero que la definición que se haga a nivel constitucional permita que, por ejemplo, que podamos construir un fondo único para todos, que sea el que nos financie a todos las prestaciones que puedan darnos prestadores públicos o privados que estén integrados. La pandemia demostró que es posible, con una entidad salvaguardando el bienestar de todos”, cierra.

La académica Garrido concuerda: “Es de esperar que la salud no dependa de los ingresos que uno tiene, a eso se reduce. Vimos que la gestión centralizada de camas durante la pandemia funcionó al unirse la red pública y privada; esto podría dar resultado para dar prestaciones de salud más universalmente sin tener que eliminar a los privados de los prestadores”.

De todas maneras, añade, el foco de la Constitución también debe apuntar a la prevención y promoción, “y eso significa tener visión de salud en todas las políticas, como transporte, leyes tendientes al alcohol, áreas verdes, planificar ciudades. No hay que esperar a que la gente se enferme”.

La encuesta de la Unab también abordó otros temas: al hacerles elegir por dos áreas que deben discutirse en la Convención dentro de siete posibles, las tres mayorías en orden decreciente de preferencias fueron así: derechos garantizados para todas las personas independiente de su situación socioeconómica (62%), la existencia o no de un sistema de salud igual para todos (36%) y la eliminación de las discriminaciones de género u otras en los planes de salud (27%).

Sánchez -en el pasado superintendente de isapres- dice que “la gente no está por un servicio estatal de salud en el que se nivele a todos hacia abajo, sino que sea diverso, pero con un nivel mínimo igual para todos”.

De igual manera, la consulta arrojó que un 59% es optimista frente a la instancia: 37% cree que la redacción de la nueva Constitución traerá algunos cambios positivos para el sistema de salud y un 22% opina que las modificaciones favorables serán muchas. Mientras, un 17% cree que no traerá cambios, un 7% que implicará alteraciones negativas y un 6% que significará algunos cambios negativos.

“Muchas personas en la Convención creen que por el solo hecho de haber sido elegidas representan genuinamente el pensamiento de la gente y la probabilidad de que eso no sea así es alta, entonces la Convención debiera estar abierta a recibir este tipo de insumos”, añade Sánchez, quien cierra que en caso contrario “sería repetir el defecto que los mismos convencionales le han criticado al sistema político, que ha dejado de tener contacto con la gente”.

¿Quiénes son los integrantes de la Comisión sobre Derechos Fundamentales de la Convención que tendrán a su cargo, dentro de otras cosas, la discusión de lo relativo a la salud?

Los coordinadores de dicha comisión, la más numerosa, son Damaris Abarca y Matías Orellana, y son, en total, 33 los integrantes.

Por colectivos, está definida así: por Vamos por Chile están Teresa Marinovic (independiente-UDI), Rocío Cantuarias (independiente-UDI), Katherine Montealegre (UDI), Claudia Castro (UDI), Alfredo Moreno (UDI), Manuel José Ossandón (RN) y Bárbara Rebolledo (independiente-Evópoli).

Mientras, el Colectivo del Apruebo tiene a Felipe Harboe (PPD) y Luis Barceló (independiente-PPD); los socialistas tienen a Matías Orellana, César Valenzuela, Patricio Fernández y Adriana Cancino, y el Frente Amplio cuenta con Mariela Serey, Tatiana Urrutia, Damaris Abarca y Aurora Delgado.

Asimismo, desde Independientes No Neutrales están Benito Baranda, Gaspar Domínguez y Javier Fuschlocher; Chile Digno cuenta a Roberto Celedón y Valentina Miranda, y de Movimientos Sociales están los representantes María Elisa Quinteros y Janis Meneses.

Los miembros de la ex Lista del Pueblo son Giovanna Grandón, Dayyana González, Elsa Labraña, Natalia Henríquez y María Rivera; mientras los pueblos originarios están representados por Isabela Mamani (aimara), Fernando Tirado (chango), Lidia González (yagán) y la machi Francisca Linconao (mapuche).

Hasta aquí, la comisión suma nueve sesiones, según se puede apreciar en el sitio web de la Convención. Y si bien los temas aún no se han tratado en profundidad, algunos de los constituyentes se adentran en el debate.

“El sistema de salud requiere una serie de cambios y mejoras, principalmente la salud pública en Chile y a nivel constitucional esta discusión se va a dar”, dice Rocío Cantuarias, quien plantea que el sistema de salud chileno debiese tener previsión pública, privada y mixta.

Eso sí, la abogada electa por el distrito 20 es cauta de cara al futuro: “La norma constitucional no va a solucionar los problemas en el sistema de salud chileno, porque eso debe darse principalmente a nivel legislativo y, por cierto, a nivel de políticas públicas”. Y cierra: “Generar tantas expectativas en términos de que el cambio constitucional va a mejorar la calidad del sistema de salud a los chilenos es muy ingenuo. Puede empeorar, pero si es que no se permite la salud privada”.

En tanto, Janis Meneses, representante del distrito 6, asegura que en el sistema de salud chileno “hay una crisis multidimensional” y que se debe comenzar por establecer un orden: “Garantizar el derecho a la salud constitucionalmente, luego avanzar a diseñar un nuevo sistema de financiamiento con foco en el sistema público de salud y crear estructuras democráticas en las instituciones de salud del Estado”.

A su vez, Giovanna Grandón, del distrito 12, asevera que “es claro que nuestro sistema de salud necesita ser reformado y la crisis sanitaria dejó esto aún más en evidencia”. Por eso, cree, Chile necesita un sistema público “donde todas las personas tengan acceso a una salud digna y de calidad. Que el acceso a salud sea un derecho y no un privilegio”.