El desconocido informe en que Contraloría cuestiona eficiencia del Plan de Reactivación Educativa e inflación de su presupuesto

“El Presupuesto 2023 destina cerca de $250 mil millones para el Plan de Reactivación Educativa”. Hacia fines de 2022, Marco Antonio Ávila, entonces ministro de Educación, abrió la discusión. El titular de la cartera aseguraba que el Mineduc contaba con una millonaria cifra para poner freno a las consecuencias de la pandemia.

Inmediatamente, diversos entendidos en materia presupuestaria y educativa salieron a cuestionar al secretario de Estado y su ministerio. Decían que en realidad el monto al que hacía referencia Ávila obedecía al presupuesto total de Educación que no estaba dirigido a subvenciones, más que a un plan específico de reactivación.

“Decir que se trata de recursos destinados a la revinculación, atribuyéndolos a una iniciativa liderada por el gobierno, parece poco prudente”, señalaba en ese entonces, por ejemplo, María Paz Arzola, investigadora de Libertad y Desarrollo, quien encontró respaldo en Juan José Obach, director ejecutivo del centro de estudios Horizontal: “Para el 2023, el incremento anual real del presupuesto del Mineduc es de 4,6%. Este aumento se explica, principalmente, por un aumento de las subvenciones, más recursos a la Junaeb y más recursos para la educación superior. En ninguna de estas partidas se encuentra un plan de reactivación educativa integral”.

Con todo, al interior de la cartera defendían a brazo partido su forma de calcular los recursos. “No es ponerle un apellido, sino dirigir los esfuerzos para que tributen al Plan de Reactivación”, decían, insistiendo que lo que hicieron fue reorientar recursos. “Es usar equipos que ya trabajaban enfocados en una nueva tarea”, señalaban en los pasillos del Mineduc, insistiendo que el Presupuesto 2023 enfocó los recursos que administra el ministerio y que no estaban comprometidos a otras cosas, hacia el plan.

Esa vez, por solicitud de La Tercera, desde el Mineduc señalaron que, en total, consideraron 10 programas para hacer referencia a 250 mil millones: cinco del capítulo 01 del Presupuesto; uno del capítulo 04; tres del capítulo 03, y uno del capítulo 17, los que totalizaban $249.336.305.502, pero sin querer detallar a qué glosas correspondían, solo mencionando de modo general algunos programas de la cartera, como el de Subvenciones a los Establecimientos Educacionales o Salud Escolar de Junaeb. Y nada más.

“Es irresponsable hablar de un programa de reactivación educativa de $250.000 millones, sin identificar el gasto en la Ley de Presupuestos″, decía al respecto Obach.

Y aunque en el ministerio preferían ser cautos incluso con esas propias cifras entregadas, porque los números podían variar, Ávila insistía que habían “destinado recursos para este desafío prioritario, no solo a través de los 250 mil millones, sino también del aumento de las subvenciones escolares. Tendremos un 2023 con más recursos”.

El tema es que Contraloría General de la República (CGR) le asestó hace poco un duro golpe a esos cálculos de la cartera educativa, hoy ya con Nicolás Cataldo como ministro, Alejandra Arratia como subsecretaria de Educación, y Joaquín Walker como secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa.

La entidad fiscalizadora decidió verificar que la cartera haya implementado los procedimientos para ejecutar la Política de Reactivación Educativa Seamos Comunidad y el Plan de Reactivación Educativa, respectivamente, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, así como practicar un examen de cuentas a los recursos invertidos en dicho plan, verificando la procedencia del gasto, el cumplimiento de los requisitos de legalidad, probidad y resguardo del patrimonio público. Y el resultado es decidor.

“Se verificó que la Subsecretaría de Educación incluyó dentro de la Política de Reactivación Educativa Seamos Comunidad 2022 y el Plan de Reactivación Educativa 2023, programas y/o iniciativas que fueron elaborados en años anteriores. Sin embargo, fueron catalogados dentro de esa política, contabilizando recursos invertidos por $201.660.883.453, en circunstancias que se verificó que los programas creados para esa política en específico solo involucraron un monto de $17.527.934.675, es decir, se invirtió en la política un 91% menos de los recursos indicados por la Subsecretaría de Educación. Cabe señalar que lo anterior corresponde solo a una constatación de hecho de los recursos invertidos en la citada Política de Reactivación Educativa, y no constituye una observación”, se lee en el Informe N° 455/2024 del ente contralor, fechado el 15 de noviembre de 2024, donde se le ponen plazos al Mineduc para corregir diversas situaciones.

Es decir, CGR le dijo al Mineduc lo que ya advertían los expertos: que no se podía hablar de recursos destinados a la revinculación, asegurando que pertenecían a una iniciativa del gobierno.

