Este miércoles, en el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, se desarrolló la audiencia solicitada por querellantes para la revisión de medidas cautelares reales del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.
Las medidas cautelares reales apuntan a la disposición patrimonial o administración del imputado y se fijan para asegurar la existencia de bienes suficientes para una eventual reparación o indemnización de un delito.
La audiencia se realizó a partir de las solicitudes realizadas por la representación de la empresa Best Quality y el Consejo de Defensa del Estado en cuanto a imponer medidas cautelares reales con la prohibición de celebrar actos y contratos de bienes muebles e inmuebles del imputado. La fiscal Giovanna Herrera adhirió a lo solicitado por las partes querellantes.
Se espera que el tribunal comunique su decisión este jueves.
Querellantes apuntan a bienes del alcalde
El abogado querellante Christian Espejo, representante del exconcejal Mauricio Smok, hizo hincapié en que “lo que importa es resguardar los bienes para poder resguardar el patrimonio defraudado”.
“Lo que se defraudó ya a Recoleta son sobre los 900 millones de pesos. Por lo tanto sus bienes, el día de mañana, al ser ejecutados, podrán de alguna manera restablecer ese patrimonio perdido por los recoletanos”, afirmó.
Jadue permanece en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de la Cárcel de Alta Seguridad, desde el 3 de junio, imputado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como autor de los delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal, relacionados a operaciones financieras de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
El debut de Manríquez y la estrategia internacional
“Tenemos nosotros una posición bastante clara en el sentido que a estas alturas del proceso no hay ningún hecho concreto del cual poder afirmarse para decir que Jadue va a dilapidar o deshacerse de los pocos bienes que tiene, incluso en comunidad. Y por otro lado, creemos que es imposible sostener que Best Quality sea un estafado en esta causa si a su vez está su representante legal formalizado por un cohecho y es imposible sostener que ha ocurrido un fraude al fisco en una entidad privada”, señaló el abogado Juan Carlos Manríquez, debutando en su rol de representante del alcalde en diálogo con la prensa en el Centro de Justicia.
Manríquez precisó que Ramón Sepúlveda seguirá trabajando “en otras labores” de la defensa, precisando que se han sumado otros juristas “como consejeros, como asistentes analistas, tanto a nivel nacional como internacional”.
“Algunos de ellos ya están llegando al país dentro de estos días. Y estamos ya afinando una presentación en la justicia internacional respecto de otros efectos colaterales de la causa que dicen relación con los derechos políticos y de participación cívica del señor Jadue”, anunció.
El 18 de julio es fecha clave
El abogado manifestó que “un elemento importante” a considerar en el trabajo que realizan, es el hecho de que al verse impedido de ejercer como alcalde, Jadue sería cesado en su cargo el 18 de julio.
“Los procesos penales sabemos son lentos, son complejos, hay que darles su tiempo. Evidentemente el señor Jadue, como cualquier justiciable, le gustaría estar sirviendo su cargo público nuevamente. Pero eso está sujeto a las dinámicas del proceso. El efecto que se produce aquí es que si alguien está impedido de llegar a la municipalidad, físicamente, por 46 días cesa en el cargo. Nosotros sostenemos que ese es un efecto contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al Pacto de San Salvador, produce efectos anticonstitucionales en Chile y es una manera en que ya sea el alcalde de izquierda, de derecha, de centro, cualquier opositor, puede utilizarlo para alterar la voluntad de su votantes y eso es muy peligroso en un Estado democrático”, señaló.
El abogado sostuvo que “hay tres casos resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han declarado contrario a la carta la cesación de los alcaldes en su cargo antes de una sentencia condenatoria por efectos de reglas secundarias, como aquellas, por ejemplo, que impiden volver por fuerza mayor”.
A su juicio, en este caso la fuerza mayor es un proceso penal que “puede utilizarse en uno u otro sentido para alterar la voluntad de los votantes”, insistió.
En línea con la estrategia de defensa, se presentó una solicitud urgente de revisión de cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el requerimiento de que sea discutida antes del 18 de julio. El escrito es firmado por Gonzalo Boye Tuset, abogado chileno que, según recoge El Mundo de España, fue parte del equipo jurídico del exempleado de la CIA Edward Snowden, representó al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y que fue condenado en su juventud por colaborar en el secuestro de un empresario a manos de ETA.
Por otro lado, se activó una estrategia de difusión en la página web www.danieljadue.cl y en las redes sociales del alcalde. Jadue dispuso que su familia y el Partido Comunista tomen el control de sus cuentas en X, Facebook e Instagram. Allí se difundió una carta que escribió el día de su cumpleaños y en la que da cuenta de esa decisión. “He solicitado a mi familia y mi partido que pasen a gestionar mis redes sociales para que pueda estar permanentemente conectado con ustedes”, indicó el jefe comunal en la misiva.
