Tras la muerte del suboficial mayor Daniel Palma, el pasado 6 de abril, el fiscal nacional, Ángel Valencia, convocó a los persecutores regionales de la Región Metropolitana para analizar medidas urgentes por lo que fue el tercer homicidio a un funcionario de Carabineros en menos de un mes.
Esa jornada, tras el encuentro de Valencia con los fiscales regionales metropolitanos Javier Armendáriz, de la zona Centro Norte; José Luis Pérez, de la zona Occidente; Héctor Barros, de la zona Sur y Lorena Parra de la zona Oriente, se anunció que pedirían la prisión preventiva para todos los extranjeros que sean detenidos y no cuenten con cédula nacional de identidad, hasta que se pueda comprobar su identidad efectiva.
“Todos los fiscales de la Región Metropolitana van a solicitar que aquellos imputados extranjeros que sean detenidos cuya identidad no haya podido ser establecida por medios nacionales de manera fehaciente, se mantengan en prisión preventiva hasta que se pueda establecer su identidad y puedan cumplir con las obligaciones nacionales en materia de enrolamiento”, explicó entonces el fiscal Valencia.
Este lunes, se informó desde el Ministerio Público que ese criterio será aplicado en todo el territorio nacional.
“El Fiscal Nacional informó esta mañana al Consejo General de Fiscales Regionales la extensión a todo el país del criterio de actuación relativo a solicitar prisión preventiva en caso de personas detenidas cuya identidad no pueda ser corroborada”, señaló el Ministerio Público en su cuenta oficial en Twitter.
