Estado de emergencia comunal por delincuencia ¿Qué municipios lo han aplicado y para qué sirve?

Un violento intento de robo de un automóvil ocurrido la noche del miércoles 5 de marzo, frente a la Villa Frei de Ñuñoa, motivó al alcalde, Sebastián Sichel, a anunciar que implementará un estado de emergencia comunal para enfrentar la delincuencia.

Esa noche, el sargento segundo de Carabineros José Francisco Villegas terminó en riesgo vital, debiendo ser reanimado, luego de frustrar una encerrona contra tres mujeres en la intersección de Ramón Cruz con Eduardo Castillo Velasco. El uniformado volvía a su hogar al finalizar su turno. Al ver el atraco, intervino y fue baleado. Hoy se recupera en el Hospital de Carabineros, tras haber estado a un paso de la muerte.

La mañana de este jueves, debutando como ministro del Interior y Seguridad Pública y tras haber acudido al centro asistencial a conocer el estado de salud del carabinero, Álvaro Elizalde entró en una polémica con el alcalde ñuñoíno, al restarle valor a su anuncio. “No tiene fundamento en nuestro ordenamiento jurídico”, dijo, acusando a Sichel de haber hecho una propuesta “comunicacional”.

Sichel replicó, precisando que esta medida busca permitir que el municipio adquiera “en el menor tiempo posible” herramientas para la seguridad, disuasión y prevención vial. “Sabemos que no es suficiente, y esperamos que el nuevo ministro del Interior deje de actuar como un comentarista más de la contingencia y habite rápidamente el cargo. Los municipios necesitamos herramientas extraordinarias en seguridad”, recalcó.

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, entró al debate comentando que “resulta curioso que el gobierno se enfoque en cuestionar una medida que ya ha sido implementada en municipios como La Reina, La Florida y Zapallar”.

“Si bien el estado de emergencia comunal no está expresamente contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuenta con el respaldo de la Contraloría General de la República. Esta herramienta permite reasignar recursos para reforzar patrullajes preventivos, mejorar sistemas de vigilancia, instalar alarmas comunitarias y aplicar tecnología disuasiva. Es lamentable que el gobierno siga priorizando la crítica y reaccionando tarde”, señaló.

El miércoles 22 de noviembre de 2023 un vecino de La Reina disparó en las afueras de su casa a un grupo de antisociales que habían ingresado a robar a un domicilio cercano, dándole muerte a uno de ellos, un menor de 15 años de edad. El hombre quedó con arresto domiciliario.

Por esos días, una serie de hechos delictuales en la comuna motivaron al alcalde José Manuel Palacios (UDI), a decretar un estado de emergencia.

“El decreto de emergencia nos permitió agilizar procesos internos y administrativos, que en un estado normal, toma tiempo. Se puede agilizar, por ejemplo, la contratación de servicios, como implementos para protección de inspectores, arriendo de vehículos de inspectores o instalación de cámaras donde vecinos han sido víctimas de delincuencia”, explicó Palacios, a La Tercera, recordando las acciones que implementó entonces.

A días de la implementación de la medida en La Florida, Rodolfo Carter informó que también se aplicaría en La Florida, anunciando la reasignación de presupuesto para aumentar los recursos de seguridad ciudadana y la contratación de exuniformados de Carabineros y las Fuerzas Armadas.

En una entrevista en CNN Chile, pocos días antes de que dejara el cargo, el entonces contralor Jorge Bermúdez, sostuvo que “no existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad”, precisando que “los estados de excepción son los que están establecidos en la Constitución y por las causales establecidas ahí”.

Por esos días, el gobernador Claudio Orrego abogaba por un estado de excepción en la Región Metropolitana y los municipios de Zapallar y Calama emitían decretos similares a los de las comunas capitalinas.

Carter respondió al contralor Bermúdez, en una entrevista con Tele 13 Radio, manifestando que él habría esperado “más rigor” de la autoridad.

Consultado al respecto por La Tercera, el hoy exalcalde puntualizó que las municipalidades no tienen un estado de excepción constitucional de emergencia, sino que disponen una redistribución de recursos y aceleran procesos para responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad.

En esa línea, manifestó en que la crítica de Elizalde a Sichel es “malintencionada”, asegurando que en el Ejecutivo saben que no están aplicando un estado de excepción restrictivo, sino que una herramienta que “habilita procesos”.

“Sichel está haciendo lo correcto y es vergonzoso que el estreno del ministro sea tan malo”, comentó.

Carter precisó que cuando ellos aplicaron el estado de emergencia comunal descartaron incurrir en la contratación directa y las licitaciones se mantuvieron en cumplimiento de la regulación habitual.

A propósito de un requerimiento de la diputada Daniela Serrano, sobre competencia de los municipios para efectuar declaraciones de estado de emergencia comunal, la División de Gobiernos Regionales y Municipalidades Contraloría General de la República señaló en su oficio de respuesta que “que la normativa permite a las entidades edilicias ejercer funciones relacionadas con la seguridad pública de la comuna, de manera que aquellas se encuentran habilitadas para adoptar medidas referidas a dicho ámbito, siempre que ello no implique invadir las atribuciones de los organismos competentes en la materia”.

En su análisis, la entidad acota que en la normativa municipal no se advierte la existencia de una potestad que habilite a las entidades edilicias a declarar estados de emergencia como los que contempla la Constitución, precisando que el contenido de los decretos que revisaron no se refiere a ese tipo de declaración.

Respecto a los decretos de La Florida, el organismo indicó que “corresponden más bien a medidas de gestión interna para redistribuir recursos propios enfocándolos a la prevención del delito y promoción de la seguridad pública dentro de su territorio, lo que se adecua a la referida función municipal sobre la materia”.

Sobre el decreto de La Reina, se aclaró que la calificación de emergencia apuntaba a fundamentar la procedencia de una licitación privada o el trato o contratación directa, en el contexto de un proceso de contratación pública regulada, pero “en ningún caso constituye una potestad que permita a la autoridad realizar una declaración de emergencia en términos generales”.

“En lo sucesivo, las autoridades municipales deberán abstenerse de efectuar declaraciones en términos que induzcan a desvirtuar la naturaleza de los actos administrativos como los cuestionados, sin perjuicio de las demás competencias que los municipios tienen a su disposición en materia de seguridad pública”, indicó la Contraloría en su respuesta a la diputada.