Fiscalía confirma que formalizará a Catalina Pérez por fraude al Fisco

Un año y medio fue el tiempo que requirió la Fiscalía Regional de Antofagasta para concluir que las implicancias del caso Democracia Viva incluían gestiones realizadas por la diputada Catalina Pérez.

Luego de analizar el resultado de centenares de diligencias y tomar decenas de declaraciones, como comenta el fiscal regional Juan Castro Bekios a La Tercera, se llegó a la conclusión de que tenían elementos “suficientes y serios” para avanzar en una solicitud de desafuero a su respecto ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

“El Ministerio Público cuando hace una solicitud de esta naturaleza, en este caso una solicitud de desafuero, la hace sólo en la medida en que tiene los antecedentes suficientes y serios para sustentar una petición de esta naturaleza y que en este caso será conocida por la Ilustrísima Corte de Apelaciones”, manifestó el persecutor a este medio.

Consultado respecto de los delitos por los que se busca encausar a la parlamentaria, Castro Bekios es claro, la solicitud de desafuero fue por fraude al Fisco.

“La solicitud de desafuero se hace por delito de fraude al Fisco. Y lo que hay que tener presente respecto de esta solicitud de desafuero o de otras solicitudes de desafuero es que si se pide por un determinado delito, yo no puedo luego proceder por otro delito”, especificó el persecutor.

Lo que viene ahora, como indicó, es que el tribunal de alzada dé curso a la petición y fije audiencia para conocer las alegaciones de las partes y así tomar una determinación. En caso de ser favorable el resultado para la Fiscalía, y que se conceda el desafuero, la defensa de Pérez podría apelar.

En esta nueva etapa, a pesar de que desde el Ministerio Público han sido herméticos en el asunto, habrían resultado claves los informes evacuados por la PDI que vendrían a complementar la pericia al celular de Daniel Andrade, que arrojó que la diputada tenía conocimiento de los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Pese a la convicción que expresa el fiscal Castro Bekios respecto de los antecedentes recabados, tanto la defensa de Catalina Pérez como la de Daniel Andrade manifiestan que ella no tuvo injerencia en los convenios suscritos.

“La diputada no tuvo ninguna participación en eventuales ilícitos y hemos colaborado aportando todos los antecedentes que dan cuenta de eso. Aunque es una acción injustificada, será mediante el proceso de desafuero que finalmente se concluirá este asunto, para la diputada demostrar su total inocencia”, dijo Gonzalo Medina, representante de la ex RD.

Ignacio Figueroa, quien encabeza la defensa de Andrade, en tanto, indicó: “El caso de Democracia Viva es un caso inflado. No hay delito. Se gastaron adecuadamente los fondos recibidos y el actuar de los intervinientes fue adecuado. En los WhatsApp extraídos del celular de Daniel Andrade, más que lo que se dice, importa lo que no se dice”.