En entrevista con radio Valentín Letelier, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, confirmó información dada a conocer por Chilevisión respecto a la existencia de mensajes que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla, actualmente formalizado y en prisión preventiva por el caso Audio.

Esto, en la antesala de la revelación de chats que la defensa de Hermosilla anunció que materializará la tarde de este jueves.

El caso Audio se inició para indagar presuntas coimas a funcionarios públicos de parte de Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos. En noviembre se incautó el teléfono del penalista y en el análisis de las comunicaciones que estaban allí registradas se iniciaron otras indagatorias. Tras acceder a la carpeta con el respaldo de esa información, Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano del abogado imputado, anunció que daría a conocer parte de su contenido.

¿Qué dijo Perivancich?

“Los motivos de comunicación por chat con el abogado Luis Hermosilla entre 2020 y hasta diciembre de 2021 corresponden a coordinaciones propias de las actuaciones que desarrollábamos como Fiscalía Regional a cargo de la causa investigada por eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto del estallido social, habida cuenta que dicho abogado representaba a varias personas, entre ellos los subsecretarios del Interior Juan Francisco Galli y Rodrigo Ubilla”, explicó la fiscal.

Perivancich aseguró que “no hay ninguna comunicación respecto de algún otro asunto o investigación”.

“En concreto, el abogado Hermosilla no fue abogado de ningún interviniente en la causa Dominga que posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía Regional”, sostuvo.

En enero de este año, se cerró la investigación en la aludida causa y se solicitó el sobreseimiento definitivo.

En enero de 2019, recién asumida en el cargo de fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich debió asumir la posta que dejó su antecesor, Pablo Gómez, quien lideró la investigación del llamado caso SQM. La fiscal regional también lideró la indagatoria de eventuales delitos de lesa humanidad en el marco del control de orden público durante las protestas del llamado estallido social del 18 de octubre de 2019, causa en que figuraba el expresidente Sebastián Piñera como querellado y que fue reasignada en marzo de 2022 a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.