Ante la Corte Marcial llegó esta tarde el abogado Juan Carlos Manríquez para presentar un amparo a favor de su representado el general (R) Ricardo Martínez quien este miércoles renunció al cargo de comandante en Jefe del Ejército. El motivo de la acción constitucional es que el ex oficial ha visto amenazada su “libertad y seguridad” ante la eventual orden de detención que la ministra en visita Romy Rutherford podría despachar en su contra luego que este jueves no se presentara a declarar tras haber sido citado como inculpado en el denominado caso “Fraude en el Ejército”.
La acción se suma a la apelación presentada esta mañana ante la propia magistrada en que le piden reconsiderar su decisión de no aceptar que la diligencia se realice en el domicilio del retirado uniformado, tal como lo dispone la ley respecto de quienes poseen fuero. Lo mismo respecto a la determinación de que el interrogatorio no será en compañía de su abogado. De desestimarse una vez más estas solicitudes el caso será también analizado por el tribunal de alzada castrense.
En el amparo, la defensa pide a la Corte que intervenga ante la posibilidad de un arresto. “El recurso procede en concreto puesto que se ve perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual de mi representado si se dicta una orden de detención fuera de los presupuestos indicados por la Constitución, en una afectación clara al debido proceso y la igualdad de armas y libertad”, se lee en el escrito.
A juicio del abogado Manríquez para que se dicte una orden de aprehensión el oficial (R) debería haber sido notificado y apercibido personalmente y -aseguró- eso no ha ocurrido. El general (R) Martínez decidió el miércoles dejar la comandancia en Jefe cuando recibió el oficio en que la magistrada Rutherford lo citaba a declarar como inculpado en la arista “pasajes aéreos” del caso “Fraude en el Ejército”.
“En ninguna de las dos resoluciones en que se cita a mi representado a declarar, es decir la primera citación que solicita su comparecencia a declarar el día 3 de marzo de 2022 y la segunda del 2 de marzo de 2022 que resolvió la solicitud de esta defensa de modificar la fecha de citación a declarar, se ha apercibido a mi representado en cuanto a que su sola comparecencia derivaría en despachar una orden de detención”, se manifiesta en el recurso.
Asimismo, advierte que “nos enfrentamos al riesgo cierto y grave que esta orden esté siendo dictada en este momento, sin nuestro conocimiento”.
No es rebeldía
La defensa del ex número uno del Ejército asegura que lo que está haciendo su representado “no se trata de una simple rebeldía recalcitrante de un justiciable, sino de resguardar los derechos fundamentales más relevantes de una persona frente al poder punitivo que la Constitución y la ley otorgan a jueces del crimen, sin olvidar que esa facultad y esos deberes tienen límites, y el más importante es el irrestricto apego a los derechos fundamentales como lo son el debido proceso y la libertad”.
