La Fiscalía Regional de Coquimbo emitió una declaración este jueves a propósito de la causa por el delito de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias en que se investiga a la Fundación Procultura y que fue asignada al actual fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti.
Esto, coincidiendo con el reportaje de radio Bío-Bío en el que se da cuenta de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que advierte presuntos traspasos que Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel habría realizado a la fundación durante la campaña presidencial en 2021.
En enero de 2022 Irina Karamanos anunciaba que asumiría el rol de primera dama “con el compromiso de reformularlo”. Entonces, desarrollaba funciones en la Fundación Procultura, una institución sin fines de lucro que se fundó en 2009 bajo el objetivo de “generar oportunidades de desarrollo en territorios aislados -o con dificultades- que precaricen el bienestar de sus habitantes y su arraigo territorial”. En noviembre de 2023, la entidad anunciaba su cierra, en medio de la investigación por los líos de platas en convenios por $3 mil millones.
Investigación se desarrolla en ocho regiones
La causa de Procultura se asignó al fiscal Cooper Monti el pasado 26 de junio 2024 y la Fiscalía Regional de Coquimbo ha formado un equipo preferente constituido por tres fiscales adjuntos, tres abogados asistentes y dos analistas criminales, que trabajan coordinados con la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones.
Se trata del mismo equipo policial que trabajó junto al fiscal que llevó las diligencias con anterioridad, “para darle continuidad a la investigación y el desarrollo oportuno de las diligencias”, explican.
“La Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó a la Fiscalía Nacional recursos adicionales para el desarrollo de las labores de investigación, los cuales fueron concedidos para la contratación de dos abogados y para cubrir diversas operaciones logísticas. Cabe recordar que la presente causa se encuentra vigente y se extiende con diligencias en ocho regiones del país”, indicó la entidad persecutora.
Se han recibido siete querellas criminales a la fecha y se han ordenado 29 diligencias a la BRIAC -entre instrucciones particulares, órdenes de investigar y oficios de requerimiento de información-, 15 solicitudes a distintos tribunales de garantía, 14 requerimientos de información a entidades privadas y la toma de múltiples declaraciones en presencia de las fiscales del caso.
Investigarán filtración
En el comunicado indican que el articulo 31 de la Ley 19.913 sobre lavado de activos, refiere le reserva del contenido de las diligencias de investigación. En la causa de Procultura hay diligencias pendientes, por lo que “para garantizar su realización y no su entorpecimiento, la Fiscalía Regional de Coquimbo no se referirá públicamente a éstas ni a su desarrollo”, precisaron.
En conformidad a la establecido en el inciso final de la norma referida, que sanciona penalmente la entrega o difusión antecedentes de cualquier naturaleza con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, la entidad persecutora decidió “abrir de oficio una causa respecto a la filtración de la investigación advertida en diversos medios de prensa con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad penal que pudieran tener los presuntos responsables, independiente de su condición”.
“La Fiscalía Regional de Coquimbo hace presente que los avances de una investigación penal compleja como la referida a fraude al fisco, lavado activos y tráfico de influencias, no pueden ser interferidos por intereses que no dicen relación con los aspectos técnicas de la causa y que en definitiva responden a otras contingencias”, sostienen.
