Elizalde dice que el veto establece “penas de cárcel para todas las usurpaciones”, pero insiste en que hay matices en tomas “sin violencia”

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, volvió a abordar este martes el veto presidencial a la ley de usurpaciones que el Congreso Nacional aprobó el 30 de agosto, observaciones que han generado diversas reacciones en el mundo político.

Las indicaciones que envió La Moneda -un total de 14 vetos- buscan eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que permitiría -a juicio del Ejecutivo- una “autotutela” o “justicia por mano propia”. Es decir, el dueño de un terreno ocupado podía recurrir a la fuerza con medios propios, sin auxilio de Carabineros, para recuperar su inmueble.

Asimismo, las observaciones del Ejecutivo también pretenden suprimir la penalización de usurpaciones “transitorias”, por ejemplo, aquellas tomas ejecutadas en el contexto de una manifestación o una huelga. Y además contempla una modificación de la escala de sanciones según la gravedad de las usurpaciones, pero manteniendo en todas las situaciones la posibilidad de una pena de cárcel.

Ante las críticas que generó el veto, principalmente en la oposición, el secretario de Estado planteó en entrevista con Radio Duna que “primero, nosotros queremos una nueva ley de usurpaciones, segundo, esta ley tiene que establecer mecanismos idóneos para restablecer el imperio del derecho de la manera más rápida posible, y eso está consagrado en las indicaciones que ha presentado el gobierno, tercero, somos partidarios de sancionar a las personas que inescrupulosamente hacen negocio con las tomas y con las usurpaciones”.

En esa misma línea, el ministro de la Segpres explicó que “nuestra diferencia es que producto que el delito tiene efectos permanentes, y nosotros planteamos que el delito debía tener efectos permanentes especialmente para contar con todas estas herramientas adicionales, eso no significara que transcurrido el tiempo un particular pudiera ejercer la fuerza para expulsar a los presuntos usurpadores, porque eso generaría más violencia y es está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico como regla general”.

En segundo lugar, planteó la gradualidad de las sanciones: “En la forma en que se genera el delito, mientras más grave el delito más grave la pena, obviamente mientras menos grave debiese ser en un sentido contrario”.

Sin embargo, recalcó que “en el veto del gobierno todas las formas de comisión de usurpación tienen pena de cárcel, todas”.

“Lo que pasa que en lo que se define como usurpación sin violencia y la que se realiza sin daño a las cosas establecemos que el juez, dependiendo de las circunstancias, podría eventualmente aplicar una multa”, dijo.

Es que a juicio del gobierno, detalló el titular de la Segpres, “no es lo mismo que un grupo armado entre a un predio a expulsar a las personas provocando todo tipo de daños, a que una persona en situación de calle en un sitio eriazo se instale con un par de tablas para tener un lugar donde vivir, y en Chile eso es más generalizado de lo que se cree”.

En ese punto, Elizalde dijo “que nosotros entendemos Carabineros siempre ha tenido esta atribución (para desalojar las ocupaciones ilegales) solo que ahora se hace explícita, para que sea más expedita. Pero supongamos que hay una ocupación con 400 personas, con niños, y circunstancias complejas, obviamente que Carabineros tiene que evaluar la forma en que realiza el desalojo. Pero existe la facultad en la ley para que no haya debate al respecto.”

“En el caso del juez, a petición de parte, obviamente el juez ordena la restitución inmediata del inmueble sin esperar el fin del juicio, no sé si se entiende el matiz entre un caso y otro”, añadió.

“El punto del gobierno es que tenemos que legislar pensando no solo en el caso de La Araucanía, sino que en todo Chile”, remarcó.

Esa postura del gobierno, respecto de que existen matices entre usurpaciones violentas y otras ocupaciones que no, ha sido duramente criticada desde la oposición.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), este lunes señaló: “Desde mi perspectiva toda usurpación es violenta por naturaleza, porque afecta el derecho de otra persona, entonces no entiendo bien la naturaleza del veto, que lo que busca es hacer estas diferencias que existen – a mi juicio- solo en la mentalidad de quienes diseñaron esta política, porque toda usurpación es violenta. Es violenta cuando usurpan a un agricultor en La Araucanía, es violenta cuando usurpan a un asignatario de vivienda social en el Maule o en Biobío”.