En medio del paro de profesores en la Región de Atacama, que mantiene a 46 establecimientos educacionales y 30 mil alumnos sin clases, la fiscalía de Copiapó abrió una investigación por presuntos delitos económicos en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la zona, cuyos antecedentes fueron levantados por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

La semana pasada, Cataldo sostuvo que tenía pocas dudas de que hubiera corrupción en el SLEP de Atacama “porque los informes de auditoría que se hicieron por el propio Ministerio de Educación, y que a mí me tocó ponerle los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público y también a la Contraloría para buscar las consecuencias civiles, penales y administrativas, dan cuenta de ello”. Y añadió: “También instruimos una auditoría forense para poder identificar responsabilidades individuales, vamos a llegar a las últimas consecuencias”.

El ministro sostenía, además, que “los antecedentes de las auditorías señalan que hay irregularidades graves”, pero “la determinación de si esto constituye corrupción es algo que los órganos pertinentes tienen que evaluar (...)”. Y eso es lo que investigará el Ministerio Público.

“Se recepcionó un informe del Ministerio de Educación junto con un informe final de la Contraloría General de la República. Con aquellos antecedentes, fundados también con antecedentes anexos -financieros y del SLEP- se efectuó una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI”, señaló el fiscal adjunto e Copiapó, Luis Miranda Flores.

El persecutor agregó que “se ha requerido información al Mineduc, también a la Contraloría respecto de los cuadernos de trabajo y anexos, a fin de poder determinar la existencia de un delito y la participación de imputados en cuanto al hecho que nos convoca”.

Miranda añadió que también se ofició al Consejo de Defensa del Estado, el que “en su calidad de interviniente determinará o no la posibilidad de presentar una querella en esta causa”.

Resultado de la auditoría

En la auditoría a la que tuvo acceso La Tercera -realizada entre el 7 de abril y 30 de junio de 2022- y cuyos resultados se conocieron en julio del año pasado, se da cuenta que luego del primer año de gestión del SLEP de Atacama ya existían problemas en el proceso financiero contable, de baja ejecución presupuestaria, en los bienes de uso, en la rendición de cuentas, en recursos humanos y en otros procesos.

En tal sentido, ahí ya se informaba, por ejemplo, de “falta de control de los traspasos de recursos entre cuentas corrientes”. Y se ahondaba: “Durante el año 2021 se realizaron traspasos de recursos entre cuentas corrientes que alcanzan $65.726.472.000, constatándose falencias en el control de los montos transferidos, toda vez que existen recursos traspasados entre cuentas corrientes que tienen diferentes objetivos, lo que dificulta llevar un control irrestricto de los gastos efectuados con los recursos de subvenciones a fondos con fines especiales”. Esto fue catalogado como un “sistema de control interno insatisfactorio”, lo que “podría generar una eventual desviación de fondos e incumplimientos de la normativa vigente”.

Lo anterior, señala el informe, “podría implicar algún tipo de responsabilidad administrativa o penal, debido a que existen recursos que están destinados exclusivamente a financiar programas con fines específicos y la falta de control podría generar la desviación de los recursos”.