El 22 de noviembre del 2019, en pleno estallido social, ingresó hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una de las primeras querellas en contra de los altos mandos de Carabineros por apremios ilegítimos de funcionarios de la policía a manifestantes de la crisis social de ese año. Con el pasar de los convulsionados días, se irían sumando una a una nuevas acciones judiciales, las que llegaron a sumar 2.340 en contra de la policía uniformada solo por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Si bien no todas esas querellas iban destinadas a quienes encabezaban la policía uniformada y el gobierno, y que se sumaron a las interpuestas por diferentes organizaciones o personas naturales, las que involucraban a las autoridades finalmente fueron agrupadas por el Ministerio Público en dos aristas: la denominada “lesa humanidad”, en la cual se investigan violaciones sistemáticas a los DD. HH y otra catalogada como “alto mando”, donde se indaga la responsabilidad de los máximos oficiales de las policías en las vulneraciones de derechos de parte de carabineros a manifestantes.

Esta última derivó en que el 2 enero de este año la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cargo de la indagatoria, solicitó formalizar al entonces general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; al exdirector, Ricardo Rozas -quien encabezó la institución durante el estallido- y al exsubdirector, Diego Olate.

Pese a una serie de intentos por suspender y postergar la audiencia de formalización, finalmente se desarrollará este martes 1 de octubre a las 9 de la mañana en la sala 103 C del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Fuentes de La Tercera, afirman que se tratará de una extensa audiencia de formalización, pues si bien la Fiscalía habría solicitado cinco días para ocupar esa sala, esta está reservada -solo para esta causa- hasta más de 30 días.

Durante este tiempo el Ministerio Público leerá a los cargos que la fiscal Ximena Chong les imputará a los exgenerales tras años de investigación y que derivó en la renuncia de Yáñez, el pasado viernes, al cargo de general director de Carabineros ante su inminente comparecencia ante la justicia. En la audiencia la Fiscalía también deberá solicitar las medidas cautelares en contra de los otrora funcionarios policiales, mientras que sus defensas expondrán sus argumentos en contra.

1.386 causas: el número clave

El delito por el cual la fiscal Chong formalizará a Rozas, Yáñez y Olate corresponde a la omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio”. Esto quiere decir que los altos oficiales de la policía uniformada no habrían realizado las acciones necesarias para evitar que los carabineros desplegados en el estallido social vulneraran los derechos fundamentales de los manifestantes.

En concreto en el caso de Yáñez se le cuestiona sus labores mientras era jefe de Orden y Seguridad en ese periodo, un cargo que supervisa las labores operativas y que entrega directrices para la operación de la policía uniformada en las calles.

Foto: Andrés Pérez

Precisamente las funciones que desarrollaban, la capacidad de control del actuar policial y la calificación jurídica de “omisión” es lo que la defensa de los imputados ha cuestionado. También han sostenido que los oficiales sí tomaron las acciones necesarias para evitar los apremios que siguen siendo investigados por la Fiscalía, dictando órdenes para aquello o, por ejemplo, suspendiendo el uso de las escopetas antidisturbios.

Pese a eso, la Fiscalía imputará -según lo que existe actualmente en la carpeta investigativa- 1.386 causas de vulneración de DD. HH. en las cuales se les cuestiona a los exgenerales haber omitido acciones para evitarlas.

Foto: Andrés Pérez

Susana Borzutzky, defensa de Rozas, afirmó días atrás en entrevista con La Tercera que la Fiscalía está intentando responsabilizar a los exgenerales de causas que individualmente aún no tienen responsables y que llegan “a una audiencia de formalización sin saber qué hechos se les van a imputar a nuestros representados”, sosteniendo que no se detallan lugares ni víctimas en los que tendrían implicancias los imputados.

