El pasado viernes, la autoridad máxima del Ministerio Público, Ángel Valencia, abrió de oficio una investigación penal para analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas bajo el contexto del estallido social y que cuentan con antecedentes penales. Para dicha tarea, designó al fiscal regional occidente Marcos Pastén Campos, quien durante la mañana de este miércoles dio a conocer sus primeras instrucciones para llevar a cabo la investigación.
“Hemos adoptado una serie de decisiones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. En primer término, hemos mantenido reuniones con los equipos de la Fiscalía Nacional, la Unidad Especializada Anticorrupción”, comenzó diciendo Pastén.
En ese sentido, señaló que en modo de apoyo a la investigación, ha decidido designar a dos fiscales, uno con especialidad en delitos funcionarios y corrupción, y el segundo en delitos económicos indistintamente de la Fiscalía Local de Maipú y Pudahuel. Este equipo, además recibirá la ayuda de los equipos técnicos de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional y de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional.
Pasten, a su vez, indicó que ha “solicitado a la Policía de Investigación la conformación de un equipo de la Brigada Anticorrupción Metropolitano para la investigación y la realización de determinadas diligencias”.
En esa línea, sostuvo que “hemos dispuesto ya las diligencias destinadas al esclarecimiento de estos hechos, y con ello poder ir determinando las posibles participaciones que en estos, si es que correspondiese, pudiésemos determinar”.
