“Se realizará una evaluación externa a la Política de Nueva Educación Pública, sobre los procesos de instalación, implementación y traspaso, identificando estándares que deberán cumplir los nuevos SLEP para realizar el correcto traspaso del servicio educativo. A partir de dicha evaluación el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública podrá proponer la suspensión total o parcial de la creación de nuevos Servicios Locales de Educación Pública”.
El protocolo de acuerdo para destrabar los recursos del Mineduc en el marco del Presupuesto 2024 establecía en uno de sus puntos la necesidad de que un agente externo a la cartera y la Dirección de Educación Pública (DEP) evaluara los avances de un sistema que hoy por hoy está cumpliendo siete años.
Dicho trabajo fue realizado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) del Instituto de Estudios Avanzados en Educación y el Centro de Sistemas Públicos (CSP) de la Facultad de Ingeniería, ambos de la Universidad de Chile, cuyos resultados fueron dados a conocer recién.
“Esta es una evaluación que se realiza por instituciones independientes, con trayectorias intachables. Esto no está hecho ni entre amigos ni entre instituciones que son subordinadas una de otra, todo lo contrario, hay prestigios que se juegan de por medio”, dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en medio del seminario “La Educación pública avanza: balance y desafíos a siete años de su promulgación”, en el cual se revisaron los principales hallazgos y recomendaciones de dicha evaluación externa, la que fue tajante en sus conclusiones: “Ni en la enorme cantidad de actores educacionales consultados ni en el equipo de investigación a cargo existe duda sobre la total conveniencia de continuar el traspaso de servicios educacionales públicos a los SLEP. Asimismo, existe la convicción de que, enfrentando los problemas acá descritos, la Nueva Educación Pública (NEP) podrá cumplir su promesa: mejorar la calidad, equidad y cobertura de la educación pública chilena”.
Dentro de las mismas conclusiones, el informe dice que esta nueva administración ha “logrado sortear problemas iniciales y comienza a mostrar frutos, tanto cualitativos como cuantitativos, sumado a que existe un generalizado consenso entre los actores entrevistados acerca de la superioridad institucional de la reforma respecto del sistema municipal anterior”, y que no fue el propósito del estudio evaluar globalmente la reforma ni identificar todos sus avances. “Más bien, se ha puesto énfasis en identificar las dificultades que ha enfrentado, tratando de precisar los nudos críticos que deben mejorarse para continuar avanzando y consolidar el cambio a la NEP, así como alimentar el proceso de definición de “estándares” y criterios que deben irse satisfaciendo en el proceso de implementación de los SLEP, para evitar la repetición de casos críticos y mejorar la calidad general de la implementación de la reforma”.
En tal sentido, la evaluación se basó en seis dimensiones: política, normativa e institucional; administrativa y financiera; recursos humanos; infraestructura y equipamiento; educativa; y participación y territorio. Para cada una de ellas hay conclusiones, así como al final se da paso a recomendaciones.
Para la dimensión política, normativa e institucional, uno de los hallazgos “más consistentes y significativos” del estudio fue la dificultad que el nuevo sistema ha encontrado para obtener la “cooperación eficaz de los municipios en el proceso de transición y garantizar una gestión educacional municipal responsable hasta el último minuto anterior al traspaso del servicio educativo”. Las consecuencias de esta situación, se añade, se expresan virtualmente en todas las dimensiones del proceso de cambio. “Resulta evidente que los instrumentos utilizados hasta el momento para incentivar dicha cooperación han sido insuficientes y, en muchos casos, derechamente ineficaces”.
Asimismo, dentro de otras cosas se da cuenta que a los problemas heredados de los diversos municipios ya traspasados, se suman las “desconfianzas y temores” de muchos actores locales producto de la falta de información y del negativo efecto que ha tenido el caso Atacama en términos de diseminar cierto temor entre las comunidades escolares.