En abril de este año, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, durante una audiencia de cautela de garantías en este caso, afirmó que “los antecedentes de quiénes son las personas, dónde fueron lesionadas, en qué calle, las regiones de su cuerpo afectadas, el mecanismo lesionador y en definitiva cualquier información relativa a estas personas, la defensa cuenta con exactamente los mismos antecedentes del Ministerio Público”.

El tira y afloja de Fiscalía con las defensas

La vinculación del general Yáñez con esta causa es algo que marcó la última parte de su gestión. Ya en noviembre del año 2023, la defensa del recién oficial acogido a retiro, encabezada por el abogado Jorge Martínez solicitó su sobreseimiento, sosteniendo que diferentes organismos habían descartado una sistematización de los apremios ilegítimos durante el estallido. “El director de Carabineros no puede seguir vinculado a esta investigación”, sostenía el escrito del año pasado.

En ese mismo periodo, además, la defensa de Yáñez pidió al fiscal nacional, Ángel Valencia, que inhabilitara de la causa a los fiscales Armendáriz y Chong “por haber demostrado ambos, con hechos concretos su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director (…) y la institución de Carabineros”. Valencia no les quitó la causa a los persecutores, pero sí reasignó la arista “lesa humanidad” -que también la investigaba la Fiscalía Centro Norte- al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Si bien la diferencia entre imputados y persecutores quedó patente en ese requerimiento, el conflicto entre las partes venía gestándose desde antes. En casi una decena de veces, la fiscal Chong citó a declarar al general (r) de Carabineros, quien se excusó afirmando que no podía por cuestiones propias de la agenda de su cargo. Sin embargo, en la solicitud de inhabilitación de los fiscales, la defensa de Yáñez afirmó a que también se debía porque “para nuestro representado, ambos funcionarios públicos no le dan garantía de un justo y debido proceso”.

Una disputa previa en tribunales

Luego de que tras casi cinco años de investigación la Fiscalía concretara la solicitud de audiencia de formalización, la diferencia con las partes también escaló a diferentes instancias judiciales. A la solicitud de sobreseimiento de Yáñez en noviembre del 2023, después se sumarían otras arremetidas judiciales, como órdenes de no innovar ante el tribunal para suspender la instancia, la cual fue fijada por el tribunal, inicialmente, para que se realizara el 7 de mayo.

Los requerimientos de la defensa del entonces general director de Carabineros se vieron intensificados después de que el gobierno instaurara el denominado “criterio Tohá” el cual establece que en caso de que cualquier autoridad sea formalizada debe renunciar a su cargo. En ese escenario, y ante su inminente formalización, en abril el general Yáñez recurrió al Tribunal Constitucional (TC) afirmando que en ese proceso existían vulneraciones a sus garantías constitucionales, para lo cual pidió la suspensión de la audiencia, algo que fue rechazado por aquel organismo mientras revisó el fondo del asunto.

Sin embargo, la madrugada del 27 de abril, el homicidio de tres funcionarios de Carabineros en Cañete, Región del Biobío, provocó que tanto la defensa como la propia Fiscalía solicitaran al tribunal la postergación de la audiencia, la cual fue agendada para este martes 1 de octubre.

En este nuevo escenario la defensa del general Yáñez recurrió nuevamente a los tribunales, esta vez pidiendo una postergación debido a que el abogado Martínez se encuentra con licencia médica. Pero esa solicitud fue negada por el tribunal, lo que provocó que los abogados del general presentaran un recurso de reposición a aquello y pidieran una audiencia de cautela de garantías acusando vulneración de derecho a la defensa, lo que también fue rechazado, así como todas sus reposiciones.

Yáñez también recurrió, como una de sus últimas cartas, a la Corte de Apelaciones de Santiago presentando un recurso de amparo, el que fue declarado inadmisible. Durante el fin de semana, apeló a dicha decisión -ahora fuera de Carabineros- ante la Corte Suprema. Pese a eso, hasta ahora nada ha logrado detener la inminente formalización de este martes, a la cual Yáñez -pese a todos los intentos- se presentará como un carabinero en retiro.