“Favelización”: la problemática que entorpece el combate del crimen organizado

En junio de 2022 la Fiscalía de Arica, en coordinación con la PDI, concretó el despliegue operativo de una investigación que tenía en la mira a la temida banda Los Gallegos, célula del Tren de Aragua en Chile. De acuerdo a indagaciones previas, sabían que su modus operandi incluía el uso de amenazas, de extorsiones y el infundir terror en la población, por lo que el personal destinado llegó preparado para encontrar a su paso no solo armas y droga, sino que también pruebas de la violencia con la que actuaban.

Y tras allanar 23 precarios inmuebles en el sector de Cerro Chuño, comprobaron esa hipótesis. Además de lograr la detención de 11 sujetos, incautar marihuana, una granada y armas de grueso calibre, identificaron una “casa de torturas” y un cadáver que permanecía enterrado. Meses más tarde, en mayo de 2023, la historia se repitió. Detectives de la Brigada Antinarcóticos y de la Brigada de Homicidios de la PDI encontraron otros dos cuerpos que habían sido enterrados a un metro y medio de profundidad y tapados con concreto.

La situación se consideró alarmante. Sin embargo, como desde hace meses venía alertando el fiscal regional Mario Carrera, estas son precisamente la formas que utiliza dicha facción para enviar señales tanto a bandas rivales como a sus mismos integrantes, ya que si alguno se aleja de los lineamientos establecidos, esa es la suerte a la que se exponen.

Pero, además, esta situación es una muestra de que tales estructuras, compuestas principalmente por extranjeros que ingresan al país de manera irregular, se establecen en estos asentamientos precarios y comienzan a hacer modificaciones territoriales para, de alguna manera, ocultar su accionar a las autoridades. Se alejan de los centros urbanos, optan por los campamentos y replican el modelo de las favelas, que se encuentran en distintas ciudades de Brasil.

Como detalla Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Armas y Personas, de Homicidio y Lavado de Activos asociado (UCOD) de la Fiscalía Nacional, desde hace un par de años vienen notando que los brazos operativos de estas organizaciones, como medida de seguridad, se ubican en campamentos, conectan varias de las viviendas entre sí, crean túneles para el ocultamiento de sustancias ilícitas y armamento, y también establecen recintos de detención para los secuestros que concretan.

Pero no es lo único. Según explica el profesional, estos grupos suelen ir construyendo dichas viviendas hacia las zonas más altas, haciendo los caminos más estrechos, con miras a impedir el paso de vehículos y así entrampar el tránsito de las policías. Los obligan, de cierta forma, a entrar a pie, lo que hace el operativo menos expedito y más riesgoso. Les permite a las bandas, por otro lado, tener más tiempo para huir, puesto que hay “soldados” en las zonas más bajas que avisan de cualquier movimiento.

Esto se ha notado, según lo expuesto por Castillo, principalmente en Arica, Iquique, Antofagasta y Valparaíso.

“No es que esto paralice la acción penal, pero la forma en que se han ido generando arquitectónicamente estos espacios, sí complejiza las operaciones. Se dificulta la identificación de las personas, el poder detectar sus operaciones y eso da una mayor sensación de impunidad y de que el Estado está ausente. La ‘favelización’ que estamos viendo hay que enfrentarla y el Estado se tiene que hacer presente y demostrar que tiene el control de todos sus territorios”, comenta al respecto.

Una de las ciudades con mayor cantidad de campamentos es Antofagasta y, como detalla el fiscal regional Juan Castro Bekios, los fenómenos migratorios que enfrenta el país han generado un creciente aumento de los mismos. Y si bien es claro en sostener que no todas las familias que ahí se ubican incurren en ilícitos, sí reconoce que estas zonas les son favorables a estructuras criminales y el Ministerio Público encuentra contratiempos para actuar.

“Cuando uno va a hacer diligencias, por las condiciones geográficas, los accesos son el primer problema. Los vehículos solo llegan hasta el inicio del campamento, entonces no se pueden desarrollar de manera normal las labores preventivas en materia de seguridad pública, lo que deja que las agrupaciones criminales vayan controlando estos territorios”, sostiene el persecutor.

La unión de las viviendas, agrega, permite a imputados darse a la fuga con facilidad, ya que cuesta percibir los movimientos que pueden estar realizando al interior de los mismos y se desconoce la distribución que tienen las estructuras. Además, como en muchas ocasiones mantienen a sus vecinos bajo amenaza, ellos también tienen temor de entregar mayores antecedentes. A esto se suma que las organizaciones suelen cubrir las viviendas con mallas para dificultar pericias aéreas y cuentan con tecnología para detectar la presencia policial, como drones.

“Esta ‘favelización’ les permite tener un lugar ‘seguro’. Tienen la protección de los miembros de la organización, tienen la protección muchas veces de las propias personas que viven allí, que evidentemente permanecen intimidadas; armas y tecnología. Entonces, tenemos personas con órdenes de detención vigente que están ocultas en este tipo de asentamientos, lo que es un gran desafío tanto para la Fiscalía como para el Estado en su conjunto, que tiene que hacerse presente”, manifiesta Castro Bekios, insistiendo en que igualmente se están realizando todos los operativos que sean necesarios para combatir el fenómeno.

En el mismo sentido, su par de Arica, Mario Carrera, también admite que la distribución de las viviendas les complejiza las labores para pedir órdenes de entrada y registro, ya que cuesta tener claridad respecto de los lugares específicos en que se encontrará material probatorio o a los mismos imputados. Por lo mismo, comenta, han debido hacer solicitudes georreferenciando los puntos a intervenir.

“Vemos que estas viviendas se construyen como verdaderos laberintos, con un gran número de salidas, lo que es un problema no solo para identificarlos, sino que también complica las labores de las policías. Esto nos obliga a hacer planificaciones mucho mayores, porque no sabemos con qué se van a encontrar los funcionarios, lo que los pone en riesgo, porque incluso hay hasta granadas que pueden ser posicionadas como trampas”, señala el fiscal regional.

Se han encontrado, menciona, “con las denominadas caletas, que son perforaciones u hoyos donde esconden drogas, armas y municiones. Son verdaderos subterráneos bastante amplios, donde esconden sus cosas y bastante dinero. Sobre esos a veces solo disponen un colchón y pernoctan. Las personas que ahí viven lo hacen en condiciones de miseria, porque son los últimos en la cadena”.

Pese a esto, y aunque coincide en que se trata de un fenómeno complejo, Carrera resalta que en el caso de Arica han podido tomar control y descarta que haya zonas donde no estén pudiendo ingresar, como sí lo vivieron en 2021 y 2022, cuando enfrentaron un escenario más álgido y tuvieron dificultades de cobertura territorial.

Con todo, las distintas autoridades insisten en que la recuperación de estos espacios es lo esencial y que no claudicarán en las investigaciones y acciones necesarias para erradicar a estas bandas. Aquello, como subrayan, aunque las estrategias de intervención tengan que ser rediseñadas las veces que sea necesario.

“Si tenemos sospechas de que se está cometiendo un secuestro en alguno de estos lugares, o antecedentes de que hay un acopio de armas o de droga, nosotros tenemos que hacer lo necesario para restablecer el Estado del derecho, ejerciendo la acción penal. No debe haber nunca en nuestro país un lugar donde el Estado no pueda llegar y eso significa que las fuerzas policiales deben acceder, y para eso estamos trabajando permanentemente”, remarca Ignacio Castillo.