Pero eso no es lo único que cuestiona Contraloría. En su informe también señala que los cuatro programas que revisó para esta auditoría, todos parte de la Política de Reactivación Educativa, “tuvieron una baja ejecución sobre la cobertura de establecimientos educacionales a nivel nacional”. Y detalla que en el periodo analizado el Programa Territorial de Convivencia y Atención en Crisis llegó a 17% de las comunas de Chile, cubriendo a un 11% de los establecimientos educacionales y a un 16% de los estudiantes. Que el Programa A Convivir se Aprende tuvo una adhesión de un 27% de las comunas del país, de un 13% del total de establecimientos educacionales y de un 17% de estudiantes.

Asimismo, que el Programa Kits Tecnológicos para la Transformación Digital alcanzó una cobertura en 74% de las comunas del país, pero que corresponden a 8% de los establecimientos educacionales a nivel nacional y a un 6% del universo de estudiantes. Finalmente, el Programa Equipos Territoriales de Revinculación y Asistencia abarcó un 72% de las comunas, 22% de establecimientos educacionales, y, en este caso particular, se desconoce la cantidad de alumnos que participaron, “toda vez que la Subsecretaría no acreditó dicha información”, según se lee.

Contraloría añade que, dado que la Política de Reactivación Educativa Integral intentaba responder a los efectos de la pandemia, las situaciones anteriormente expuestas “dan cuenta de una magra cobertura de establecimientos educacionales y de alumnos, a nivel nacional, con los referidos programas, lo que no se ajusta a los principios de eficiencia y eficacia establecidos en los artículos 3°, 5°, 11 y 53, de la ley N° 18.575″.

“Se comprobó que la Subsecretaría de Educación no verificó que las entidades ejecutoras de los programas hayan aportado íntegramente los montos acordados en los convenios suscritos para la ejecución de los programas, y cuyo monto total asciende a $554.802.037″, dice otra de las pesquisas de la CGR, mandatando a la subsecretaría a realizar las acciones comprometidas y acreditar los aportes convenidos en un plazo de 60 días hábiles, es decir, casi tres meses, los que se cumplen a mediados de febrero, aunque igualmente la Contraloría advertía al Mineduc que llevaría a cabo un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Asimismo, CGR señala que la Subsecretaría de Educación “no controla ni supervisa las rendiciones de cuentas” de las entidades ejecutoras, así como que no cuenta con fundamentos técnicos para acreditar que los montos pagados a las entidades ejecutoras por los servicios prestados -varios de ellos por universidades- correspondan a un precio acorde con las actividades a desarrollar en los plazos establecidos. “Debido a lo anterior, no fue posible determinar si los precios cobrados por dichos servicios estaban sub o sobrevalorados”. Esto último también sería incluido en el procedimiento disciplinario.

Incluso, al momento de entregar sus conclusiones, CGR dice que la Subsecretaría de Educación aportó antecedentes que han podido salvar “solo parte de las observaciones planteadas en el preinforme de auditoría”, o que en lo sucesivo la repartición del Mineduc “deberá velar porque los programas que elabore y ejecute cumplan con los objetivos propuestos”.

Respecto de este informe, desde el Mineduc es Joaquín Walker, secretario ejecutivo del plan, quien toma el guante: “Tal como se comunicó en ocasiones anteriores, los recursos destinados al Plan de Reactivación Educativa involucran programas e iniciativas que contribuyen a los objetivos de recuperación y mejora del sistema educativo pospandemia, enmarcado en tres ejes: Convivencia y Salud Mental, Fortalecimiento de Aprendizajes, y Asistencia y Revinculación”. Y que, como tal, aquellos planes y programas que contribuían a estos objetivos “fueron agrupados al alero de este plan para generar una mejor articulación y orientación, sea con recursos nuevos o no, buscando un mayor impacto en la reactivación educativa”. Y suma: “Tras la apertura de los establecimientos luego de la crisis sanitaria, (el Mineduc) redobló sus esfuerzos para direccionar dichos recursos hacia los desafíos preexistentes que se agudizaron en ese período”.

Sobre si fue poco prudente plantear la idea de los 250 mil millones de pesos, Walker insiste que el Presupuesto 2023 incluyó recursos por ese monto, “englobando tanto acciones nuevas como otras preexistentes, pero que contribuían a los objetivos de la reactivación”, incluyendo recursos de infraestructura y tecnología. De todos modos, aclara, en 2024 se reconfiguró la forma de consignar los recursos del plan, “identificando solo las actividades que cuentan con una novedad o reorientación sustantiva y las asignaciones creadas específicamente para el plan”. Así, el presupuesto en 2024 bajó a $73 mil millones.

Asimismo, sobre los cuestionamientos a la eficacia y eficiencia del plan, el profesional señala que CGR hace referencia a ciertos programas y no a todo el plan. “Estos programas forman parte de estrategias diseñadas para abordar desafíos específicos y, por ello, tienen una cobertura focalizada; conforme a sus objetivos técnicos, no buscan atender a toda la población, sino que priorizan a quienes más lo necesitan o constituyan su público objetivo. En este contexto, retruca Walker, “la focalización de estos programas es coherente con los principios de eficiencia y eficacia establecidos en la normativa vigente, ya que permite dirigir los recursos públicos hacia las necesidades más urgentes, logrando una gestión más efectiva y ajustada a los diagnósticos especializados”.