“Queremos insistir en la necesidad de que nuestros estudiantes sean el centro de esta conversación”, planteó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, consultado este mediodía por el paro docente que mantiene a 30 mil alumnos de colegios de Atacama sin clases.
En una actividad en la Casa Central de la Universidad de Chile, Cataldo, junto a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana; y la directora nacional de la Junta Nacional de Auxilio escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, anunciaron la extensión de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) a estudiantes que realizan su práctica profesional en época estival, para que cuenten con dicho apoyo económico.
Tras la actividad, Cataldo abordó la crisis que mantiene sin actividad en aula a 46 de los establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama.
Los docentes acusan deficiencias en la infraestructura de los colegios que impiden retomar las clases de acuerdo al cronograma propuesto por el Mineduc para iniciar el retorno el jueves 2 de noviembre.
El secretario de Estado dijo que comenzó el proceso de obras para entregar las condiciones mínimas de funcionamiento requeridas.
“Ya son muchas las escuelas que están en proceso de intervención o iniciando intervenciones. No todas van a llegar en los próximos días a estar resueltas, evidentemente, una parte importante sí; de hecho, hay algunas que están terminando entre hoy y el jueves”, aseguró.
“Es muy importante dar la señal de que en el centro está el derecho a la educación de nuestros estudiantes, de nuestros niños y niñas, y que, por tanto, el retomar las actividades pedagógicas, el poner en el centro la necesidad de no perder más tiempo respecto a la recuperación de aprendizajes también es algo central para nosotros”, dijo el ministro, indicando que los esfuerzos que están realizando apuntan a “retomar, con toda la flexibilidad que exista, las clases”.
Indicación a proyecto sobre desmunicipalización para “profundizar los ajustes y cambios”
El titular del Mineduc se refirió a la reunión que sostuvo con el Presidente Gabriel Boric y expuso que fue una “conversación profunda respecto al problema global de la Educación en Chile, no solamente respecto al caso de Atacama”.
Cataldo abordó los cuestionamientos a la implementación de la desmunicipalización que se implementa desde hace un lustro y explicó que en abril su antecesor en el cargo, Marco Antonio Ávila, presentó un proyecto “para abordar estos desafíos”. El actual ministro dijo que cuando asumió propuso a las comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados una “hoja de ruta” que considera la presentación de una indicación sustitutiva de ese proyecto antes de fin de año “para poder profundizar los ajustes y cambios que debe tener la nueva educación pública”.
Sobre las auditorías al servicio atacameño que detectaron posibles ilegalidades, la autoridad reiteró que esos antecedentes se hicieron llegar al Consejo de Defensa del Estado, Contraloría y fiscalía.
“Nuestro ánimo como gobierno, nuestra posición como Ministerio de Educación, es obviamente llegar hasta las últimas consecuencias frente a cualquier delito que se haya cometido en este proceso”, sostuvo.
“Nadie está obligado a lo imposible”
“Hay una frase que es habitual que nadie está obligado a lo imposible. Nosotros estamos poniendo todas las capacidades del ministerio a disposición de encontrar una solución. Vamos a seguir conversando todo lo que sea necesario conversar y se han iniciado las intervenciones de infraestructura en una cantidad importante de establecimientos y en los próximos días van a seguir ocurriendo”, planteó el jefe del Mineduc al ser consultado por las medidas que tomarán en caso de que los profesores no accedan a retomar sus labores.
“Esperamos que quienes tienen en las manos la decisión de retornar a clases, hagan la evaluación y tomen esa decisión. Nosotros no podemos hoy día accionar en contra de los profesores y profesoras si es que ellos no quieren volver a clases. Naturalmente, hay mecanismos y pronunciamientos de la propia Contraloría con dictámenes que señalan que cuando las clases no se realizan proceden descuentos, porque si no se está trabajando, eso puede tener consecuencias frente a las remuneraciones. Pero eso es una responsabilidad que le corresponde al sostenedor implementar, considerando que hay dictámenes de Contraloría que lo señalan de esa forma y que, además, efectivamente si eso no ocurre, puede haber juicios de cuentas o sanciones administrativas asociadas a no aplicar la normativa. Esperamos que eso no ocurra”, agregó.
“Esperamos que prime la racionalidad y se ponga en el centro a los niños y niñas, que son los más importantes en este proceso”, recalcó.