Una serie de diligencias encomendó la fiscal Centro Norte, Giovanna Herrera, a los efectivos del OS-7 de Carabineros que trabajan en la investigación que el Ministerio Público lleva en torno a los negocios entre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), la empresa Best Quality SPA y la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Se trata de tareas de investigación que van desde la ubicación de imputados, toma de declaraciones al denominado “círculo de hierro” del edil, hasta la revisión contable de Achifarp ¿Por qué Carabineros? Porque es esta unidad policial la que indaga casos en que se pesquisan delitos asociados al lavado de activos. Tal como lo adelantó La Tercera, este jueves 27 de julio se terminaba el plazo de seis meses en que la indagatoria estaba bajo reserva para todos los intervinientes: incluso la defensa del jefe comunal. Sin embargo, invocando la legislación sobre blanqueo de capitales, la fiscal Giovanna Herrera decidió renovar el secreto del caso. De esta forma, el Ministerio Público podrá seguir desarrollando pesquisas junto al equipo policial asignado para tales fines.
En las últimas semanas, comentan fuentes de la investigación, la Fiscalía Centro Norte sumó nuevos delitos en torno a la investigación contra Jadue, pues además del cohecho por el que se le imputará, también se han abierto aristas por ilícitos de fraude al Fisco y lavado de activos. La causa, que en diciembre del año pasado quedó en reserva, entró en una etapa clave en que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) analiza querellarse contra el militante PC, y el equipo investigativo trabaja a paso raudo para la formalización del jefe comunal y representante de Achifarp.
Aunque en un comienzo la formalización estaba planificada para pedirla durante las últimas semanas de julio, la decisión se postergó, pero no de manera antojadiza, sino porque surgieron más antecedentes y se retrasaron diligencias que se pensaban de más fácil concreción. Una de las que obligó a replantear los pasos fue el sumario de Contraloría. El 18 de julio La Tercera PM publicó algunas de las conclusiones del informe del ente contralor en que se levantó cargos contra el alcalde por “faltas a la probidad”, cuestionando el manejo de los dineros de la municipalidad y Achifarp.
Otro elemento que se consideró para renovar el secreto de la investigación es la aparición de nuevos testimonios sobre eventuales maniobras para ocultar el origen ilícito de dineros fiscales, por lo que la fiscal Herrera y su equipo pretenden mantener por algunas semanas más la causa bajo secreto. Ni siquiera el propio Comité Penal del CDE ha podido acceder a estas piezas investigativas que tramita el OS-7 de Carabineros.
Refuerzos de Contraloría
Uno de los cargos que se levantó tras el sumario a las “Farmacias Populares” dice relación con la celebración de convenios ilegales con los municipios de Recoleta y Paillaco, además del Servicio Nacional de la Discapacidad. Según la fiscalización, estos acuerdos irregulares involucran $ 613 millones de recursos fiscales y en ellos las autoridades eludieron la Ley N° 19.886 sobre bases de contratos administrativos del Estado.
Otro antecedente se refiere a la “nula” existencia de rendiciones de cuentas de los recursos municipales traspasados a Achifarp y desórdenes en la documentación que sustenta los supuestos gastos rendidos por el organismo. De hecho, en la auditoría, Contraloría advirtió que no había respaldo financiero y que la asociación “no puso a disposición los antecedentes relativos a procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”.
Esto último hizo que la Fiscalía pusiera, además, su foco investigativo en estos episodios, ordenando el análisis de la contabilidad de la Asociación y haciendo cruces de los estados de cuentas del organismo que sustentaba la venta de medicamentos a bajo costo bajo el alero del municipio.
Por lo mismo, el ente persecutor decidió solicitar la información recabada por Contraloría y también el sumario. La fiscal Herrera además solicitará refuerzos desde Contraloría para apoyar las pesquisas y así establecer un equipo de trabajo en conjunto entre Carabineros con los abogados de Teatinos 56.
Una de las diligencias pendientes es ubicar a parte del “círculo de hierro” de Jadue. Uno de estos blancos investigativos, según comentan fuentes del caso, registra hasta cinco domicilios y hasta ahora no ha podido ser hallado. Se trata de un hombre que prestaba servicios para Recoleta y, además, era el encargado de llevar a cabo los registros contables de Archifarp.
Quienes han podido conocer las diligencias de la fiscal Herrera y su equipo aseguran, tal como lo publicó La Tercera Sábado hace 13 días de que la solicitud de formalización contra Jadue por el delito de cohecho, ya es un hecho. Sólo que ahora al sumar nuevos eventuales delitos -lavado y fraude al fisco- se prevé que se solicite la imputación de cargos al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago en las próximas semanas.
Consultada la Fiscalía Centro Norte, su equipo de comunicaciones se limitó a informar que ”siguen las diligencias y que la causa está con reserva”.
