Hoy los rectores del Cruch se reunieron con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas para abordar el dictamen de la Contraloría General de la República sobre la fijación de los valores de los aranceles regulados.

Ayer se conoció que el órgano contralor manifestó reparos sobre dos resoluciones exentas del Ministerio de Educación que determinan los valores regulados que regirán, a partir del 2022, a las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad y que impartan carreras de Derecho y Pedagogía. En su dictamen, del pasado 15 de octubre, el ente contralor determinó que el procedimiento para la elaboración de los decretos que fijan los aranceles para acceder a la gratuidad en estas carreras presentan falencias.

La primera falla, según el libelo, tiene que ver con el procedimiento, ya que no se proporcionaron todos los antecedentes que permitieran ejercer una efectiva participación de las instituciones de educación superior. La segunda está vinculada a la carencia de motivación del acto administrativo, lo que en sencillo apunta a que no están suficientemente fundadas las diferencias en los fondos entregados. En tercer término, la autoridad fiscalizadora también cuestionó que el Mineduc haya aunado criterios en la entrega de los recursos al evaluar carreras que no se parecen.

En ese sentido, con estos nuevos cálculos de aranceles algunas carreras se verían perjudicadas, entre las que se encuentra derecho. Por ejemplo, si una carrera como Derecho en la Universidad Austral de Chile tiene un costo para el establecimiento de $ 4 millones, y su arancel ronda los $ 3,8 millones, la asignación que fijaban las resoluciones impugnadas era de $ 2,8 millones. Esto significaba que cada alumno beneficiado con gratuidad le significa a la casa de estudios una pérdida de un millón de pesos al año. Si eso se multiplica por la cantidad de alumnos, la gratuidad es mucho más amplia en regiones y puede llegar hasta 70%. Es decir, en un grupo de 100 alumnos son $ 70 millones menos por año. En el margen de la carrera son $ 350 millones menos en régimen por los cinco años.

Tras la cita, Juan Manuel Zolezzi, rector de la Usach y vicepresidente del Consejo de Rectores señaló que “hemos planteado alternativas. Hemos ofrecido, tal como hicimos una declaración a la subsecretaría, la posibilidad trabajar o conversar sobre alguna forma de avanzar para salir del paso de la situación. El objetivo se mantiene en el sentido de que ojala se haga esto lo más apegado al proceso y la legislación vigente”.

Zolezzi explicó que “esto no pone en peligro la gratuidad bajo ningún punto de vista. Esto es una fijación de aranceles que lo que pretende es establecer es cuánto le vamos a entregar a cada universidad, a cada alumno, dependiendo de su situación socioeconómica, dependiendo del curso en que esté, de la carrera en que esté, cuánto el Estado le va a entregar, le podrá entregar más o le podrá entregar menos, pero en ningún caso está en riesgo para los estudiantes ni para los futuros o los presentes”.

Por su parte, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, sostuvo que “lo que ha habido aquí es un nuevo cálculo en aranceles en algunas carreras y lo que estamos pidiendo es que se analice lo definido en esos montos”.

“No está en juego la gratuidad de ningún estudiante, lo que está en discusión es la entrega de recursos desde el Estado a las universidades en términos de los estudiantes que tienen gratuidad, tanto gratuidad en algunas carreras como pedagogía, como derecho y después de esto está en juego el hecho de cómo se van a seguir analizando los aranceles regulados para el resto de las carreras”, sostuvo.

En ese sentido, Sánchez agregó que “lo que queremos con la subsecretaría es volver a analizar el punto. La Contraloría ha encontrado razón en varios aspectos que el Consejo de Rectores presentó y hoy día agradecemos mucho la presencia del subsecretario porque permite ponernos a trabajar en conjunto”.

“Es muy importante que se haya producido este diálogo y de aquí se abre un camino de trabajo. No podemos sacar conclusiones de esta reunión, pero lo que sí podemos ver es la apertura del subsecretario, la apertura de la Contraloría para que podamos lograr presentar una propuesta que sea consensuada y que nos deje tranquilos a todos los actores”, concluyó Sánchez.