En la dimensión administrativa y financiera, se identificaron retrasos o lentitud en procesos importantes, como disponer de instalaciones físicas, medios de transporte, y personal básico para comenzar a funcionar en el territorio. Y que una vez instalados, “los equipos profesionales se conforman muy lentamente y los procesos administrativos no han contado con suficientes protocolos, procedimientos y soporte informático estandarizados que permitan al SLEP no partir de cero”, lo que se complementa con la limitación en la calidad de la información (desde los municipios) con la que cuenta el SLEP para iniciar su gestión.
En cuanto a lo financiero, dice el informe, si bien tiene presupuesto directo del tesoro público, “también asume reglas, restricciones y procedimientos de la gestión pública, algunos de los cuales parecieran no estar siendo todo lo facilitadores que se requiere”. Ahí se identifican varios problemas particulares.
Sobre la dimensión de recursos humanos y a pesar de que el calendario de traspasos se ha ido extendiendo, la investigación advierte que “aún se considera que los procesos de conformación de los cargos directivos y equipos continúa concretándose con menos anticipación de la necesaria”. Este y otros problemas de nombramientos generan retrasos en procesos clave, problemas de ejecución del presupuesto y dificultad para ir creando una cultura organizacional. Acá también se identificó como problema la sobredotación heredada de la administración municipal, y la deficiente información sobre ellos.
Mientras, las conclusiones señalan que la dimensión de infraestructura y equipamiento “ha sido un proceso enormemente difícil para los SLEP”, por una serie de problemas, como los errores en los inventarios que proveen los municipios, el estado de los bienes y su valorización. “Una vez producido el traspaso, los problemas de infraestructura y el equipamiento de los establecimientos han sido de los asuntos más delicados que han debido enfrentar los SLEP”, se concluye, aunque también se observa una mejora en la ejecución de proyectos de inversión en los SLEP de las cohortes más antiguas.
La dimensión educativa, en tanto, señala que los SLEP han buscado mejorar la calidad educativa de sus territorios, pero que han tenido dificultades para concentrar sus esfuerzos y recursos en mejorar procesos propios de la educación por los problemas de traspaso e instalación.
Finalmente, la dimensión de participación y territorio tiene como aspecto positivo “para todos los actores entrevistados, el énfasis que otorga el Sistema de Educación Pública a la participación y a la vinculación territorial en la gobernanza de los SLEP”. Esto, sin embargo, es diferente en cada territorio por la cultura de participación que existía previamente y la voluntad de los directores ejecutivos para organizar esta tarea.
Recomendaciones
La evaluación externa del CIAE, además, hace 10 recomendaciones al proceso.
Entre ellas se cuenta mejorar “significativamente” la cooperación de los municipios. “Se recomienda que los planes y convenios de transición sean reforzados en sus componentes, detalles y obligaciones, y transformados en obligatorios para todos los municipios, incluyendo sanciones efectivas en caso de incumplimiento, como se propone en el proyecto de ley actualmente en discusión en el Congreso”, así como un mayor rol de la DEP para el levantamiento previo de información sobre los territorios.
Además, se propone fortalecer el apoyo central y local en la instalación de los SLEP. Acá se señala que los actores entrevistados tienden a coincidir en la necesidad de una DEP más proactiva, así como que se percibe un “limitado” involucramiento del Mineduc en los territorios y una falta de coordinación entre distintos servicios públicos. “Aunque estas dos situaciones han ido mejorando en el último tiempo, todavía queda muchísimo espacio para seguir fortaleciendo el acompañamiento a los nuevos SLEP”. Por eso se sugiere fortalecer a la DEP.
Por otro lado, se propone mejorar el diseño estratégico y el modelo de gestión de los SLEP, apuntando a un modelo de gestión más claro y apropiado, con sistemas administrativos, financieros y de control de gestión desarrollados centralizadamente. Asimismo, se recomienda acelerar la selección y nombramiento de primeros y segundos niveles jerárquicos de los SLEP; revisar los criterios para la estimación de las dotaciones de personal; definir con claridad los docentes y asistentes de la educación necesarios en los establecimientos educativos; avanzar hacia un plan nacional de infraestructura educativa pública; fortalecer el trabajo técnico-educativo; mejorar la participación de los diversos actores locales; y crear una nueva etapa de transición de la implementación de los SLEP.
