“El delito es móvil”: alcaldes presionan al gobierno para extender el plan Calle Sin Violencia en todo el país

“El delito es móvil (...), si bien se puede focalizar la denuncia en una comuna, el delito se puede preparar en otra área y así simultáneamente”.

En los últimos días, la frase ha sido recalcada por distintos alcaldes a lo largo del país. Sobre todo, luego de que el pasado jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, anunciaran el adelanto del plan de intervención policial en 30 comunas del país, medida tomada por el gobierno para enfrentar la crisis de seguridad agudizada tras el asesinato del suboficial Daniel Palma.

El anuncio abrió una serie de presiones políticas y municipales para extender en plan policial a todas las comunas de Chile y así no estigmatizar.

Ese mensaje volvió a ser recalcado este martes en La Moneda por la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), luego de la reunión que las directivas de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), de la Asociación de Municipios de Chile (AMUCH) y de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) sostuvieron con los subsecretarios del Interior, Manuel Monsalve; de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y de la Subdere, Nicolás Cataldo, donde fueron informados de los cuatro ejes del despliegue, el cual comenzará con la etapa de “patrullajes policiales efectivos”.

Según comentaron quienes estuvieron presentes en la cita, dicha presencia policial se concentrará en primera instancia en nueve regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins y Ñuble, y en particular en 10 comunas. Las escogidas fueron Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, Copiapó, Iquique, Arica y La Pintana. Posteriormente, se espera que a esas comunas se sumen progresivamente las otras 20 restantes que el Ejecutivo comprometió la semana pasada.

Pese a la información oficial entregada por los subsecretarios a los alcaldes durante la jornada de este martes, la ministra del Interior aseguró que las comunas a intervenir serán informadas de manera oficial una vez que hayan tomado contacto con todos los jefes comunales involucrados en el plan.

El patrullaje descrito por las autoridades del gobierno -según la información que se les presentó en La Moneda- implicará un aumento de la presencia de Carabineros “en sectores altamente conflictivos, para disminuir la percepción de inseguridad, priorizando los sectores y horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios”. También se desarrollará un plan de fiscalización “intensivo” en esas comunas, con foco en el tráfico y el porte ilegal de armas, y la realización de controles de identidad y búsqueda de personas con órdenes de detención pendientes, entre otras medidas.

Pese a que el anuncio fue valorado por las autoridades municipales presentes, las inquietudes de cuáles serán -o no- las próximas comunas escogidas para la intervención de seguridad es una duda que aún persiste.

Así lo expuso la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de ACHM, quien aseguró que dentro de la mesa de trabajo se planteó a los subsecretarios que el plan de intervención policial pueda extenderse en todo el país, y que las 30 comunas escogidas solo sean “el puntapié inicial” para la creación de una política nacional contra el delito que pueda ser financiada bajo un presupuesto estatal.

En esa línea, la edil sostuvo que desde el gobierno hubo una recepción positiva a sus requerimientos para abrir la intervención a nivel nacional y así evitar la marginación y posibles estigmatizaciones de zonas que queden fuera del proyecto. Mientras que Maximiliano Ríos (PPD), alcalde de Lo Prado y presidente de la comisión de seguridad de la Asociación Chilena de Municipios, señaló que fueron “invitados para permanecer en un comité permanente que pueda dar seguimiento a esta política pública”.

Por su parte, el alcalde de Pirque y presidente de Amur, Jaime Escudero (Ind.), sostuvo que hoy como gobierno y municipalidades se está “perdiendo la batalla contra la delincuencia. El país vive momentos de crisis en el ámbito de seguridad”. Frente a esto, el edil remarcó la solicitud hacia el gobierno de acelerar los planes en cuanto a seguridad para poder “manejar esto de manera fructífera, porque no es posible que asesinen a tres carabineros en 23 días en actos de servicio”.

Al conocer que La Araucanía no formaría parte de la primera intervención policial, el alcalde de Temuco, Roberto Neira (PPD), lamentó la decisión del gobierno. En conversación con La Tercera, el edil remarcó la grave crisis de seguridad ciudadana en la que se encuentra sumergida tanto su comuna como la región.

“(Temuco), la capital regional más pobre de Chile queda fuera y con el gobierno no he tenido ninguna conversación oficial al respecto. Entiendo que existen comunas y casos más graves a nivel nacional, pero como alcalde de Temuco puedo asegurar que la situación en determinadas zonas de la ciudad está muy complicada”, expresó.

Asimismo, Neira recalcó que “la delincuencia y sobre todo la recuperación de espacios públicos es tarea de todos. Los esfuerzos como municipio junto a Carabineros han sido grandes, pero el Ejecutivo debe comprender que esta región ha sido rezagada históricamente y el avance sigue estando por debajo del promedio nacional”.

Por su parte, el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, aseveró que “para nosotros hay algunas comunas que tienen un nivel de complejidad delictual alto. Esas son las comunas de Los Ángeles, Concepción, Hualpén, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Chiguayante y Coronel. Estas tienen un alto nivel de complejidad, con barrios donde se han instalado personas que se dedican al comercio de droga; balaceras, fuegos artificiales, existen en estas comunas bajas dotaciones policiales y han sucedido crímenes con un nivel de ensañamiento distinto al que había hace cinco años”.

Díaz agregó que “hay un problema práctico al ampliar el plan a nivel nacional, porque los policías son de una cantidad acotada. Y aumentar el número de policías no va a ocurrir de la noche a la mañana, por lo tanto, el ejercicio de focalizar es razonable. Lo que uno esperaría es que como el fenómeno de la criminalidad está presente en distintas regiones del país, haya un equilibrio en la focalización de las iniciativas en la RM con intervenciones en otras comunas”.

Pese a que la Región del Biobío no fue incluída expresamente en la lista de zonas a intervenir, la comuna de Concepción sí está contemplada para el patrullaje policial. Para el alcalde de la zona, Álvaro Ortíz, (DC), la decisión fue valorada, sobre todo por la inyección de recursos que permitirá la continuación “de la persecución penal, el reforzamiento de la actividad policial, infracciones e incivilidades (...). Como capital regional concentramos la mayor cantidad de servicios y por ende mayor flujo de personas. Día a día trabajamos para que los habitantes de nuestra ciudad y quienes nos visiten se sientan seguros y tranquilos”.

En medio de este revuelo, la tarde de ayer se conformó un grupo de trabajo paralelo de autoridades del Ejecutivo llamado “Estado Presente”, un pilar preventivo del programa Calles Sin Violencia y que busca actuar sobre un segundo anillo de 120 comunas más, identificadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), que requieren mayor coordinación, inversión en seguridad y acciones preventivas.

Para ello, ayer en la tarde se reunieron las jefaturas de diez subsecretarías, del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) y del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) en dependencias de la SPD, para acordar este nuevo plan que contará con una inversión directa por parte de esa institución bajo un criterio de “mínimo común preventivo” en término de recursos para seguridad. Además, se acelerará el proceso de Patrullajes Mixtos que la SPD ha estado promoviendo en el país de la mano de Carabineros y la presencia de programas dirigidos a barrios habitacionales y comerciales.

En la reunión, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, propuso que este grupo de trabajo operativo se mantenga en el tiempo con reuniones mensuales y contrapartes operativas permanentes. Otros presentes propusieron, además, que se avance en programas conjuntos en prevención, como es el caso de los Patios Culturales del Ministerio de Cultura con la SPD o como el trabajo conjunto que se lleva adelante con el Senda.