A dos meses de las Fiestas Patrias, la Contraloría General de la República hizo llegar a los gobiernos comunales un documento que imparte instrucciones en relación con eventos culturales y de esparcimiento organizados por las municipalidades.
El documento precisa que los municipios y demás entidades públicas, en el marco de actividades de este tipo “que lleven a cabo en cumplimiento de sus funciones, deberán adoptar todas las medidas necesarias para que las presentaciones y espectáculos incluidos en ellos no promuevan mensajes que inciten al odio u hostilidad hacia personas en razón de su sexo, religión, nacionalidad, orientación sexual y discapacidad, entre otros”.
“Del mismo modo, las autoridades y funcionarios deben implementar las acciones idóneas para precaver y evitar que en dichas actividades culturales o de esparcimiento -especialmente aquellas financiadas con recursos públicos-, se incluya o permita el fomento o promoción de mensajes contrarios a las garantías previstas en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile, especialmente aquellos que inciten a atentar contra la vida o la integridad física; que afecten la dignidad de las personas; que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes -como ocurre, por ejemplo, con la pornografía infantil-; que incentiven, promuevan o publiciten actividades calificadas como infracciones o delitos por nuestra legislación -tales como el tráfico de drogas, el porte o uso ilegal de armas, la asociación ilícita o la trata de personas-; u otras actividades que pudieren afectar el orden público, los bienes públicos y la seguridad interior y exterior de la Nación”, se indica.
Este planteamiento llama a recordar la polémica por la participación, que finalmente no se concretó, del artista mexicano Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar de este año, por el contenido de sus canciones y su presunto vínculo con el narcotráfico.
Por otro lado, con las elecciones de alcaldes y concejales ad portas, el instructivo recuerda que “no resulta procedente que se incorpore la imagen de la autoridad edilicia como una práctica asociada a la difusión de las actividades municipales, toda vez que ello implica una infracción a las normas relativas al empleo de recursos del organismo en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales”.
El documento firmado por la contralora general subrogante, Dorothy Pérez Gutiérrez, instruye a todas las jefaturas de las municipalidades, para que, “en el marco de sus deberes de control jerárquico respecto de sus subalternos, adopten todas las medidas necesarias a fin de que se dé íntegro cumplimiento a lo señalado”.
