Fue una dura batalla que libró en tribunales el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Y es que desde hace años el organismo exigía a las autoridades de gobierno que se realizaran los esfuerzos necesarios para trasladar urnas a las cárceles para así permitir que aquellas personas que han sido privados de libertad, pero que no han perdido su derecho a voto, pudieran participar de los comicios. Este 4 de septiembre este anhelo se volvió realidad y durante la jornada del plebiscito constitucional se espera que voten 889 imputados en todo el país.
La directora (i) del INDH, Consuelo Contreras, ha estado monitoreando lo que ocurre en los principales recintos penales en que se está llevando a cabo los sufragios y en ese sentido sostuvo que “tenemos el rol de monitorear el pleno ejercicio de los derechos humanos en Chile y nos hemos desplegado por 13 centros penales a lo largo de Chile, para constatar que los internos habilitados para sufragar en el presente plebiscito constitucional, puedan ejercer su derecho a voto sin problemas, tal como lo ha dispuesto el Servicio Electoral”.
Junto con esto expresó que “como Instituto valoramos esta instancia ya que es la primera vez en la historia del país que se habilitan mesas electorales en cárceles, lo que es sin duda un gran avance para que las personas privadas de libertad puedan sentirse integrados, gracias al ejercicio de su derecho a la participación ciudadana”.
Al interior de la ExPenitenciaría, Santiago Uno, la Cárcel de Mujeres de San Miguel y los otros once recintos penales en que hay instaladas urnas quienes ejercen como vocales también son internos.
En ese sentido recordó que fue en 2016 y 2017 cuando presentaron los primeros recursos de protección para que se instalaran mesas electorales en centros de privación de libertad. “En términos judiciales algunos de los recursos fueron acogidos, ordenando a las cortes en su momento a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el derecho a voto, pero eso no se llevó a cabo. Es por eso que como INDH valoramos esta instancia y esperamos que, en adelante, todos los procesos electorales incluyan a las personas privadas de libertad porque es una forma de fortalecer la integración y la democracia en el país”.
Están habilitadas en esta jornada aquellas personas privadas de libertad que no cumplen penas aflictivas, es decir que han cometido delitos de baja gravedad con penas menores a tres años, muchas de las cuales se encuentran en prisión preventiva o que sus condenas serán bajas.
Quienes también han fijado domicilio para votar en la cárcel son gendarmes y funcionarios de los mismos penales.