En el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en el edificio del Centro de Justicia capitalino, se desarrolló la audiencia de comunicación de veredicto en el caso por la desaparición y muerte de Fernanda Maciel.

“El caso que ha correspondido conocer a este tribunal, es uno de extrema y brutal violencia contra la mujer”, señaló el veredicto.

Felipe Andrés Rojas Lobos, el único imputado en la investigación fue declarado culpable de los delitos de violación con homicidio y aborto. El martes 25 de abril, a las 13.00 horas, se dará a conocer la sentencia. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte pide que se le imponga la pena de presidio perpetuo calificado, la más alta en la legislación chilena. En el juicio se acreditó que el acusado actuó con alevosía, a traición y sobre seguro, agravante que será considerada en el momento de fijar la pena.

El sábado 10 de febrero de 2018 se perdió el rastro de la joven que presentaba un embarazo de siete meses. Sus restos y el del bebé que esperaba fueron encontrados enterrados en una bodega cercana a su hogar en Conchalí, luego de una búsqueda de 500 días. El testimonio de una joven de iniciales N.H.Z., expareja de Rojas, fue clave para que se concretara ese hallazgo en una indagatoria que había tenido varios desaciertos. El lugar había sido revisado por Carabineros cinco veces antes de que finalmente fuera encontrado el cuerpo.

En la audiencia de este martes se detallaron los últimos minutos de vida de la joven antes de ser estrangulada por el asesino. Los jueces hicieron hincapié en que, pese a la alta exposición pública del caso, su decisión se basó exclusivamente en la evidencia dada a conocer durante el juicio. Respecto a los delitos de inhumación ilegal y hurto simple, por los que Rojas fue también formalizado, el tribunal decidió desestimar esas imputaciones. Tampoco se acogió la presentación de los querellantes que imputaban al acusado el delito de secuestro.

Polémica investigación

“Surgen algunas dudas sobre el tiempo transcurrido, el lugar donde se ha encontrado a la víctima, si podría ser eso con anticipación y eso lo tiene que contestar y responder la fiscalía”, señaló el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, ante las críticas por el tiempo en que la investigación tardó en obtener un resultado. “No hubo ni un solo momento en que el Ministerio Público dejara de tener interés en la investigación”, replicó en su momento Jorge Abbott, cuando encabezaba la Fiscalía Nacional.

Según informes emanados desde la Policía de Investigaciones, se trabajaron ocho hipótesis en torno a la desaparición de la joven de 21 años: abandono voluntario, secuestro, muerte natural, muerte accidental, participación de terceros (móvil pasional, ligado al narcotráfico y otro asociado a la figura de Felipe Rojas) y conducta autodestructiva (suicidio). La PDI y Carabineros terminaron enfrentándose en forma soterrada por definir qué institución descifró el caso.

Maciel trabajaba como mesera en un local del aeropuerto de Santiago. Primero se apuntó a un taxista que la trasladaba frecuentemente a controles médicos, pero luego de ser ubicado por Carabineros en El Quisco, el hombre negó su participación en el caso. Luego surgieron sospechas sobre la pareja de la joven, Luis Pettersem. Carabineros investigó su casa y encontró una pared de doble fondo. “Quiero que sepan que yo no la maté (...) lo único que quiero es que termine esto para encontrar a mi hija, a Fernanda y limpiar mi imagen”, dijo Pettersem en noviembre de 2018.

Tras el hallazgo de sus restos en la bodega de Carpas Totomax, en calle Llaima, Fernanda Maciel recién pudo ser sepultada en enero de 2020, casi dos años después de su desaparición.

“Los hechos que se adjudican en este juicio precisamente revelan que la condición de mujer de la víctima ha sido una determinante en los delitos perpetrados en su contra, pues la propia dinámica de un caso que por demasiado tiempo estuvo abierto en su fase inicial debido a las dificultades de una investigación –por diversos motivos- de indubitada lentitud, unida a las publicitadas y sesgadas conjeturas que en un comienzo se hicieron a través de los medios, y que incluso pudieron en un principio permear la investigación, acerca de lo que había ocurrido con Fernanda Maciel y su vida, ninguna de las cuales resultó demostrada en juicio y que, en cualquier caso, no guardan relación con los hechos que el tribunal estaba llamado a tener por establecidos o desestimados, revelando una dimensión de lo que se viene explicando que sólo agrava la violencia ya circunscrita a los hechos contenidos en la acusación estatal”, señaló el veredicto del tribunal, integrado por el juez presidente de la sala Raúl Díaz Manosalva, la jueza Gloria Canales Abarca y el juez Eduardo Gallardo.

El vecino

Pese a que guardó silencio durante el juicio iniciado el 6 de marzo, Rojas utilizó la instancia de réplica que le brindaron los jueces en el último día de audiencias este lunes.

“Sé que no existe forma de reparar el daño causado a la familia de ella y la mía. Me disculpo públicamente por todo lo que han tenido que pasar”, declaró.

18 días después de la desaparición de la víctima, funcionarios del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (Sebv) de Carabineros acudieron hasta su trabajo ya que era la última persona del entorno cercano a Fernanda Maciel que la había visto con vida. El sujeto vivía en una casa contigua a la de la joven y la conocía hace una década. “Soy amigo de Fernanda Maciel hace 10 años, cuando ella llegó a vivir a la comuna, ya que soy vecino de ella, pero en algún momento nos alejamos”, señaló en su primera declaración, la que luego habría modificado y entrado en contradicciones.

El sujeto, que en 2014 y 2018 fue denunciado por dos exparejas por presunta violencia intrafamiliar, fue formalizado en junio de 2019 por el homicidio de su vecina y desde entonces permanecía en prisión preventiva.

El Ministerio Público presentó diversa evidencia en el juicio, que va desde el relato de 58 testigos, 41 peritos, además de diversos documentos y prueba material.

Rojas enterró el cuerpo de la joven en la bodega de una empresa dedicada al entelado para eventos, ubicada en calle Llaima con Puntiagudo, en Conchalí, cerca de donde la víctima vivía junto a su madre.

En diciembre de 2020, en el marco de una restitución del crimen que se desarrolló durante tres horas y que encabezó la persecutora Patricia Varas, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Rojas, según Pedro Díaz, abogado de la familia Maciel Correa, confesó su autoría del crimen.

“Él comenzó relatando cómo ambos quedaron de acuerdo para juntarse en la bodega. Luego dijo que se sentaron, conversaron y fumaron un pito de marihuana”, afirmó Díaz, explicando que cuando la joven se quiso ir, Rojas la agarró del cuello provocando su desmayo. Tras eso, la arrastró hacia el interior de la bodega.

“Confesó que la acostó entre sacos, le subió el vestido y le desgarró la ropa interior, para luego proceder a violarla. Mientras lo hacía, Rojas dijo que Fernanda estaba inconsciente”, indicó el abogado querellante.

El imputado también sostuvo que, cuando terminó, le amarró los brazos a su víctima y la introdujo en un saco que envolvió con telas. El cuerpo fue enterrado en ese lugar, a 70 centímetros de profundidad, según la confesión del homicida, usando cloro, insecticida y cal. Al día siguiente, Rojas regresó con cemento para tapar la fosa que había cavado. Grabaciones de cámaras de seguridad lo registraron trasladando un saco de cemento en bicicleta.

Además, formateó el celular de la víctima y lo vendió en el persa de Zapadores el mismo día de los hechos.