Este miércoles se dio inicio al “Seminario Internacional Proyecto Inocentes: Error, daño y reparación”. Instancia realizada por la Defensoría Penal Pública y con la cual busca conmemorar los 10 años de funcionamiento del “Proyecto Inocente”, iniciativa de dicha institución con la cual se busca visibilizar aquellos casos en los que por errores judiciales las personas hayan estado privadas de libertad y siendo absueltas posteriormente.
Durante ese evento, el defensor nacional Carlos Mora, informó que son 25.020 personas las que han estado en prisión preventiva durante los últimos diez años y las cuales finalmente fueron declaradas inocentes, al ser absueltas en un juicio oral. Cifra que se eleva a 39.235 si es que se suman desde el inicio de la Reforma Procesal Penal que inició el año 2000. De las cuales más de 2.500 son mujeres.
En esa línea, Mora concluyó que “las causas que pueden explicar los errores que llevaron a que personas inocentes fueran privadas de su libertad, son múltiples. Por ejemplo, una denuncia falsa, una pericia defectuosa o una investigación plagada de sesgos confirmatorios”, aseveró, recalcando que “como Defensoría Penal Pública, continuaremos trabajando para velar por la presunción de inocencia y por el derecho que tiene cada persona a una defensa penal de calidad y una resolución justa. Sobre todo, cuando personas son imputadas por la comisión de un delito y luego se comprueba su inocencia”.
Mujeres tras las rejas
Además, del total de personas apresadas y que terminaron siendo inocentes, según cifras de la Defensoría Penal, durante la última década fueron 2.592 las mujeres que estuvieron tras las rejas siendo que eran inocentes, tema que fue abordado por el defensor nacional Carlos Mora, en medio de la inauguración del evento que reúne a diferentes expositores en la materia. Dentro de esta cifra, además se contempla que 103 de ellas eran extranjeras.
Además de eso, el Proyecto Inocentes también suma otras 94.965 mujeres que estuvieron con procesos judiciales abiertos mientras se encontraban en libertad. Lo que posteriormente concluyó en que esas mujeres eran inocentes y finalmente nunca fueron condenadas o culpables de los delitos que se les imputaba y por los cuales tenían una causa judicial abierta.
Según explicó el defensor nacional, en el caso de las mujeres “las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad son -por lo general- ignoradas por los sistemas penitenciarios que fueron diseñados para hombres, incluyendo las necesidades de salud sexual y reproductiva, derivadas de sus experiencias con la pobreza, la malnutrición, la violencia física, sexual y psicológica”.
“Sabemos que existe un trato desigual hacia la mujer imputada, pues, aunque constitucionalmente se consagra el derecho a la equidad, existe diferencia de trato entre hombres y mujeres en el sistema penal, y peor aún, cuando hablamos de mujeres injustamente encarceladas”, agregó.
Durante el evento de este miércoles, además, estuvo presente Nardy Ribera, una joven de nacionalidad boliviana quien estuvo recluida luego de que fuera detenida, supuestamente, con un cargamento de cocaína siendo que en verdad se trataba de queratina, un producto para el cabello.
En ese contexto, Mora concluyó que “ella fue detenida en la frontera luego que un test rápido de drogas indicara que llevaba cocaína en tres frascos de productos cosméticos. Tras pasar seis meses en la cárcel, un informe del Instituto de Salud Pública estableció que lo que portaba no era cocaína, sino un producto para el pelo llamado queratina. A pesar de existir una pericia concluyente, su causa se mantuvo vigente por años hasta lograr ser sobreseída. Ella y su familia aún sufren el daño de esa pericia errónea”.
Reparación para estos casos
El defensor nacional aseguró que a través del Proyecto Inocentes buscamos reparar -en lo posible- el daño que sufren quienes han estado en la cárcel sin ser culpables, haciendo públicos sus casos y brindándoles apoyo legal gracias a la alianza público-privada que tenemos con fundaciones como Pro Bono, Proyecto B, y prontamente, gracias a las gestiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la Corporación de Asistencia Judicial”.
Aquello surge luego de que de las 76 personas que forman parte del Proyecto Inocentes, sólo seis de ellas han logrado una compensación del Estado, tras tomar acciones legales en contra del Fisco. Entre estos casos, figura el caso de un hombre de La Serena, quien recibió $40 millones de parte del Estado luego de que fuera declarado inocente de un caso de violación en el que las pruebas confirmaron que no había ocurrido y por lo cual estuvo 79 días tras las rejas.
Misma situación que un profesor de música acusado de abusar de una niña en el Colegio Altamira. Tras ser declarado inocente de dichas acusaciones, el docente demandó y ganó un juicio al Fisco, recibiendo $80 millones de compensación tras pasar 17 meses preso.
Para revertir lo anterior, durante la jornada además se anunció un convenio entre la Defensoría Penal Pública y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), la cual permitirá que los abogados de las oficinas de Derechos Humanos de esta última repartición puedan representar a las personas que integran el “Proyecto Inocentes” en demandas civiles en contra del Estado y con las cuales buscan ser indemnizados. Algo que no pueden realizar los defensores penales públicos.
“Como Defensoría Penal Pública, continuaremos trabajando para velar por la presunción de inocencia y por el derecho que tiene cada persona a una defensa penal de calidad y una resolución justa. Sobre todo, cuando personas son imputadas por la comisión de un delito y luego se comprueba su inocencia”, concluyó Mora este miércoles.
