Camila Polizzi tiene un perfil en la plataforma de venta de contenidos Arsmate desde el 24 de enero de 2024. Allí publica videos y fotografías eróticas a las que acceden usuarios registrados por una suscripción de US$24 mensuales.
El pasado 15 de noviembre, el Juzgado de Garantía de Concepción accedió a la solicitud que hizo el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de retener los dineros obtenidos por la modelo en la plataforma, buscando asegurar el pago de los dineros presuntamente defraudados por ella.
Pedirán revocar la retención
Frente a esa medida, el abogado Pablo Ardouin, defensor de la Defensoría Penal Público que representa a Polizzi informó que decidieron solicitar que se revoque la cautelar real de retener los dineros.
“Solicitaremos la revocación de la medida cautelar decretada por dos motivos. En primer lugar, por la falta de proporcionalidad de la medida en relación al monto de lo supuestamente defraudado. Y en segundo lugar, para poder garantizar un monto mínimo que permita a doña Camila y a su familia subsistir, considerando que esta es la única fuente de sus ingresos”, explicó el letrado.
El caso Lencería
El 13 julio de 2023, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío inició una investigación de oficio por supuestas irregularidades en el traspaso de $250 millones desde el Gobierno Regional a la Fundación En Ti por un convenio de asignación directa. Se presume que la exaspirante al municipio penquista “arrendó” esa entidad para obtener recursos desde la repartición regional para proyectos cuya ejecución están en entredicho. Al justificar los gastos se presentaron boletas por compras de ropa interior, además de prendas adquiridas en prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación comenzó a ser llamada como el caso Lencería.
En el marco de esa indagatoria, Polizzi fue detenida en noviembre del año pasado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a otras cuatro personas: su expareja Sebastián Polanco, el exadministrador del Gobierno Regional (Gore) de Biobío, Rodrigo Martínez Fernández; el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña Medina, y Diego Polanco.
Tras su formalización, el Juzgado de Garantía de Concepción desestimó la medida cautelar de prisión preventiva que pidió el Ministerio Público, decretándose, su arresto domiciliario total y arraigo nacional. A los meses inició la venta de contenido erótico en la plataforma.
