En la sede del Gobierno Regional Metropolitano en calle Bandera, el gobernador Claudio Orrego sostuvo la tarde de este miércoles una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para entregar su apoyo a la institución y buscar líneas de acción en conjunto que permitan mejorar la seguridad de la ciudadanía.
Tras el encuentro, ambas autoridades sostuvieron un diálogo con la prensa para entregar detalles de la cita en que Valencia presentó al gobernador un proyecto de innovación que apunta al fortalecimiento de la capacidad de análisis de datos de la entidad persecutora y al desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial.
Bajo ese marco, Valencia fue consultado por el criterio definido por el Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva de todos los extranjeros que sean detenidos y que no puedan acreditar su identidad, una política que partió en la Región Metropolitana y que ahora aplican todos los fiscales del país.
“Respecto de la existencia de algunas resoluciones puntuales y aisladas que no han acogido el planteamiento de los fiscales, afortunadamente la mayor parte de las resoluciones y las sentencias han acogido nuestros planteamientos, porque justamente se ajustan a derecho. En aquellas ocasiones en las que eso no sido acogido los fiscales han apelado, tenemos una gran cantidad de sentencias que han acogido este planteamiento en las cortes de apelaciones y se ha producido un debate interesante desde el punto de vista jurídico”, comentó el jefe de la Fiscalía Nacional.
Valencia recordó, que a excepción de casos en los que existen tratados especiales, como con Argentina y Uruguay, que permiten a sus ciudadanos exhibir la cédula identificatoria de sus países, en Chile “el documento para identificar a un extranjero es su pasaporte” que además debe estar enrolado en los sistemas nacionales.
“Ha habido consideración de que nuestro planteamiento es un planteamiento de sentido común y que se ajusta estrictamente a la ley. Los tribunales han ido acogiendo nuestros planteamientos”, señaló.
“Vamos a seguir haciéndolo, porque vamos a seguir velando por la seguridad ciudadana en Chile. No es razonable que en Chile sea más exigente entrar al estadio a ver un partido de fútbol que quedar sujeto a un proceso penal”, agregó.
