Reacciones casi inmediatas del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y de la fiscal jefa de Melipilla, Verónica Monje, se produjeron tras una denuncia de Carabineros. Se trata de tres funcionarios con síntomas de coronavirus, quienes acusaron una supuesta discriminación en el Hospital de Melipilla, por habérseles negado la atención médica. Tanto la autoridad de gobierno como la persecutora catalogaron la situación de “grave” y “preocupante”.

El incidente está actualmente bajo investigación de la Fiscalía Occidente. El ministro Blumel afirmó que “es un hecho absolutamente inaceptable, es una traición al juramento médico de proteger la salud de las personas. El no proteger la salud de todas las personas, sean civiles o carabineros, es un acto de discriminación inaceptable, es un hecho absolutamente repudiable”.

Sobre lo mismo, el secretario de Estado agregó que “hemos hablado con las autoridades del Ministerio de Salud para que se realicen las investigaciones sumarias, se aclaren las circunstancias de los hechos y, de haber hechos irregulares, tengan sanciones que sean rigurosas, porque este tipo de situaciones no pueden permitirse”.

En medio de la discusión por este tema, también hay otras versiones que desestiman los cargos, como las del doctor involucrado y del Colegio Médico.

Según las declaraciones de los denunciantes -contenidas en la indagatoria penal a la que accedió a La Tercera-, la sargento segunda Irene Aravena fue a ese centro asistencial cerca de las 16.30 horas del jueves debido a que tenía dolor de cabeza y de espalda cuando intentaba respirar.

Cuando llegó, había tres carabineros más en la entrada del recinto hospitalario esperando ser atendidos, entre ellos el sargento segundo Sammy Alvarado y el carabinero David Avello. La denuncia indica que una enfermera llamó a Avello y le habría preguntado por qué no fue a la Clínica Los Maitenes, ya que ahí tenían convenio.

De acuerdo al testimonio de la sargento Aravena, en la Urgencia había tres médicos, dos hombres y una mujer, conversando sobre la atención de los funcionarios. Y uno de ellos supuestamente dijo: “Hay muchos pacos (sic), no atenderemos pacos”. Se trató, dijo Aravena, del doctor Rubén Ibarra, de nacionalidad venezolana.

Aravena aseguró que después entró a la Urgencia la carabinera Marilyn Riquelme, quien se quedó cerca de cinco minutos esperando en el box y salió con una nota que tenía escrito el nombre del doctor que estaba de turno y dos números de teléfono. La carabinera dijo que el médico le había pedido que sus jefes se contactaran con él a través de esos números, para explicar que los funcionarios se debían trasladar al hospital institucional o a la Clínica Los Maitenes, donde existe un convenio para la atención de carabineros.

Riquelme declaró que cuando estaba en el box, el doctor Ibarra le señaló que no le harían el PCR, debido a que teniendo solo síntomas lo que correspondía era que le dieran una licencia médica por 14 días, pero que para eso era necesario que fueran a la Clínica Los Maitenes, donde tienen convenio, o al hospital institucional. Y que por eso, para explicarle la situación a un superior, le pasó una nota con su número de teléfono.

De acuerdo a la denuncia, el médico les dijo que no era su intención negarles la atención de urgencias, pero según su apreciación no era recomendable realizar un PCR.

Los tres carabineros señalaron que se sintieron humillados y discriminados.

En el hospital

El vicepresidente del Capítulo Médico del Hospital de Melipilla, Jaime Mendoza, negó que el doctor Ibarra haya incurrido en una conducta discriminatoria. Según dijo, Ibarra le señaló que “había dos médicos atendiendo a los pacientes Covid sospechosos. Llegan cinco funcionarios que exigen que les hagan la muestra para PCR y es ahí cuando Ibarra les explica que siendo casos de contacto estrecho no se hace PCR y solamente se les debe dar el reposo de 14 días”.

Añadió que “Carabineros no tiene el sistema de licencia médica electrónica; por eso, el médico de turno les pidió a una de las funcionarias el teléfono del superior para explicarle que no se les va a tomar PCR, pero que sí necesita la licencia por los 14 días y que ellos no se la podían dar”.

Según Mendoza, Ibarra le indicó que logró contactarse con un oficial superior, quien entendió la situación, pero una sargento de todas maneras estableció el reclamo: “Es ella la que se retira y no espera la atención”, manifestó.

En la misma línea, el presidente del Capítulo Médico del hospital, Juan Eduardo González, indicó que “cuando se suscitó el problema el doctor fue llamado como jefe del turno y solucionó el problema. Había una discusión entre las enfermeras y colegas, sobre las licencias (...) y el doctor dijo que al menos les prestáramos la atención y eso fue lo que se hizo”. Agregó que el director del hospital ordenó una investigación sumaria “para detectar si alguien dijo la frase de que no se atiende a pacos, la cual rechazamos”.

A la Contraloría ingresó una denuncia sobre lo ocurrido, por lo que el organismo le pidió al hospital que responda a las acusaciones realizadas en un plazo máximo de 10 días hábiles.