Fin al secreto Valech y peticiones a las FF.AA.: las expectativas de familiares de víctimas de DD.HH. ante Plan Nacional de Búsqueda

Este miércoles 30 de agosto, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, tendrá lugar la ceremonia en que el Presidente Gabriel Boric firmará el decreto supremo que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda, para su implementación. Esto, luego de un trabajo que se extendió por más de ocho meses y que incluyó la realización de 67 encuentros de familiares y organizaciones de víctimas de la dictadura cívico militar de todo el país.

“La verdad debe enfrentar a la mentira, la memoria tiene que hacerse cargo del olvido y la virtud de la justicia debe impedir la impunidad, estos tres elementos son claves para el Plan Nacional de Búsqueda”, comentó el ministro de Justicia, Luis Cordero, luego de que el Comité Interministerial de Derechos Humanos aprobara la propuesta de la nueva política pública.

En el hito de hoy, se espera que las autoridades entreguen detalles generales de la iniciativa, pero como ya han destacado desde Justicia, el objetivo central es “esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”. Y de ahí que uno de los ejes sea reconstruir las trayectorias de las víctimas, “incluyendo su detención y secuestro hasta su destino final”.

Aquello es altamente valorado entre las organizaciones que seguirán atentas la ceremonia que se desarrollará en la Plaza de la Constitución, pues sostienen que esta será la primera vez que el Estado reconocerá su responsabilidad en los crímenes cometidos a partir del golpe de 1973. Sin embargo, las representantes no dan cheques en blanco. Hay “esperanza”, recalcan, pero también esperan acciones concretas y resultados.

“50 años es mucho tiempo. Nosotros llevamos toda una vida de lucha. Nos han cerrado las puertas, hemos vuelto a insistir, una y otra vez, y ya no se puede soportar más”, comentó al respecto Flor Lazo, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de Paine, cuyo padre y dos hermanos fueron detenidos la madrugada del 16 de octubre de 1973 por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, y no aparecieron más.

Respecto del anuncio, Lazo plantea en que creado este plan, se debe avanzar, a modo de complemento pero de manera prioritaria, en el levantamiento del secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas en el marco de las Comisiones Valech I y II, además de formalizar solicitudes de la documentación de interés a las a las Fuerzas Armadas para incorporarlas al Catastro Nacional de Archivos y a la base interoperable que la iniciativa contempla.

De hecho, ambas ideas son parte de las medidas que plantearon organizaciones en el marco de los encuentros participativos organizados por el Ministerio de Justicia y que están contenidas en el resumen ejecutivo de los mismos.

Para la diputada Lorena Pizarro (PC), histórica dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, estas acciones son de primera importancia. “El Plan de Búsqueda nos tiene que permitir, entre otras cosas, conocer el nombre de los responsables. La transición pactada se encargó de reseñar el nombre de las víctimas, pero nunca el nombre de los victimarios. Pero cuando hay personas que fueron perseguidas por el sólo hecho de pensar distinto, hombre y mujeres luchadores que resistieron a una dictadura, se debe establecer quiénes fueron los responsables del exterminio”, manifestó, agregando que ella misma, durante 2022, fue una de la patrocinantes de un proyecto de ley que buscaba reconocer el carácter público de dichos antecedentes.

Recordó, además, que cuando el Presidente Boric era diputado, junto a otros parlamentarios, también presentó una moción en ese sentido, por lo que esperan que ahora mantenga esa postura.

Respecto de antecedentes que las Fuerzas Armadas podrían aportar, Lazo también complementó: “Las Fuerzas Armadas tienen que decir dónde asesinaron a nuestros familiares y dónde están, porque después, con el “retiro de televisores” movieron los restos. ¿Y dónde están? Ellos son responsables y alguien tiene que decir qué pasó”.

En medio de los diálogos, además, los familiares y agrupaciones destacaron la importancia de establecer un mecanismo estandarizado para la incorporación de víctimas de la dictadura a una Nómina Única Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada, así como también la denuncia de los casos respectivos ante el Ministerio Público.

Igualmente, relevaron la necesidad de crear un Catastro Nacional Georreferenciado de Sitios de Interés para la búsqueda de detenidos desaparecidos o de ejecutados cuyos cuerpos no hayan sido encontrados. Esto, como se ha dicho, en base al cruce de documentación, testimonios y causas judiciales.

Además, con miras a las labores de localización, exhumación, identificación, restitución y entrega de osamentas de personas víctimas de desaparición forzada, las agrupaciones plantearon como necesario la concreción de “todas las pericias pertinentes y disponibles para la identificación de la totalidad de las osamentas custodiadas por el SML” y que no han sido periciadas a la fecha. Y la certificación internacional de los procesos que lleva adelante dicha institución.

“Nosotros llevamos 50 años buscando y resulta que hay cajas en el SML que ni habían sido revisadas. Eso es una vergüenza, es desidia del Estado contra nuestras familias, que siempre hemos estado golpeando puertas. Tienen que empezar a trabajar en la identificación de esos cuerpos, porque nuestros familiares pueden estar ahí”, comentó en ese sentido Flor Lazo.

De ser incluidos estos y otros puntos por parte del Ejecutivo, es importante considerar, se comenzarían a implementar una vez formalizado el Plan Nacional de Búsqueda y de acuerdo con el cronograma que deberá fijarse.