Luego de que el 3 de abril la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Tatiana Escobar resolviera dejar en libertad a 12 imputados investigados en la causa llamada “primera línea”, que se relaciona a las detenciones masivas que hizo Carabineros cerca de Plaza Italia por desórdenes públicos, hoy la Corte de Apelaciones de Santiago cambió la medida cautelar de firma mensual por arresto domiciliario total.
Las ministras Mireya López, Jenny Book y el abogado Rodrigo Asenjo resolvieron que "de acuerdo al mérito de los expuesto por los intervinientes, se es del parecer, que existen antecedentes suficientes, por ahora, de participación de los imputados en el delito por el cual se les formalizó".
Además, señalaron "que desde la perspectiva anterior los nuevos antecedentes allegados dicen relación con informes sociales que dan cuenta del arraigo familiar que tienen los imputados y conforme a ello se es de parecer que la medida cautelar que permite garantizar los fines del procedimiento y, a la vez, la seguridad de la sociedad que se vio amenazada por los desórdenes públicos en que participaron los imputados, es la de arraigo domiciliario total, como lo ha pedido la parte querellante".
Los imputados han pasado por varios cambios de medidas cautelares. Cuando fueron formalizados, el tribunal decretó su firma bimensual. Sin embargo, el Ministerio del Interior apeló y pidió su prisión preventiva, a lo que la Corte de Apelaciones accedió e ordenó la prisión para los imputados mayores de edad.
Esto, hasta que el juez de garantía Daniel Urrutia revocó la medida de oficio apuntando a razones humanitarias y la pena asignada al delito. Ante esto, el tribunal de alzada instruyó un sumario en contra del magistrado Urrutia y volvió a decretar la medida cautelar más gravosa para los investigados. Luego, vino la resolución del 3 de abril en que se decretó su libertad.
El abogado defensor de dos de los imputados en la causa, Ramón Sepúlveda, dijo que "esta resolucion es contraria a la normativa legal que regula las medidas cautelares y a los principios del sistema procesal penal, hoy no existe sustento alguno para esta medida, como tampoco la hubo para la presión preventiva”.
Agregó que “lamentablemente acá la discusión que se está dando es política , siendo un mal síntoma que la justicia sea instrumentalizada por el gobierno para reprimir las protestas”.
