Fiscalía revela que recibió el lunes el audio de conversación entre abogados investigados por soborno y jueza les negó el primer allanamiento a oficina de Hermosilla

En 48 horas, luego de que estallara el caso en que se indagan eventuales sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero, el Ministerio Público allanó el domicilio del empresario Daniel Sauer, la oficina del abogado Luis Hermosilla, tomó declaración a María Leonarda Villalobos y reunió antecedentes desde el SII. Para los investigadores, la evidencia está resguardada.

Así lo aseguró la tarde del jueves, la jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, quien reveló un importante antecedente en la indagatoria, hasta esa jornada, desconocido. “El día lunes en horas de la tarde, uno de los fiscales recibió un audio de una hora y media en donde se ve una conversación donde está Luis Hermosilla, Daniel Sauer y María Villalobos en donde se dice que existe soborno respecto de ciertos funcionarios públicos del SII y de la CMF. Por lo tanto, con ello el día martes se abre una causa de oficio por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y posteriormente esto también se realiza un reportaje que ya conocen”, señaló.

Pero la abogada también detalló que la Fiscalía estaba por allanar los domicilios de los tres imputados Hermosilla, Sauer y Villalobos, sin embargo, esta diligencia se vio frustrada el martes en la noche, cuando la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, rechazó darle autorización al ente persecutor para allanar las casas de Hermosilla y Villalobos.

“El martes en la noche se pide una orden de entrada y registro e incautación de los tres domicilios de los imputado. El Cuarto Juzgado sólo accedió respecto de Daniel Sauer”, dijo Valdés. ¿Qué pasó? Según explicaron fuentes del caso, la magistrada pidió fundamentar de mejor manera esta diligencia por tratarse de abogados, quienes están resguardados bajo el secreto profesional, así como también todos sus medios de comunicación.

El allanamiento a Hermosilla, finalmente, se realizó el miércoles, luego de que la Fiscalía repusiera la solicitud y, además, precisara que fuera en su “domicilio laboral”, es decir, en su oficina, ubicada en Alonso de Córdova, en Vitacura. A esas alturas, además, los fiscales ya contaban con la extensa declaración que entregó en el Ministerio Público Leonarda Villalobos.

Desde la oficina de Hermosilla, los efectivos del OS-7 de Carabineros se llevaron un laptop, computadores y un teléfono celular, los cuales serán sometidos a un peritaje para rescatar todos los archivos desde estos dispositivos, siempre y cuando sean relevantes para la indagatoria.

Además, los investigadores pidieron al SII poder ingresar a sus dependencias ubicadas en Teatinos 120, a lo cual el Servicio accedió de manera voluntaria. La policía y los fiscales llegaron pasadas las 15.00 de la tarde y se retiraron con una serie de antecedentes, cerca de las 17.30 de la tarde.

Otra de las diligencias que marcaron la jornada fue la segunda toma de declaración de la abogada Villalobos, quien estaría amparándose en una estrategia judicial que apunta a la “cooperación eficaz” y así poder acceder a una rebaja de penas, en el caso de que el caso avance a un juicio oral. Todo esto, creen en la causa, con el conocimiento que tiene su defensa sobre la nueva Ley de Delitos Económicos.

El 17 de agosto se publicó en el Diario Oficial la Ley de Delitos Económicos, tras una larga discusión en el Congreso. La norma fue celebrada como un nuevo marco jurídico para castigar de manera más severa los denominados ilícitos de “cuello y corbata” y, hoy, tres meses después, su aplicación podría ser clave en el escándalo que remece al mundo judicial.

En esta legislación se contempla la “cooperación eficaz”, la cual señala en su artículo N° 64 que “se entiende por ella el suministro de datos o informaciones precisos, verídicos y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos, o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito”.

Además, se consigna que “si el Ministerio Público pidiera el reconocimiento de la atenuante de cooperación eficaz en su formalización o en su escrito de acusación, y ella fuere procedente conforme al inciso primero, el juez estará obligado a reconocerla. El Ministerio Público podrá celebrar acuerdos vinculantes con el cooperador que reconozcan la atenuante en cuestión”.

Es por esta línea que Leonarda Villalobos estaría explorando, más cuando la reunión en cuestión con Hermosilla y Sauer ocurrió durante la tercera semana de junio; es decir, antes de entrada en vigencia la nueva norma. Sin embargo, al tratarse de una legislación que beneficia a quien estaría aportando información, la ley sí podría ser retroactiva.

Eso sí, las penas que se arriesgan son bajo el marco jurídico antiguo, ya que los hechos investigados son anteriores a la entrada en vigencia de la ley que eleva las penas por delitos vinculados a corrupción.

Por dónde caminará el caso de aquí en adelante dependerá -advierten quienes conocen las pesquisas- de lo que se encuentre en los antecedentes aportados por el SII y la CMF como, por ejemplo, el nombre de los supuestos sobornados, si hubo o no consecuencias por las conversaciones de Villalobos y si se detecta el pago de coimas. Lo cierto es que eso no será sencillo, ni menos, rápido.