Con la presencia del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, este martes la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados retomó la discusión del proyecto que pretende dejar atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea el nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES). En concreto, durante la sesión los parlamentarios comenzaron a discutir las 120 indicaciones que tanto ellos -en su mayoría provenientes de la oposición- como el gobierno se habían propuesto ingresar hasta el 7 de marzo. En todo caso, las modificaciones prometen seguir apareciendo.
Y si el lunes se conocieron las primeras modificaciones que propone el Ejecutivo, las que no abordaban los aspectos más conflictivos, ahora es posible saber el detalle de las indicaciones que se están proponiendo desde la vereda de los diputados, algunas de las que prometen elevar aún más la tensión del debate.
Por ejemplo, Sergio Bobadilla (UDI) propone en cuanto a la retribución, uno de los temas que ha generado disenso al existir la posibilidad de que algunos beneficiarios terminen pagando más dinero que el utilizado para financiar su carrera al calcularse la devolución en tiempo y no en plata, que “el monto total retribuido al Fisco, por concepto de la obligación señalada en el inciso precedente, no podrá superar el monto nominal financiado, reajustado anualmente por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)”. Agrega, además, que “dicha retribución tendrá el carácter de crédito para todos los efectos legales”.
En esa misma línea, las diputadas Karen Medina (de la bancada Demócratas y Amarillos e independientes) y Mónica Arce (del comité DC e independientes) proponen que la retribución sea “calculada proporcionalmente conforme al porcentaje total de financiamiento y al tiempo de duración del mismo”. Otros diputados proponen ajustes similares.
Otra indicación que se intuye generará conflicto y a la que en el Mineduc ya le ponen ojo también es de Bobadilla, la que tiene relación con el artículo 2 del proyecto del gobierno, en el inciso que detalla los requisitos de las instituciones para adscribirse al nuevo sistema. Si el texto original dice que deben “estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro”, el diputado UDI propone eliminar lo referido al lucro, lo que en el oficialismo es visto como una apuesta para reponerlo en la educación superior. El mismo parlamentario también propone eliminar el artículo que exige información pública a las instituciones adscritas.
Los diputados Marcia Raphael y Hugo Rey (ambos RN), en tanto, si bien no buscan eliminar este artículo, sí le hacen algunas modificaciones, como no publicar sueldos o transferencia y donaciones. Además, hacen hincapié en cambiar la palabra “contribución” cada vez que se menciona por “pago” o “restitución” (la comisión ya aprobó cambiar “contribución” por “pago”, pero rechazó “contribuir” por “restituir”), así como que podrán adscribirse al beneficio todas las instituciones que cumplan los requisitos y no solo las reconocidas por el Estado, como está en el proyecto original.
Del mismo modo, si en el texto del Ejecutivo hay personas con rentas de hasta 7,5 UTA exentas de retribución, los dos parlamentarios RN proponen afectarlas a una tasa del 5%, así como que “la persona beneficiaria podrá acordar libremente con la Comisión Ingresa un esquema de pagos que considere un plazo menor o efectuar prepagos”.
Bobadilla también ingresó una indicación que apunta a que el beneficiario podrá ingresar una solicitud de pago anticipado (cosa no permitida en el texto original) de todo o parte del monto y que el saldo se retribuye hasta el pago total del monto enterado por el Fisco para sus estudios, y no más. El UDI además busca ampliar el copago que deberían efectuar los beneficiarios, que originalmente sólo estaría permitido para el décimo decil. Él, por ejemplo, propone que a los estudiantes de los seis deciles más bajos no se les cobre si es que pidieron el 100% del arancel de referencia, y que si sólo pidieron una parte se les pueda cobrar la diferencia entre lo solicitado y el arancel de referencia. Para los primeros cuatro deciles, en tanto, el cobro podrá ser mayor bajo ciertos parámetros y a un 100% durante los años que el estudiante exceda de la duración real de la carrera.
Por su parte, Eduardo Cornejo (UDI) pretende eliminar el artículo referido a la regulación de vacantes y aranceles.
Sobre la condonación, en tanto, además de la indicación del Ejecutivo que permite saldar el “cuotón” que deriva en un descuento en 12 pagos, los diputados Raphael y Rey indican que “en el caso que la persona deudora no efectúe el pago de la cuota (poscondonación inicial) que le corresponda en tiempo y forma, quedará sin efecto la condonación establecida en el artículo primero transitorio”.
Lo que sigue
Este martes recién se retomó la discusión en la comisión, donde se comenzó la votación en particular del proyecto de ley. A esta altura ya se abordó la creación del Nuevo Instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior.
La discusión seguirá el próximo martes en el Congreso, pero desde ya actores de oposición han mostrado su descontento por sentir que el Ejecutivo no ha incorporado observaciones de actores relevantes. Entendidos en el gobierno, en todo caso, insisten en que se sigue trabajando en ellas para ser consideradas en los próximos pasos legislativos, sin decidirse aún en cuál.