El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Alex Cortez Meza, se reunieron este martes en un “Comité Anti-Homicidios”, con alcaldes de la zona sur de la región.

La instancia busca generar una institucionalidad y un sistema de gobernanza que permita diseñar y ejecutar acciones para prevenir y perseguir los homicidios y otros fenómenos vinculados al crimen organizado en ese punto de la ciudad.

Tras la reunión, las autoridades se refirieron a la aplicación de tecnología RTM, Risk Terrain Modeling o Modelamiento de Riesgo de Terreno, implementada con Fundación Paz Ciudadana desde diciembre de 2022.

“Frente a la crisis de seguridad que estamos viviendo como ciudad no nos hemos querido quedar de brazos cruzados si bien no tenemos atribuciones, hemos puesto recursos, en este caso más de 1.000 millones de pesos para buscar una alianza inédita en nuestro país entre una fundación especializada como Paz Ciudadana la Fiscalía Sur de Santiago y 12 municipios de la zona sur para hacer este observatorio de homicidios y de crímenes graves en este territorio”, explicó Orrego.

La herramienta incorporó 36 factores georreferenciados en 12 comunas, como el número de botillerías, restaurantes, proyectos inmobiliarios, paraderos de transporte público y otros, para correlacionar esos datos con la comisión de delitos con la finalidad de apreciar qué factores explican de mejor manera la comisión de homicidios y de otro tipo de delitos graves.

Mayor parte de homicidios se ejecutan en una mínima fracción de territorio

“Hay comunas en que el 40% de los homicidios y delitos graves se ejecutan en el 5% del territorio. Esta información es fundamental para efectos de poder mejorar la persecución penal que hace la fiscalía pero sobre todo prevenir la comisión de delitos. Una sociedad inteligente no se dedica solamente a contar muertos y a recoger cuerpos se dedica a prevenir”, destacó el gobernador.

Si bien se detectan patrones comunes, cada comuna puede tener un factor específico para determinar la ocurrencia de delitos.

Orrego afirmó que el uso de la herramienta puede ser ampliado a toda la región.

“No vamos a estigmatizar ninguna comuna en particular, ningún dato, pero que en una comuna en particular, el 40% de los homicidios se cometen en el 5% del territorio, para esa autoridad comunal, para la fiscalía y para el gobierno regional, es una información muy importante para focalizar recursos y para prevenir”, enfatizó la autoridad regional.

“Permite focalizar esfuerzos”

El fiscal Alex Cortez destacó el valor predictivo de los datos.

“Siempre como Ministerio Público hemos tenido los datos de dónde se cometen los delitos y cuántos delitos se cometen. Con esta herramienta vamos a obtener ahora es la respuesta de por qué en esos lugares se cometen delitos. Cuáles son los factores que influyen en que exista un número más alto de delitos en determinados lugares. Por tanto, es un trabajo mucho más anterior, es preventivo, es predictivo, en relación a lo que estábamos haciendo”, señaló.

En esa línea, resaltó la importancia de la complementación con otros organismos, como las municipalidades que “tienen información mucho más precisa de los territorios”.

“Esta herramienta nos permite focalizar los esfuerzos, que se hacen tanto desde el punto de vista investigativo como desde el punto de vista preventivo, en relación a evitar delitos y a perseguir criminalmente a los imputados que participan en esto. Por lo tanto, la herramienta va a ser utilizada tanto por el Ministerio Público para la investigación, como por las municipalidades para lo que dice relación con la prevención”, planteó el fiscal.

El método se sustenta en la criminología ambiental y la evaluación de riesgos. La técnica se basa en la presencia de factores del entorno, que se correlacionan con la ocurrencia de estos ilícitos. Ello permite predecir delitos de más baja ocurrencia -pero mayor gravedad- como los homicidios, o los que no presentan un patrón de comportamiento espacial, como los delitos contra la propiedad, que exhiben una alta frecuencia y concentración. Estas cualidades han llevado a que su uso se haya extendido durante la última década, testeándose en diversos países como Austria, Japón, Estados Unidos y Colombia.