Desde que empezaron las cuarentenas y toques de queda por la pandemia se han descubierto cuatro fiestas clandestinas de alta convocatoria en la Región Metropolitana: dos en Santiago Centro, una en Recoleta y una en un galpón en Maipú. En total, suman cerca de 530 asistentes, de los cuales se ha detenido a 80 y, de ellos, se ha formalizado a 38 personas.
El caso de Maipú es el que ha causado más revuelvo por la cantidad de asistentes, ya que llegaron cerca de 400 personas. Había “botellas con alcohol, amplificación de sonidos, parlantes, iluminación y un guardia que se preocuparía de la seguridad del evento. Tuvo lugar el 2 de mayo, desde las 22.00, concurriendo entre 300 y 400 personas, permitiendo el imputado su ingreso”, dijo el fiscal Paul Martinson en la formalización.
En la audiencia señaló que nadie estaba con mascarillas y que la fiesta duró hasta las 2.00, cuando entraron carabineros y escaparon los asistentes.
El único que fue detenido esa vez fue su organizador, quien “obtuvo ganancias por alrededor de $ 990 mil”, indicó Martinson. Se trata de Patricio Salazar Castañeda (45), formalizado por cuatro presuntos delitos contra la salud pública y para quien la Fiscalía Occidente está preparando la acusación y evalúa pedir 541 días de cárcel.
“El Ministerio Público está próximo a cerrar la investigación y consecuentemente a acusar, solicitando una pena privativa de libertad por delitos reiterados contra la salud pública”, dijo el fiscal jefe de Maipú, Luis Pablo Cortés. Esta será la primera acusación que se presente en contra de un organizador de fiesta clandestina durante la pandemia.
Cerrada la investigación en contra de Salazar, la fiscalía continuará con otra indagatoria en contra del resto de los asistentes al evento.
Aparte de la fiesta en Maipú, la Fiscalía Centro Norte ya acumula un total de 79 imputados por delitos contra la salud pública por los otros tres eventos clandestinos en la capital. Las causas se encuentran en investigación y, pese a que muchos ya están identificados, no todos han sido formalizados y hoy se encuentran apercibidos por la fiscalía, a la espera de citación.
Uno de esos casos ocurrió a las 2.40 del 23 de mayo, en una casa ubicada en la calle Copiapó, en el centro de Santiago, en la que había 60 personas aproximadamente. Cuando Carabineros entró al lugar, encontró 144 botellas de cervezas, equipos de amplificación musical, una tornamesa y documentación de cobro de ticket. Al igual que en la fiesta en Maipú, la mayoría escapó.
De los 29 detenidos, la fiscalía formalizó a Alejandro Carbajal Moncada (presunto organizador), Alexis Cruz Santiesteban y Daniel Rojas Díaz por infracción al Artículo 318 del Código Penal. Aparte de los tres formalizados, 26 imputados quedaron apercibidos por el Ministerio Público.
Luego, en la medianoche del 31 de mayo se registró otra fiesta en la que había cerca de 20 asistentes en un departamento ubicado en el Portal Fernández Concha, en Plaza de Armas. Había un DJ con un tornamesa, luces y alcohol. Fueron formalizadas tres personas y otros 16 imputados quedaron apercibidos a espera de citación de la fiscalía.
El último caso ocurrió el 21 de junio, cuando cerca de la 1.00, por orden del juez del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Pedro Advis, la policía entró a una casa ubicada en la calle Río de Janeiro, en Recoleta. Según la fiscalía, había cerca de 50 personas participando en un festejo que incluía música envasada y en vivo (con instrumentos musicales), tarima y consumo de bebidas alcohólicas. El ingreso era controlado por guardia y cámaras de seguridad. Nadie tenía permiso temporal que lo autorizara a estar ahí. Cerca de 20 personas escaparon por los techos. Sin embargo, esta vez, a diferencia de las ocasiones anteriores, los 31 detenidos fueron formalizados. “El Ministerio Público pidió prisión preventiva para dos imputados que tenían antecedentes penales (Paul Romero Arce y Roberto Albornoz Sanabaria), pero el tribunal les dio arresto domiciliario parcial y total, respectivamente”.
“Estas personas enfrentarán un tipo penal que ha sido modificado por la ley, con una penalidad mayor para quienes organicen fiestas”, dijo la jefa de la Fiscalía de Flagrancia Centro Norte, Macarena Cañas.
Se refiere a la ley promulgada el jueves pasado, que modifica el Artículo 318 del Código Penal y endurece sanciones. Así, quienes pongan en peligro la salud pública arriesgan penas que pueden llegar a los cinco años y multas de hasta $ 10 millones. También se contemplan agravantes, como convocar a “espectáculos o celebraciones” prohibidas durante la pandemia.
