Las peluquerías ilegales se han dejado ver en el Paseo Bulnes. Con mesas plegables, pisos de plástico, delantales y productos “cosméticos”, un grupo de personas se instala casi a diario a metros de La Moneda ofreciendo servicios de corte de cabello y barbería.

Este escenario ha despertado la inquietud de vecinos de la zona central de Santiago, quienes a través de redes sociales han hecho sus descargos en torno a la falta de fiscalización en la zona, lo que no solo inquieta por la falta de salubridad en el desarrollo de esta y otras actividades, sino que también por la aglomeración de gente y los problemas de seguridad que se pueden generar en uno de los paseos emblemáticos de la Región Metropolitana (RM).

Y dentro de los reclamos, muchos aluden al poder de fiscalización de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud. Y no sólo en esta temática. La proliferación de de puestos de comida rápida, cocinerías y comercio ilegal de todo tipo también hacen levantar la voz de los vecinos del barrio Meiggs, de Plaza de Armas y otras tantas zonas.

“Esta es una problemática que nos preocupa y para atenderla hemos apuntado a la realización de intervenciones serias y sostenibles en el tiempo”, dice Gonzalo Soto, seremi de Salud de la Región Metropolitana.

Soto detalla que con el fin de enfrentar esta problemática, desde mayo hasta la fecha se ha trabajado con al menos ocho comunas para detener el comercio ilegal y la venta de alimentos en la calle, aunque principalmente la labor se ha concentrado con los municipios de Estación Central y Santiago, zonas donde estos escenarios se repiten con frecuencia.

Para cumplir con el objetivo, la autoridad sanitaria comenzó un plan de coordinación con las policías y las municipalidades para realizar decomisos de alimentos en la vía pública, a través de intervenciones y operativos que se han implementado para hacer seguimiento de este problema de salud.

“Con la Municipalidad de Santiago y Estación Central vamos haciendo seguimiento de cuántos carritos vamos decomisando mensualmente. En este caso, en estos municipios son alrededor de 50 carros que estamos retirando de las calles, siendo entre siete y 10 carros diarios por cada zona. La venta de alimentos (preparados) en la calle es un problema de salud importante para la población, porque no hay resguardo ni seguridad para ellos mismos”, explicó el seremi.

La labor no ha sido sencilla, cuenta Soto. “Según lo que nos permite la ley, nosotros podemos fiscalizar e iniciar un sumario sanitario a los locales y personas que no cumplan con las medidas mínimas de salubridad en sus puestos. Pero ahí se nos presenta el problema, porque para comenzar un sumario nosotros debemos tener los datos de la persona, el carnet, nombre y dirección, pero tener esos datos de un comerciantes clandestino es casi imposible, porque ellos nunca portan sus documentos; si nos ven acercándonos con carabineros salen corriendo. Entonces, sacar este parte a la persona no es efectivo, por eso es difícil erradicar el comercio ambulante e ilegal”, sostiene.

Según el Artículo 11 del Código Sanitario, la labor fiscalizadora también es parte de los municipios involucrados, quienes deberán “proveer a la limpieza y a las condiciones de seguridad de sitios públicos, de tránsito y de recreo; recolectar, transportar y eliminar por métodos adecuados, a juicio del Servicio Nacional de Salud, las basuras, residuos y desperdicios que se depositen o produzcan en la vía urbana; velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre higiene y seguridad se establecen en la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización”, entre otras materias.

Estos puntos han sido parte de las conversaciones y planes que el seremi, Carabineros, la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial han trabajado en los últimos meses, el que tiene por objetivo reforzar “la fiscalización de cocinerías y comercio no formal para ejercer los sumarios correspondientes, persiguiendo estos ilícitos. Para ello, se han definido zonas de mayor conflicto donde se intensificarán las labores”, destacó la delegada Constanza Martínez.

Los planes consisten en fiscalizar un puesto de comida o comercio ilegal y luego se solicita la presencia de carabineros y/o el equipo de seguridad de la municipalidad, porque ellos tienen las facultades para decomisar y sacar a estas personas del sector. “Pero aún así, como Seremi no podemos hacer más, porque no contamos con protección o mayor dotación de seguridad para actuar. Muchas veces estas personas son agresivas y nos echan del sector, entonces es un escenario difícil de contener”, recalca Soto.

“Uno se acerca y, en general, comienza una estampida; de día se producen escaramuzas por parte de los comerciantes y se arrancan con sus implementos. Es complejo. Hay un problema social de base; con la pandemia el número de personas con trabajo informal ha crecido. Si uno suma las comunas de Estación Central y Santiago, uno podría hablar de más de 2.000 personas que están sumergidas en comercio ambulante. Las policías no son suficientes, no dan a basto”, recalca.

Soto insiste en que “es importante identificar las complejidades que se han presentado en algunos lugares tras los años de pandemia, donde pudimos ver un aumento en la actividad del comercio no formal en ciertos puntos de la capital. Esta es una problemática que nos preocupa y, para atenderla, hemos apuntado a la realización de intervenciones serias y sostenibles en el tiempo, como el Plan de Recuperación de Espacios Públicos, que se realizó en distintos sectores céntricos como, el barrio Meiggs, Metro de Santiago y Plaza de Maipú, gracias a la coordinación entre las policías y los gobiernos locales”, explicó.

Y con el objetivo de seguir avanzando, las autoridades sanitarias y gubernamentales lanzarán la próxima semana un plan de acción y fiscalización en el casco histórico de Santiago, Paseo Puente, Plaza de Armas y Paseo Ahumada: se instalarán dispositivos móviles en varias esquinas para establecer mecanismos de fiscalización y desde ahí trabajar en la recuperación de los espacios públicos.

“Es complejo, pero vamos a seguir trabajando para que pueda controlarse de mejor manera, para estar sistemáticamente fiscalizando a estas personas que se instalan con este tipo de comercio y se vayan retirando del lugar”, finalizó el seremi.