La declaración a la que adhiere Chile en Ecuador para combatir el crimen organizado en la región

Durante la tarde del domingo, los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve, y de Justicia, Jaime Gajardo, llegaron hasta Guayaquil, Ecuador, para participar de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad.

Llegaron bajo fuertes medidas de seguridad, incluyendo una escolta que los acompañó desde que bajaron del avión, hasta la revisión de las habitaciones del hotel en que se hospedan, el Hilton Colón.

La cápsula de seguridad estaba compuesta por tres autos y cuatro motoristas, comentan fuentes de gobierno, mientras que el hotel se mantuvo en todo momento resguardado por efectivos militares.

En la instancia, organizada por el gobierno de ese país y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), participan dignatarios de países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Perú, Panamá y Paraguay para abordar las implicancias de la criminalidad en la región. Así las cosas, el foro que comenzó este lunes se extenderá hasta este martes.

La encargada de abrir los fuegos fue la ministra del Interior de Ecuador, Mónica Palencia, quien señaló que “las actividades del crimen organizado internacional requieren de, como dijo el presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, una alianza en la seguridad regional. Estoy para abordar este flagelo se requiere una perspectiva integral, multisectorial y coordinada a nivel regional”.

A su turno, el Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfatizó en la importancia del trabajo en conjunto de los países americanos: “La violencia que estamos enfrentando no es ajena a ninguno de nosotros, es un reto de todos, porque sus causas son compartidas y solo con acciones compartidas y coordinadas podremos ser exitosos”.

Este martes Chile suscribirá un acuerdo regional para la creación de la Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo. Dicha instancia se constituiría como “una plataforma regional de cooperación, destinada a apoyar a los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) en la generación y difusión de conocimiento, así como en la implementación de políticas públicas que aborden los desafíos de la criminalidad organizada en la región”.

Fuentes de gobierno señalan a La Tercera que la instancia “complementaría las redes y plataformas ya existentes, promoviendo el diálogo, la cooperación y el intercambio de conocimiento en la región”.

Con todo, se busca proporcionar “financiamiento, asistencia y asesoría técnica a los países miembros. Estos recursos se destinarían al desarrollo de proyectos piloto para probar soluciones innovadoras en la prevención y respuesta al crimen y la violencia, así como para escalar intervenciones exitosas basadas en evidencia”.

Los ejes serían tres: Limitar la intervención del crimen organizado en los grupos vulnerables, fortalecer los sistemas de justicia y penitenciarios, y crear mecanismos que apunten a cortar los flujos de financiamiento de las bandas.

En su intervención de hoy, el subsecretario del Interior abordó varios puntos. Por ejemplo, el control de los territorios de las bandas criminales, el armamento de los delincuentes y el control de las fronteras en materia de inmigración irregular. Sobre esto, Monsalve pidió “la determinación de nuestros países del control de fronteras, porque a través de nuestras pasan las estructuras criminales, la trata de personas, el tráfico de drogas y de armas”.

“No es posible que hoy día alguien ingrese al territorio nacional, que sea un inmigrante irregular, y yo no pueda saber quién es, no pueda saber qué antecedentes penales tiene, qué antecedentes migratorios tiene. Y no tenga la posibilidad de compartir con otros países una información que es esencial para la seguridad del territorio. En materia de colaboración, el control de la frontera y el intercambio de información e inteligencia debe ser considerado esencial”, dijo Monsalve.

Por su parte, el subsecretario Gajardo agregó: “Los circuitos para combatir el crimen organizado tienen que incluir los circuitos de justicia. Es decir, desde la persecución penal, la integridad al interior del Poder Judicial y el sistema penitenciario”.

En ese sentido, reconoció que la región comparte “problemas comunes”, como tener “mucha gente en prisión preventiva, que lo único que hace es aumentar las capacidades de cooptación dentro de los sistemas penitenciarios por parte de las bandas de crimen organizado. Tenemos que hacer una persecución penal que sea efectiva y que nos permita reducir la prisión preventiva en nuestros países”.